Modelo para armar…
Las dos semanas iniciales del presidente Mauricio Macrì
permiten apreciar algunas características de la primera administración de la
derecha argentina que no se inicia por la fuerza de las armas. Esta diferencia
en la legitimidad de origen no prejuzga sobre la legitimidad de ejercicio, pero
obliga a la mayor cautela a la hora de discernir de qué clase de gobierno se
trata.
© Escrito por Horacio Verbitsky el domingo
27/12/2015 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
La simultaneidad entre la eliminación o rebaja de las retenciones a las
exportaciones agropecuarias y la devaluación de la moneda, con la designación
de Alberto Manguel como director de la Biblioteca Nacional describe los
términos de una contradicción que no admite simplismos interpretativos. En la
historia de las devaluaciones argentinas, las retenciones actuaron como moderador
del vértigo distributivo, ejemplificado en la que dispuso Juan Carlos Onganía
hace casi medio siglo. Si la apreciación del dólar mejoraba el resultado para
los exportadores, la quita de una porción significativa por el Estado impedía
que ese maná se concentrara en tan pocas manos y al mismo tiempo mejoraba la
recaudación fiscal y con ella la capacidad regulatoria estatal. Alinear a ambos
factores en la misma dirección no tiene precedentes. Y el nombramiento de
Manguel, allí donde imperaron Moreno, Groussac, Borges y González, es una
exquisitez de las que tampoco abundan en el pasado nacional, que trajinó más
medianías.
Otro tanto podría
decirse acerca de la decisión de volver a endeudar al país por un procedimiento
de sofisticada ingeniería financiera, al mismo tiempo que se emitió la
felicitación presidencial el día en que se creyó que había sido hallada Clara
Anahí Mariani, cuya abuela Chicha, de 92 años, es uno de los grandes emblemas
de la lucha por la reparación del daño causado por la última dictadura cívico
militar. Esta discordia también se manifiesta entre la respetuosa escucha a un
grupo de escritores y cientistas sociales, con bondadosas solicitudes de
restaurar la armonía y el respeto entre quienes sustentan posiciones distintas,
y las actitudes profanatorias de sitios y sentimientos ajenos, como el baile en
el balcón de Perón y Evita y el paseo del perro presidencial en los patios
desde los cuales la militancia juvenil escuchaba los mensajes de CFK. El colmo
de esta duplicidad se expresó entre la argumentación en defensa de los
opositores al presidente Nicolás Maduro en la República Bolivariana de
Venezuela y los disparos con postas de goma, apuntados por encima de la
cintura, sin excluir el rostro, de los trabajadores de la fallida empresa
Cresta Roja. Sólo el gobierno de la Alianza comenzó peor, con los asesinatos en
el puente General Belgrano de Corrientes, presagio de su espantoso final con
decenas de muertos en todo el país.
No sólo por la vía
de acceso al poder, esto difiere del 66, con la aversión a cualquier forma de
pluralismo y diversidad y la policía de las costumbres que extraía maridos
infieles de los hoteles alojamiento y los entregaba abochornados al hogar,
medía el largo de las faldas de las mujeres y recortaba la melena de los
hombres, como le ocurrió al pintor y abogado Ernesto Deira. Tampoco hay punto
de comparación con el 76, donde las peores atrocidades se cometieron en nombre
del Occidente cristiano, con sables decorativos bendecidos por el Vicariato
Castrense que invisibilizaban el arma de elección de la guerra sucia, que era
la picana eléctrica. Tiene, sí, algunos ecos del 55, con la declaración de que
no habría vencedores ni vencidos del austero general Eduardo Lonardi que
cuarenta días después fue desplazado por el general Pedro Aramburu y sus
veleidades de modernidad liberal. Las visiones sobre aquel periodo expresadas
por Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche son incompatibles con las
consignadas en obras más recientes por Rosendo Fraga y Rodolfo Pandolfi. Cada uno
vio una parte de la ecuación y ninguno faltó a la verdad. Aquellos fueron años
de intolerancia absoluta ante la otredad política, prohibida aún en sus
manifestaciones más ingenuas, como el nombre de sus líderes y sus símbolos
ceremoniales, por no hablar de la represión despiadada y sin ley contra
trabajadores fusilados en un basural. Todo ello al servicio de un plan
económico que volvió a uncir al país a la rueda del interés compuesto (como
escribió Scalabrini al referirse al primer empréstito con la banca inglesa de
los hermanos Baring) y lo sometió a las reglas del Fondo Monetario
Internacional. Pero también florecieron la cultura y la ciencia, el cine
conoció su época de oro, Buenos Aires se llenó de teatros, lo cual con los años
la llevaría a ser un fenómeno mundial sólo equiparable con Berlín y Nueva York,
y hasta el jazz despuntó en los escenarios y las grabaciones, con grandes
figuras, como el Mono Villegas y El Gato Barbieri.
De regreso al
presente, la fusilada contra los trabajadores de Cresta Roja coexiste con la
negociación encaminada por el ministro de Trabajo Jorge Triaca (h) para
preservar el empleo y brindar un alivio de fin de año a los trabajadores y con
la designación como secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos
Aires de Santiago Cantón, ex secretario general de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos. La flamante gobernadora María Eugenia Vidal declaró la
emergencia penitenciaria pero confirmó al máximo responsable de la situación
calamitosa de las cárceles bonaerenses, César Albarracín, viceministro durante
la inolvidable gestión del alcaide mayor Ricardo Casal. La emergencia es el
preámbulo a un festival de compras y contrataciones sin control. También fue
confirmado el Subsecretario de Planificación del Ministerio de Seguridad,
Fernando Jantus de Estrada, de quien depende la Oficina Provincial para la
Gestión de Seguridad Privada, un tesoro recaudatorio por derecha y por
izquierda. Los amarillos han dejado en sus puestos a muchos funcionarios
designados por el ex gobernador Daniel Scioli, salvo en las áreas de
administración y personal. Tanta amabilidad provoca suspicacias. A un
Subsecretario le pueden caer bien seis directores, pero no todos. Habrá que
esperar a marzo para entender si esto sólo refleja la carencia de gente propia
para cubrir en forma simultánea tantas posiciones o si sólo aprovecha el
conocimiento de los antecesores para hacer pie en terreno desconocido, antes de
ocuparlo con propia tropa.
La herencia
Ningún gobierno
recibió el país en mejores condiciones socioeconómicas y de mayor fragilidad
institucional. Nunca en dos siglos de historia independiente la deuda en
divisas con acreedores privados extranjeros había equivalido apenas a la
producción bruta del país en un mes. Esto brinda al macrismo condiciones
excepcionales para obtener financiamiento externo, que el ministro Alfonso De
Prat-Gay está decidido a explotar al máximo. Un cuestionamiento que se formuló
a la política seguida desde 2005 fue el reemplazo de una deuda por otra. El
ejemplo es la letra por 10.000 millones de dólares que el Tesoro entregó en
2006 al Banco Central, a cambio de las divisas con las que se canceló la deuda
con el Fondo Monetario Internacional. Ese documento, intransferible según su
propia denominación, será objeto de la creatividad financiera del nuevo
gobierno. A su vencimiento no será reemplazado por otra letra sino por nuevas
emisiones de bonos, que a su vez serán ofrecidos como garantía para un crédito
externo. Este pase de magia permitirá convertir deuda intrasector público,
renovable por la mera voluntad, en potencial deuda externa. El crédito, en
principio de 6000 millones de dólares pero ampliable en tramos sucesivos
provendrá de un consorcio de bancos internacionales encabezado por el HSBC, aún
bajo investigación judicial por el delito de lavado de dinero, igual que el
ministro. De Prat-Gay también anunció que esa prestidigitación se aplicaría al
total de las letras intransferibles que atesora el Banco Central, y que
decuplican el monto de la primera etapa del inminente nuevo endeudamiento. Algo
similar puede decirse de la situación social, con los niveles de desempleo más
bajos en tres décadas y la cobertura previsional más extensa que se recuerde.
Esto blinda al gobierno y difiere para mucho más adelante las peores consecuencias
para la ocupación y el salario de una política destinada a beneficiar al sector
financiero, la construcción (en la que basan su fortuna el presidente, su
familia y sus amigos) y la agroindustria. Muy por el contrario, el oficialismo
padece una situación de extrema debilidad en el Congreso de la Nación, lo cual
explica la decisión de circunvalarlo y gobernar por decreto, al menos hasta que
explore la posibilidad de entendimientos con otras fuerzas como paliativo a
tanto desmedro, a favor de la luna de miel con la sociedad en sus primeros cien
días de gracia.
Ni necesidad ni urgencia
Hasta ahora se las
ha ingeniado para eludir la reiteración de decretos de necesidad y urgencia,
explorando resquicios de la interpretación constitucional, para lo cual cuenta
con expertos en la escuela más tradicional del derecho administrativo, aquella
que se enseña en la Universidad Austral, del Opus Dei, con el manual de Miguel
Marienhoff, uno de los intelectuales que hace un cuarto de siglo fundamentó las
leyes de excepción que utilizó el menemismo para desguazar el Estado. Buenos
ejemplos fueron los dos decretos simples con los que Macrì intentó colar por la
ventana de la Corte Suprema de Justicia a dos jueces y dejar de lado las leyes
audiovisual y digital. De necesidad y urgencia fue el decreto que modificó la
ley de ministerios, subordinando al ministerio de Comunicación ambas
autoridades regulatorias. Pero la intervención de la Afsca y la paralización de
sus actividades se realizaron por un decreto simple. La explicación pública del
ministro Oscar Aguad fue tan brutal como corresponde a un conservador radical
de Córdoba: dijo que ninguna ley podía limitar la libertad de acción
presidencial. El propio Macrì dejó saber que no reconoce límites, cuando dijo
que no asignaba valor a la medida cautelar del juez Alejo Ramos Padilla contra
el nombramiento de los jueces en comisión. Aguad señaló al desplazado Martín
Sabbatella como un militante político. Pero en su lugar no envió a un técnico
sino a uno de los más belicosos militantes del PRO, quien se destacó como autor
de algunos de los tweets más soeces contra la ex presidente Cristina Fernández
de Kirchner. El decreto 236/15 no sólo desplazó a Sabbatella sin seguir el
mecanismo legal para su remoción que requiere una mayoría calificada en el
Consejo Federal y garantiza el derecho de defensa. La misma suerte corrieron el
directorio, con representación de las tres fuerzas políticas con mayor
representación parlamentaria y el propio Consejo Federal, integrado por
representantes de los gobiernos provinciales, los medios públicos, privados y
sin fines de lucro, las universidades, las gestoras de derechos, los
trabajadores organizados del sector y los pueblos originarios. El miércoles el
edificio amaneció rodeado de policías, sin que hubiera orden o causa, dado que
el decreto no fue publicado en el Boletín Oficial ni hubo notificación alguna a
la Afsca hasta las 10.30 de la mañana. Vías de hecho y abuso de la fuerza
pública, que Aguad hizo explícitos en su desatinada conferencia de prensa.
A confesión de parte
La decisión del
juez federal Julián Ercolini que ordenó el desplazamiento de todas esas
autoridades asombra por su pobreza argumental. Luego de narrar que Agustín
Garzón se presentó para denunciar que Sabbatella desconocía el decreto y que
había manifestantes en la puerta del organismo, confiesa que “no posee
jurisdicción para realizar una evaluación del contenido jurídico-político del
decreto mencionado, ni decidir sobre ello”, cuestión que se está tratando en un
juzgado contencioso administrativo federal. Luego de esta lisa y llana
admisión, se arroga el imperio que no tiene y decide el desalojo. En ningún
lado describe cuál sería el delito investigado, exclusiva causa que
justificaría la intervención de un juez con competencia penal. Su única
fundamentación para ordenar el allanamiento y desalojo del edificio de la calle
Suipacha fue “asegurar y preservar” los bienes muebles e inmuebles y la
documentación del organismo. Ni siquiera pudo explicar por qué estarían en
riesgo bajo la autoridad de quienes fueron designados siguiendo los mecanismos
legales vigentes. Que el gobierno nacional pretenda modificarlos no lo autoriza
a decidir como si ya lo hubiera hecho, sobre todo cuando es ostensible que no
cuenta con las fuerzas legislativas necesarias para tal mutación. Durante el
allanamiento, a instancias de la abogada Graciana Peñafort, el comisario a
cargo del operativo consultó con el juzgado quién se hacía responsable de las
actividades ordenadas por la ley, entre ellas las urgencias derivadas de
interferencias aeroportuarias. La respuesta judicial fue que quedaba suspendida
de hecho la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cosa que no formaba
parte de la denuncia.
El coronel Luis
César Perlinger, quien en 1966 desalojó con una compañía de gases al presidente
Arturo Illia de la Casa Rosada, tuvo media vida para arrepentirse. Illia le
advirtió que sus hijos se lo reprocharían. “¡Tenía tanta razón! Hace tiempo que
yo me lo reprocho”, le escribió avergonzado de sí mismo diez años después.
Larga vida al juez
Julián Ercolini.
