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jueves, 20 de febrero de 2020

Espionaje. Las Malvinas y el Plan Cóndor... @dealgunamanera...

Las Malvinas y el Plan Cóndor, en el centro de un escándalo mundial de espionaje…

Los dictadores Pinochet y Videla, entre los espiados por la CIA a través de Crypto AG.

Cómo Estados Unidos le brindaba inteligencia militar a Gran Bretaña durante el conflicto militar. Documentos secretos revelaron que 120 países contrataron las máquinas codificadoras de mensajes de Crypto, que en secreto pertenecía a la CIA y a los servicios de inteligencia alemanes.

© Escrito por Guido Vassallo el jueves 20/02/2020 7 publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos.

Una aceitada trama de espionaje permaneció oculta durante más de 50 años sin levantar sospechas. La CIA y los servicios de inteligencia de la entonces Alemania Occidental controlaban a una compañía suiza, Crypto AG, que fabricó y vendió dispositivos de encriptación de mensajes a más de 120 países. Dentro de esa larga lista se encontraba Argentina. Una extensa investigación del Washington Post , la cadena de televisión alemana ZDF y la suiza SRF reveló que las máquinas "pinchadas" de Crypto le permitieron a la CIA, entre otras cosas, seguir de cerca a las dictaduras en América Latina, y brindarle inteligencia militar a Gran Bretaña durante la guerra de Malvinas. A casi 38 años del conflicto armado, las islas volvieron a ser noticia por distintos motivos: primero, el secretario de Malvinas, Daniel Filmus, confirmó que Argentina firmará un nuevo acuerdo para continuar con los trabajos de identificación de las tumbas de soldados enterrados en el territorio, y este martes, cuatro ex militares fueron procesados por imponer torturas y estaqueamientos a soldados conscriptos, delitos calificados como de lesa humanidad. 

Pero, ¿cómo se llegó a los documentos desclasificados? "El Washington Post ha obtenido un documento aún clasificado gracias a una filtración. Se trata de una historia secreta: la llamada Operación Tesauro o Rubicón implicaba comprar y operar secretamente por la CIA y el BND (Servicio Federal de Inteligencia alemán) a Crypto AG como una empresa independiente, neutral y de alta calidad de equipos de encriptado". Así explica el mecanismo de espionaje Carlos Osorio, director del Proyecto Cono Sur del National Security Archive (NSA), que desde Washington dialogó con Página/12. 

Pero la realidad estaba lejos de esa supuesta neutralidad. "Las máquinas de Crypto AG estaban todas amañadas de manera muy sofisticada, permitiendo a las agencia de inteligencia descifrar las comunicaciones de cerca de 120 países", menciona el investigador nacido en Chile. En 1970, la CIA estadounidense junto al BND alemán se convirtieron secretamente en propietarios de Crypto AG, dato que ignoraban los estados contratantes del servicio. En esos años, la compañía vendió miles de máquinas de encriptación, llegando a facturar millones de dólares. Un negocio redondo. 

La CIA y el Plan Cóndor 

El National Security Archive con sede en Washington comparte la misma sigla con la National Security Agency estadounidense (NSA), aunque muy distintos fines. Bajo el mando de Osorio, la institución logró acceder a documentos clasificados que mencionan especialmente al espionaje sufrido por los países miembros del Plan Cóndor, con el que Argentina y otras dictaduras latinoamericanas de las décadas de los 70 y 80 pretendían eliminar a sus adversarios políticos. 

Las nuevas filtraciones presentadas por el Washington Post le permitieron al NSA retomar, y confirmar, algunas líneas de investigación previas. Los cables de la CIA a los que tuvo acceso el archivo son categóricos. 

Por ejemplo, durante la reunión inaugural del Plan Cóndor, organizada por el régimen de Augusto Pinochet en noviembre de 1975 en Santiago de Chile, los militares al mando de cinco dictaduras del continente (Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile) firmaron un acuerdo para emplear un mismo sistema de encriptado. Varios años después se supo que era el de Crypto AG.  

Cable de la CIA desclasificado por la NSA: “Sistema de Comunicaciones empleado por la Operación Cóndor.

Dicho sistema "estaría disponible para los países miembros en los siguientes 30 días, con el entendimiento de que podría ser vulnerable. Será reemplazado en el futuro por máquinas criptográficas que serán elegidas de común acuerdo", dice el documento compartido por el NSA en relación a dicha reunión. Es decir, los mismos que ofrecían las máquinas reconocían posibles fallas. 

La CIA describía a la máquina de cifrado como "similar en apariencia a una vieja caja registradora que tiene números, manijas deslizantes y un dial operado manualmente que gira después de cada entrada". Sin embargo, a fines de 1977, la bautizada Red Condortel, que permitía un contacto más fluido entre las dictaduras latinoamericanas, se actualizó con dispositivos de cifrado más modernos. Aunque los problemas lejos de disiparse se multiplicaron. 

Equipo Crypto CX-52 - Sitio web de la NSA

Un capítulo aparte dentro de esa historia de engaños y traiciones lo merece Argentina. Según los cables a los que accedió el Washington Post, en 1982 la administración de Ronald Reagan aprovechó la absoluta dependencia argentina del equipo de Crypto AG para escuchar comunicaciones privadas primero, y colaborar con los ingleses durante la trágica guerra de Malvinas después. 

"Incluso los dictadores fueron espiados en aquellos años. No me sorprende que la CIA espiara a Argentina durante la guerra de Malvinas, porque ya sabemos cómo han terminado aliados con cada régimen dictatorial en América Latina", sostiene la periodista y escritora Stella Calloni. "La información revelada por el Post dice que fue a través de Crypto AG que la CIA se enteró de todos los movimientos de Argentina durante el conflicto de Malvinas y que compartió esa información con Inglaterra. Nosotros sólo conocíamos el rumor. Hoy eso se pudo probar", agrega por su parte Osorio desde el NSA. 

La revelación hecha a casi 38 años de la guerra de Malvinas fue confirmada por la filtración de otro documento desclasificado por la NSA que incluye el agradecimiento de la por entonces primera ministra británica, Margaret Thatcher, "por la cooperación de los Estados Unidos en asuntos de Inteligencia y el uso de la isla de Ascensión", enclave fundamental para coordinar los ataques ingleses por la vía aérea. En general, los nuevos cables presentados por el Post hablan sobre la inteligencia obtenida de la operación, pero proporcionan pocos detalles sobre su contenido y cómo esa información fue utilizada. 

"El engaño funcionó"

Sorpresivamente, hubo un momento en que el gobierno de facto argentino sospechó que algo raro pasaba con sus comunicaciones. Luego del conflicto armado, Argentina descubrió una falla de seguridad en el antiguo aparato utilizado para codificar mensajes. Crypto AG envió enseguida un representante a Buenos Aires para que lograra convencer a los militares de las bondades del sistema. El elegido fue Henry Widman, un matemático de origen suizo especializado en criptología. 

"El asunto no era sencillo", destaca uno de los documentos desclasificados de la CIA. Widman sabía que los algoritmos habían sido manipulados, pero la maniobra había sido ejecutada "con una prominencia técnica" tal que garantizaba que el hackeo fuera "imposible de detectar mediante las pruebas estadísticas habituales". Los espías de la CIA celebraban las "virtudes" técnicas del sistema desarrollado por Crypto AG: "El engaño funcionó. Los argentinos tragaron con dificultad, pero continuaron comprando los equipos". 

Fragmento de uno de los documentos desclasificados por Washington Post

Con la sabiduría propia de quien invirtió décadas investigando estos temas, Calloni cree que las revelaciones del Post representan la génesis de procesos que hoy se replican en Latinoamérica, por ejemplo, bajo la figura del lawfare. "Hay nuevas tecnologías de espionaje, pero el asunto de base es el plan maestro que establece sobre nosotros el mismo esquema de guerra contrainsurgente de décadas pasadas", agrega la autora de "Evo en la mira", reeditado recientemente por Página/12. "Ellos saben conspirar muy bien y nosotros solo podemos arreglar lo que ellos rompen", observa la escritora, a medio camino entre la risa nerviosa y la resignación.



sábado, 8 de febrero de 2020

El Ejército admitió 22.000 crímenes… @dealgunamanera...

El Ejército admitió 22.000 crímenes…


Documentos desclasificados en EE.UU. revelan que los militares reconocían esa cantidad de desaparecidos hasta 1978.

© Escrito por Hugo Alconada Mon el viernes 24/03/2006 y publicado por el Diario La NAción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos.

Treinta años después del golpe militar, nuevos documentos desclasificados muestran que los militares estimaban que habían matado o hecho desaparecer a unas 22.000 personas entre 1975 y mediados de 1978, cuando aún restaban cinco años para el retorno de la democracia.

El cálculo, aportado por militares y agentes argentinos que operaban desde el Batallón 601 de Inteligencia a su par chileno Enrique Arancibia Clavel, aparece entre los documentos que logró sacar a la luz el Archivo de Seguridad Nacional de la Georgetown University, y a cuyas copias accedió La Nación.


Firmado bajo el alias "Luis Felipe Alemparte Díaz", Arancibia Clavel era el agente de la Dirección de Inteligencia chilena (DINA) en Buenos Aires, encargado de informarle a Santiago lo que ocurría en la Argentina y de coordinar secuestros con argentinos, uruguayos, paraguayos y brasileños, entre otros, en lo que se llamó Plan Cóndor.

En julio de 1978, Arancibia Clavel envió un cable a sus superiores de la DINA, con nombres de decenas de víctimas en el país y precisando que sus contactos en el Batallón 601 han "computado 22.000 entre muertos y desaparecidos", desde 1975 y hasta "el día presente", poco después del final de la Copa del Mundo.

El debate sobre cuántos murieron o desaparecieron durante la dictadura lleva años sin resolverse y despierta una controversia enconada, con cálculos que van de las 8000 a 30.000, según quién haga la cuenta.


Los organismos de derechos humanos sostienen desde hace décadas que las Fuerzas Armadas habían redactado listas con nombres y datos de todos los secuestrados, los muertos y los operativos autorizados.

Se supone que esas listas fueron destruidas antes del arribo de Raúl Alfonsín a la presidencia, aunque algunos sospechan que podrían estar intactas y escondidas, como ocurrió con los archivos de la policía de la provincia de Buenos Aires.

Arancibia Clavel, que en 2004 fue condenado por la justicia argentina a cadena perpetua por el asesinato en Buenos Aires del general chileno Carlos Prats y su pareja, redactó incluso su propia lista de muertos "oficialistas" y "no oficialistas". Es decir, los supuestamente caídos en "enfrentamientos" con las fuerzas de seguridad y los clandestinos.


"Adjunto lista de todos los muertos durante el año 1975. La lista va solamente clasificada por mes -explicó Arancibia Clavel a sus jefes-. Este trabajo se logró conseguir en el Batallón 601 de Inteligencia."

El agente incluso explicó que "estas listas corresponden a los anexos" 74.888 y 74.789 del año 1975 y consignó que "los que aparecen NN son aquellos cuerpos imposibles de identificar", los que "casi en un 100% corresponden a elementos extremistas eliminados «por izquierda» por las fuerzas de seguridad".

Entre los asesinados "por motivos políticos" aparece el dirigente uruguayo Zelmar Michelini, entre decenas de hombres y mujeres, algunos también uruguayos asilados en la Argentina y capturados bajo el Plan Cóndor. En un documento ahora desclasificado del Departamento de Defensa estadounidense, dos militares norteamericanos recopilaron datos sobre el Plan Cóndor, al que definieron como "operaciones conjuntas de contrainsurgencia en varios países de América del Sur".

Para el 1° de octubre de 1976, los dos estadounidenses reportaban al Pentágono: "Más y más se escucha sobre el Plan Cóndor en el Cono Sur. Oficiales militares que hasta el momento callaban sobre el tema han comenzado a hablar abiertamente. Una de las frases favoritas es: ?Uno de sus colegas está fuera del país porque está volando como un cóndor". Significaba que estaba en un operativo para secuestrar a un "sospechoso". 

Un plan global 

En ese mismo cable, la inteligencia estadounidense informaba que una delegación de generales argentinos, de civil, había viajado a Montevideo para coordinar operaciones, y anticipan que en una fase siguiente el plan podría extenderse a Europa.


¿Cuántos murieron o desaparecieron? "Es nuestra estimación que al menos varios miles fueron asesinados y dudamos que alguna vez sea posible establecer una cifra más específica", advirtió en 1978 a sus superiores el entonces embajador en Buenos Aires, Robert Hill.

También en 1978 otro documento del Departamento de Estado ya estimaba en 15.000 los desaparecidos, gracias al aporte de un funcionario de la embajada, Tex Harris, cuya labor sería reconocida por el Estado argentino sólo en 2004. 




jueves, 8 de marzo de 2018

Murio Reynaldo Bignone: el último de los dictadores jamás confesó sus pecados… @dealgunamanera...

Reynaldo Bignone: el último de los dictadores jamás confesó sus pecados…

Reynaldo Bignone (1928-2018) Foto: AP/DPA/NA

Represor “apacible”, defendió hasta la muerte las atrocidades de la última Dictadura militar y amnistió a sus camaradas. Su historia.

Reynaldo Benito Bignone fue el último dictador de la historia argentina y el heredero de una saga militar responsable de asesinatos, torturas y desapariciones de unos 30.000 argentinos desaparecidos. El exgeneral del Ejército gobernó el país durante al final de la dictadura, tras la Guerra de Malvinas, y fue declarado culpable del secuestro de bebés y el asesinato de docenas de opositores. Pero jamás confesó sus crímenes.

© Publicado el miércoles 07/03/2018 por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Nacido en Morón en 1928, Bignone murió este 7 de marzo en el Hospital Militar de Buenos Aires a los 89 años. Al momento de su muerte, cumplía múltiples cadenas perpetuas por abusos contra los derechos humanos derivados de su participación en la "guerra sucia" de 1973 a 1983. Falleció días después de otro general retirado, Luciano Benjamín Menéndez, quien recibió 14 penas de prisión y 12 cadenas perpetuas, más que cualquier otro líder militar de la dictadura.

En marzo de 1976, tras varios años de agitación económica y violencia por parte de grupos izquierdistas, la Junta militar se presentó como un gobierno que se encargaría de pacificar y “reorganizar” el país. Los líderes militares prometieron acabar con los subversivos, que desde principios de los ‘70 orquestaron cientos de secuestros y asesinatos de líderes empresariales y funcionarios del gobierno, y devolver la normalidad al país.

Pero la Junta Militar, dirigida por Jorge Rafael Videla, no tardó mucho en convertirse en el último “reinado del terror” de la Argentina. Los centros clandestinos de secuestro, tortura y ejecución se convirtieron en horrores comunes, y las mujeres que daban a luz en esas circunstancias a menudo eran asesinadas. Según los informes, cientos de sus hijos fueron robados y, bajo documentos falsos, entregados a familias de militares sin hijos. 

“Actos de servicio”

Reynaldo Bignone (1928-2018) Foto: AP/DPA/NA

Videla presidió gran parte de la dictadura hasta su renuncia en marzo de 1981. Bignone, retirado del Ejército, se instaló como líder de facto en 1 de julio de 1982 y su ascenso tuvo como principales oponentes a la Marina y la Fuerza Aérea. El nuevo dictador se presentó como un liberal defensor de la economía de libre mercado y los medios de comunicación, secuestrados por la Junta Militar, lo definieron como un hombre apacible”.

"Bignone viene a reparar los platos rotos después de las Malvinas", dijo hoy Carlos Osorio, director del Proyecto de Documentación del Cono Sur para el Archivo de Seguridad Nacional, un centro de investigación independiente en la Universidad George Washington (EE.UU.). "En este momento, la represión ha disminuido sustancialmente, pero la confianza en la sociedad se ha hecho añicos y tuvo que hacer la transición a un gobierno civil".

A Bignone le correspondió la tarea de dirigir un gobierno agonizante, después de la humillante derrota de la Guerra contra Gran Bretaña. A partir de entonces, la política se le fue de las manos: la inflación y la deuda externa, además de los crecientes reclamos de libertad de expresión por parte de organismos de derechos humanos y gobiernos extranjeros, llevaron a dudar de su capacidad como gobernante de facto. Además, por primera vez desde 1976, comenzaron a verse grandes manifestaciones públicas callejeras y huelgas masivas.

Durante sus últimos meses en el poder, Bignone se dedicó a preparar el retorno a la democracia, pero no sin antes firmar un decreto por el cual había que hacer desaparecer millares de documentos que podrían implicar a la Junta Militar en atrocidades y declarar una amnistía general para los oficiales que habían participado. Además, impulsó un acta por la cual se declaraba muertos a los desaparecidos y refería como "actos de servicio" los crímenes cometidos por la dictadura.

En el denominado "Documento Final sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo", Bignone negó que hubiera personas desaparecidas en lugares secretos de detención por lo que "debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nóminas de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en la clandestinidad, a los efectos jurídicos y administrativos se consideran muertos".

En su libro "El último de facto", el exgeneral justifica la destrucción de la documentación diciendo que "hubiera sido un error trágico publicar una lista de muertos. Después vendrían los interrogantes: ¿quién lo mató, dónde está el cadáver, por qué lo mataron?". Posteriormente, en los muchos juicios celebrados en su contra, defendería la actuación de las Fuerzas Armadas.

La última guerra.

Reynaldo Bignone (1928-2018) Foto: AP/DPA/NA

En 1983, el último dictador acordó con los partidos políticos el llamado a elecciones libres y democráticas para el 30 de octubre de 1983 y llevó adelante la transición. "Espero ser el último presidente de facto", había dicho Bignone poco antes de entregar la banda presidencial a Raúl Alfonsín. Terminado el acto en el Salón Blanco, Bignone se retiró pero la historia no se olvidó de él.

En 1990, Carlos Menem emitió una amnistía general que protegía a la mayoría de los líderes militares y exterroristas de la guerra sucia del enjuiciamiento por violaciones de los derechos humanos. La Corte Suprema anuló ese decreto en 2005, ya que Néstor Kirchner buscó un juicio sobre los casos de derechos humanos en la dictadura. Dos años después, Bignone fue juzgado.

El anciano fue puesto bajo arresto domiciliario y, en 2010, fue declarado culpable de violaciones de derechos humanos. Fue condenado a 25 años de prisión por su complicidad en el secuestro y asesinato de 56 detenidos en la base militar Campo de Mayo, donde fue el segundo al mando desde 1976 hasta 1978.

En los años siguientes, el general recibió sentencias de prisión más largas: por la supervisión de un centro secreto de tortura dentro de un hospital; por el secuestro y la tortura de más de 30 trabajadores de fábricas, muchos de ellos activistas sindicales; y por su papel en la incautación de 34 bebés de los que el régimen encarceló (y en la mayoría de los casos, ejecutó) como subversivos.

Bignone recibió su última condena en 2016, cuando un juez lo sentenció a 20 años de cárcel por su participación en el “Plan Cóndor”, con el que las dictaduras de América del Sur coordinaron su sistema represivo, y por participar en el plan sistemático de apropiación ilegal de niños, entre otras causas.

Hasta el final de su vida, Bignone defendió sus acciones como “necesarias” en una "batalla contra el terrorismo". En su defensa, dijo que el número de asesinatos de la Junta estaba muy por debajo lo que los grupos de derechos humanos reclamaron –reconoció solo 8.000- y que los tiempos extremos exigían medidas extremas. "En tiempos de paz, la desaparición de una sola persona significa una cosa", dijo, "y en tiempos de guerra significa algo más".



lunes, 3 de abril de 2017

Olvidar es Buen Negocio... Negacionistas... @dealgunamanera...

Fuerte repudio de académicos a las “declaraciones negacionistas” emitidas desde el Gobierno…


“Esta banalización busca cerrar los debates sobre el terrorismo de Estado, dejando en penumbras, entre otros factores, las responsabilidades de otros actores civiles”, advirtieron mediante una carta cientistas de distintas universidades.

© Publicado el  viernes 31/03/2017 por Política Argentina.

Días después de la masiva movilización del 24 de marzo y tras una nueva oleada de declaraciones de funcionarios cuestionando el número de desaparecidos y validando la teoría de los dos demonios, un nutrido grupo de académicos de distintas universidades difundió un escrito alertando que “esta banalización busca cerrar los debates sobre el terrorismo de Estado dejando en penumbras, entre otros factores, las responsabilidades de otros actores civiles”.

Historiadores, antropólogos, politólogos, sociólogos y referentes de otras disciplinas tanto de la Universidad de Buenos Aires como de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de General Sarmiento, Conicet, entre otros, firmaron y 
difundieron una carta para manifestar su preocupación ante “declaraciones y gestos gubernamentales signados por la ¿ignorancia? sobre los aspectos más elementales de la historia argentina y el desinterés por su conocimiento”.

El “conocimiento acumulado y probado durante varias décadas no ha dejado de recibir, desde diciembre de 2015, las más diversas formas de descalificación, negación o relativización por parte de importantes funcionarios del nuevo gobierno”, expresaron. Y advirtieron que “el cuestionamiento de la cifra de 30.000 desaparecidos y la idea de que ese número es un mero ardid se articula con la afirmación por parte de funcionarios del gobierno en actividad acerca de la inexistencia de un plan sistemático represivo”.

“Estas afirmaciones no buscan convocar a la investigación académica, sino que forman parte de una estrategia destinada a relativizar el crimen y normalizar aquella experiencia histórica, de manera de diluir su especificidad y ocultar con ello las responsabilidades criminales, políticas y judiciales de sus impulsores, ejecutores y cómplices. Son las Fuerzas Armadas y de seguridad las que deben entregar esa información, y es el Estado el que debe arbitrar todos los medios para que la lista completa de asesinados y desaparecidos se torne pública”, señalaron los cientistas sociales.

Tras declaraciones como las del presidente del Banco Nación, Javier González Fraga ("Donde tengo el campo ofrecían 500 pesos y choripanes a los que fueran a la marcha del 24"), los firmantes denunciaron la “descalificación trivial y provocativa de la movilización de centenares de miles de personas en ocasión de la conmemoración del 41º Aniversario del golpe de Estado de 1976” y resaltaron la violación de Derechos Humanos en las actuales políticas de Cambiemos como el desmantelamiento de programas abocados a la Memoria, la Verdad y la Justicia, así como la detención ilegal de Milagro Sala; el decreto presidencial que desconoce la ley migratoria vigente; la intención de bajar la edad de imputabilidad para delitos comunes vulnerando tratados internacionales de los que la Argentina forma parte, entre otras cosas.

El texto completo:

FRENTE A LA BANALIZACIÓN DEL TERRORISMO DE ESTADO Y LOS DERECHOS HUMANOS.

En la Argentina se ha establecido fehacientemente, como resultado de la lucha del movimiento de derechos humanos, de la acción de la justicia, de las políticas públicas de distintos gobiernos constitucionales y de la investigación académica, la trágica singularidad de los crímenes cometidos por la última dictadura militar, que procuró eliminar toda forma de la disidencia política con el orden social establecido.

Eliminar la disidencia política significó la voluntad de exterminar —a través del asesinato, la desaparición, la cárcel o el exilio—toda palabra, actitud o gesto críticos sobre las desigualdades sociales existentes y que propusiera su transformación a través de diferentes vías. Las políticas de exterminio abarcaron a un amplio conjunto de activistas y militantes, y no se ciñeron a los miembros de organizaciones armadas.

Esa política de exterminio se ejecutó por medio de un plan sistemático que involucró un modo represivo (el secuestro y tortura, los asesinatos clandestinos, la desaparición forzada y la apropiación de niños y niñas) de alcances inéditos por su profundidad en la fractura y reconfiguración de los más básicos vínculos sociales. Si bien existieron grados relativos de autonomía en los modos específicos en que cada fuerza en cada región llevó a cabo las acciones represivas, resulta indudable el carácter centralizado del extenso plan represivo que asoló a la Argentina en los años dictatoriales. La violencia extrema, la deshumanización de las víctimas, la generación de un clima de terror extendido, fueron todos aspectos de un mismo dispositivo represivo que se autojustificaba en la supuesta existencia de una “guerra sucia” o antisubversiva.

El carácter regional de las prácticas represivas implementadas a través del “Plan Cóndor” demuestra claramente que el objetivo era la supresión de una cultura política radicalizada y de un estado de movilización social que comprendía pero excedía ampliamente a los grupos guerrilleros, y que buscaba el disciplinamiento de los movimientos populares en la Argentina, pero también en el resto del Cono Sur.

Ese crimen no ha cesado, en la medida en que los represores guardaron silencio (incluso cuando las “leyes del perdón” los eximían de persecución legal), y siguen haciéndolo, sobre el destino de centenares de niños, ahora adultos, apropiados violentamente, ni tampoco han dado informaciones relativas al paradero de los miles de asesinados y desaparecidos. Tanto la negativa a brindar informaciones o documentación, como el silencio mantenido aún hoy día por los represores, prolongan la violencia ejercida hace cuatro décadas, ya que —como en toda política de exterminio—el borramiento de sus huellas forma parte de las políticas criminales.

Este conocimiento acumulado y probado durante varias décadas no ha dejado de recibir, desde diciembre de 2015, las más diversas formas de descalificación, negación o relativización por parte de importantes funcionarios del nuevo gobierno. A su vez, esto facilitó la emergencia de voces que a través de distintos medios defienden y reivindican el terrorismo de estado.

El cuestionamiento de la cifra de 30.000 desaparecidos y la idea de que ese número es un mero ardid se articula con la afirmación por parte de funcionarios del gobierno en actividad acerca de la inexistencia de un plan sistemático represivo. Es decir, estas afirmaciones no buscan convocar a la investigación académica, sino que forman parte de una estrategia destinada a relativizar el crimen y normalizar aquella experiencia histórica, de manera de diluir su especificidad y ocultar con ello las responsabilidades criminales, políticas y judiciales de sus impulsores, ejecutores y cómplices. Son las Fuerzas Armadas y de seguridad las que deben entregar esa información, y es el Estado el que debe arbitrar todos los medios para que la lista completa de asesinados y desaparecidos se torne pública.

A ello se suma una marcada banalización del discurso sobre la historia reciente, expresado en las respuestas del presidente Macri sobre la cantidad de desaparecidos, el recurrente llamado a mirar hacia el futuro dejando atrás un pasado al que consideran un lastre, o el desprecio por la cuestión, evidenciado en frases como “el curro de los derechos humanos”. En el marco de declaraciones y gestos gubernamentales signados por la ¿ignorancia? sobre los aspectos más elementales de la historia argentina y el desinterés por su conocimiento, esta banalización busca cerrar los debates sobre el terrorismo de Estado, dejando en penumbras, entre otros factores, las responsabilidades de otros actores civiles (económicos, eclesiásticos, sindicales, intelectuales, etc.) en el proceso histórico abierto en 1976, y que aún no se han esclarecido en plenitud.

Expresiones como la del ministro de Cultura Pablo Avelluto, cuando sostiene que el actual gobierno se ocupa “de los derechos humanos de los vivos”, son terminantemente desmentidas por las propias acciones gubernamentales: la detención ilegal de Milagro Sala y otros activistas en Jujuy y el consecuente desconocimiento de las resoluciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenaron su liberación inmediata; el decreto presidencial que desconoce la ley migratoria vigente y viola el debido proceso, el cual ya ha sido objetado por la CIDH; la intención de bajar la edad de imputabilidad para delitos comunes, vulnerando tratados internacionales de los que la Argentina forma parte; la “cacería” represiva que tuviera lugar en la movilización de las mujeres el pasado 8 de marzo; la búsqueda constante por criminalizar la protesta social y limitar los derechos de los trabajadores; la descalificación trivial y provocativa de la movilización de centenares de miles de personas en ocasión de la conmemoración del 41º Aniversario del golpe de Estado de 1976, la omisión de las obligaciones legales del gobierno —como en la negativa a convocar la paritaria nacional docente— son sólo algunos de los muchos casos que refutan aquellas expresiones.

Precisamente en este marco, desde su asunción, el gobierno de Mauricio Macri ha desplegado una serie de medidas que, miradas en conjunto, constituyen una política estratégica de desarticulación de las instancias que han posibilitado el conocimiento fundado y preciso de las prácticas represivas y de las luchas populares de la historia reciente de nuestro país. De tal modo, el desmantelamiento total o parcial de áreas que investigaban las responsabilidades corporativas en los crímenes dictatoriales y que aportaban pruebas a los juicios y/o asistían a las víctimas —como el Grupo Especial de Relevamiento Documental, los Equipos de Relevamiento y Análisis de los Archivos de las Fuerzas Armadas, el Programa Verdad y Justicia, el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa, la Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos del Banco Central, la asignación de personal militar para dirigir el Programa Nacional de Protección de Testigos— han ido a la par con la limitación de los programas destinados a la difusión y reflexión sobre el terrorismo de Estado en instituciones educativas y de la sociedad civil, como el Programa Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Nación, la Red Nacional de Educación y Memoria y los diversos programas provinciales que conformaban parte de la misma.


Los profesores, investigadores y estudiantes de distintos campos de las ciencias sociales y las humanidades, reiteramos nuestro compromiso con las banderas de Memoria, Verdad y Justicia, y expresamos nuestro repudio frente a las declaraciones negacionistas y relativizadoras emitidas por diversos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. Estas expresiones acompañan el desmantelamiento de las políticas públicas que contribuyeron a la construcción de un conocimiento basado en pruebas irrefutables sobre el pasado reciente, a su difusión y a la consecución de juicios contra los responsables y ejecutores del terrorismo de Estado.

sábado, 12 de marzo de 2016

Un pañuelo sucio… @dealgunamanera...

Un pañuelo sucio…

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. Fotografía: dyn

Hebe de Bonafini, un emblema que ha vaciado de significado el pañuelo blanco.

© Escrito por Pablo Cohen el sábado 12/03/2016 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La lucha de quienes alumbran sus sociedades enarbolando principios humanistas, inextinguibles y fraternos ha sido más reconocida cuando de aquella luz se ha desprendido el coraje que siempre supone decir las cosas correctas en el momento incorrecto. Es fácil erigirse, como lo ha hecho el peronismo, en víctima de los crímenes de la última dictadura; más difícil es aceptar que éstos comenzaron durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón y que la tarea de un presidente democrático no consistía en amnistiar a los militares sino en juzgarlos de acuerdo a las reglas del Estado de derecho.

El Estado de derecho es, precisamente, uno de los elementos del contrato social que ha descubierto el kirchnerismo en estos escasos meses de gobierno macrista: ahora que es oposición ha terminado por comprender que una cosa es la legitimidad de origen y otra la de ejercicio.

No se podría entender de otra forma que, con alevosa ansiedad, tantos silenciosos cómplices del lavado de dinero, de la ludopatía y del hacinamiento ferroviario hayan proclamado que la actual Argentina es una dictadura.

En esa línea de pensamiento, un emblema que ha vaciado de significado el pañuelo blanco ha sido Hebe de Bonafini. Ha dicho Bonafini: “El 23 y 24 de marzo, como una cachetada a la Historia, a nuestros hijos y a nosotras, las Madres, llega Barack Obama al país, invitado por otro enemigo de las Madres: Mauricio Macri”. “Me puse a pensar”, agregó Bonafini, “a qué país representa Obama, y me saltó a la cabeza el Plan Cóndor”. Y remató: “Ese hombre tiene las manos manchadas de sangre y acá no lo queremos”.

Es curioso que Bonafini confunda a un presidente negro, demócrata y keynesiano con Richard Nixon, que evoque el Plan Cóndor, pero no la campaña de Jimmy Carter contra las dictaduras latinoamericanas y que se espante por el horroroso entrenamiento que de los estadounidenses recibieron tantos represores sin ahondar en uno al menos igual de cruel, que es el que Francia proveyó a los militares argentinos fascinados por la violencia desplegada contra Argelia. Aparentemente, Hollande y la tradición xenófoba, jacobina y pronazi del pueblo galo no forman parte del odio de la candorosa entrevistadora de César Milani.

La ley de sangre, que rige en Francia contra la mucho más integradora ley de suelo, que sobrevive en los Estados Unidos, tampoco es digna de ese análisis, a pesar de que a nadie puede escapar la reciente visita a la nación de Hollande, un socialista moderado que, como el uruguayo Tabaré Vázquez, simpatiza con Macri.

La señora Bonafini habla hoy de los desaparecidos como de “30 mil revolucionarios” y, así como condena la represión de Macri en episodios menores, no tiene tiempo para recordar que, en plena crisis del gobierno de CFK con el campo, opinó: “La Presidenta tiene mucha democracia y mucha tolerancia, porque otro gobierno los hubiera desalojado a palos y a gases como merecían”.

Tampoco recuerda, las épocas en las que acusaba a Bergoglio de “golpista”, festejaba las muertes de civiles en las Torres Gemelas, pedía desalojar de la Casa Rosada a un vicepresidente electo, llamaba “bolitas hijos de puta” a un grupo de ciudadanos que asistían a la Plaza de Mayo, se solidarizaba con las FARC o insultaba a quienes habían osado participar de la despedida que se le realizó al ex presidente Alfonsín.

En El conocimiento inútil, Jean François Revel escribió una frase que parece de 2016 y no de 1988: “La primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira”.Bonafini no la escribió, pero nadie la puede acusar de no haber sido profética.