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domingo, 15 de abril de 2018

Los que fallan… @dealgunamanera...

Los que fallan… 
Nicolás Dijovne. Dibujo: Pablo Temes.

Actitudes confusas de Dujovne y Servini. La eterna pelea de Carrió contra Lorenzetti.

© Escrito por Nelson Castro y publicado el domingo 15/05/2018 por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Un poco de historia. 

El presupuesto de 2018 elaborado calculaba la inflación en 15,7%. Al mismo tiempo, el Banco Central daba una cifra que variaba del 8% al 12% anual. A esta altura, está claro que las dos proyecciones del Gobierno han fallado. Hoy, solo los más optimistas hablan del 18. El resto se va al 20 y a hasta al 23. A principios de marzo, Mauricio Macri recibió un informe reservado del Indec que le advertía que la inflación de marzo rondaría el 2,3%. En los últimos días de la semana que pasó, recibió otro que le indica que la de abril sería aún mayor.

El ajuste de los precios relativos como los que necesita nuestro país deriva en procesos inflacionarios. Sabido eso, lo que se espera de un gobierno es un plan sólido para enfrentar la contingencia con medidas que permitan acotar su efecto nocivo sobre el bolsillo de los ciudadanos. Y esto es lo que no se percibe.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, habla como si fuera un comentarista de la realidad, su anterior oficio. La tarea de un ministro es otra. Debe para ello tener solidez técnica y volumen político. De esto último carece absolutamente. Y mucho menos después de la investigación periodística publicada por Noticias –que no fue desmentida– en la que se denuncia la calidad de evasor del ministro hasta el blanqueo de 2016, dispuesto por el actual gobierno.

Es difícil que quien tiene la mayoría de sus fondos en el exterior y fue hasta ayer nomás un evasor pueda ser reconocido como una persona de jerarquía moral para ocupar un ministerio, y mucho menos para el de Hacienda, que es el que precisamente se encarga, en última instancia, de velar por la recaudación fiscal.

Gente de ley. 

Semanas atrás hablamos de la muerte de Montesquieu, el padre de la división de poderes. Dos semanas después, Montesquieu ha vuelto a morir. La intervención de la jueza electoral María Romilda Servini al Partido Justicialista traspasó de manera dantesca los límites de nuestra democracia. Con frases como “la historia del peronismo se encuentra plagada de traiciones” y “el peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha” intervino el PJ, en un fallo de tono político y de notable inconsistencia judicial.

La jueza Servini es una jueza amiga del poder. De lazos fuertes con José Torello, apoderado del PRO y de Daniel Angelici, el operador de Macri en Comodoro Py, se mueve cómoda en las sendas del oficialismo. En 2016, propuesta por Juan Mahiques –representante del Poder Ejecutivo en el Consejo–, fue nombrada jueza subrogante electoral de la provincia de Buenos Aires, sumando así esta competencia a la nacional y a la de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el interior del PJ denuncian que existe un accionar conjunto entre el Gobierno y la jueza detrás de esta decisión. La designación de Luis Barrionuevo como interventor desinfla esa aseveración.

De todos modos, una oposición fragmentada sin la posibilidad de elegir un candidato en una gran interna es la clave que, según el oficialismo, necesitan para un Macri 2019. “Intervinieron para que estemos de cautelar en cautelar, mientras el PRO esté en plena campaña; y si logran que Barrionuevo se quede, buscan que el PJ no se presente a la unidad” –se quejan referentes opositores. Eso le serviría al Gobierno si ganase en primera vuelta, no es tan claro qué pasaría de haber segunda vuelta.

Elisa Carrió, uno de los eslabones más importantes de Cambiemos, arremetió otra vez contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. La relación (o no relación) de Lilita con el juez de la Corte comenzó alrededor de 2004 cuando Lorenzetti era candidato a presidirla, en un encuentro en el Instituto Hannah Arendt, en donde –aseguran desde el entorno del alfil de Cambiemos– no hubo una primera buena impresión. Desde ahí, Lilita denunció varios hechos que desembocaron en lo que es hoy: el pedido de juicio político del presidente del Máximo Tribunal.

Furia. 

El primer caso que enfureció a Lilita fue en 2013, cuando Cristina Kirchner lanzó la reforma judicial llamada “democratización de la Justicia” que buscaba modificar al Consejo de la Magistratura: se pretendía aumentar sus miembros, que fueran electos por elecciones populares y bajar las mayorías necesarias para remover jueces.

De haber prosperado, el kirchnerismo hubiera quedado con un exagerado dominio sobre el Consejo.

Jueces y camaristas se reunieron con los tapones de punta y le presentaron a Lorenzetti una carta en donde enumeraron todas las inconstitucionalidades del proyecto, que tenía, sin embargo, un punto que era oportunista, pero constitucional: le devolvía al Consejo la administración del presupuesto judicial, que pertenecía a la Corte. Lo que denunció Lilita es que el magistrado negoció con el kirchnerismo no modificar el proyecto a cambio de mantener la facultad de administrar el presupuesto.

En 2014 Lilita comenzó a investigar corrupción en la obra pública del Poder Judicial, en donde denunció que Lorenzetti mantendría una estructura financiera paralela, manejada a través del comité de inversiones, un ente que se creó bajo la órbita del Consejo y la Corte Suprema encargado de licitar las obras del Poder Judicial. En su pedido de juicio político sostiene que el magistrado vive en un departamento de Puerto Madero que “no incluyó como propio en el apartado ‘bienes inmuebles en el país o en el extranjero’”. El tercer punto de inflexión en la relación fue el fallo de la CSJN apenas asumido Mauricio Macri como presidente, que instaba al Gobierno a devolver 45 mil millones de pesos a las provincias. Esto fue, para Lilita, un claro mensaje de poder de Lorenzetti para “marcar la cancha”.

Nadie del Gobierno ha salido a respaldar a Carrió, como tampoco fueron muchos los que la acompañaron cuando, en sus albores, denunció los hechos de corrupción ocurridos durante el kirchnerato ante la inacción de muchos jueces y fiscales temerosos, ineptos y/o corruptos.

Producción periodística: Lucía Lopreiato.     



domingo, 11 de septiembre de 2016

Internas que paralizan… @dealgunamanera...

Internas que paralizan…

Lo efímero de una llama. Juan Carlos Aranguren. Foto: Pablo Temes

Entre las dificultades con la economía y las tarifas, el Gobierno se sacude con una seguidilla de choques.

© Escrito por Nelson Castro y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En medio de una recesión que no cede, el Gobierno clama por alguna buena noticia de la economía. Se la generará el freno al aumento de las tarifas, que le dará un respiro temporal al hacer que el índice de inflación se acerque al cero por ciento. Sin embargo, para tener una noción más ajustada a la realidad habrá que esperar a que se computen los nuevos aumentos tarifarios en las mediciones.

La reunión informativa que el vapuleado ministro de Energía, Juan José Aranguren, mantuvo con las asociaciones de consumidores el jueves no terminó bien. Las internas políticas y los intereses cruzados volvieron a agitar viejos fantasmas. Ese es el pensamiento de muchos de los participantes que salieron de ese encuentro convencidos de que el kirchnerismo había metido la cola.

El expediente de la audiencia pública se fue completando con la información necesaria para que en la audiencia que se celebrará la semana próxima todos los asistentes tengan los datos para poder tener en ella una participación activa. Las transportadoras y distribuidoras de gas ya respondieron al pedido y aportaron lo que tenían mientras que el Gobierno, por su parte, hizo pública la nueva propuesta tarifaria.

De lo que se anunció se desprende que esa propuesta implica reducir los subsidios, elevando así el precio que pagan los consumidores del gas en boca de pozo, que pasará de 1,30 a 3,42 dólares el millón de BTU, para luego actualizar esa cifra hasta llegar a 6,78 dólares en 2019.

¿Cuál fue el problema, entonces? Al menos tres de las asociaciones de consumidores presentes se quejaron porque consideraban que –de acuerdo con su interpretación del fallo de la Corte– debía quedar explicado en el expediente cómo se llegaba a esos valores de gas en boca de pozo. Esta interpretación no fue compartida por el ministro, quien arguyó que eso no era necesario. Pedro Busetti (titular de Deuco) insistió con el tema y agitó el ya de por sí duro temperamento de Aranguren, quien entonces le preguntó: “¿Usted, qué es lo que quiere?”. La respuesta resultó obvia: “Queremos un tiempo razonable para juntar y analizar toda la información”.

En medio de un clima de tensión creciente, el ministro retrucó: “Los tiempos son razonables; si usted quiere impugnar la audiencia, hágalo”. Luego de este cruce, Aranguren se levantó y abandonó la sala. “Le están buscando el pelo al huevo –dijo uno de los representantes de los consumidores–; la información está y la audiencia se tiene que hacer; lo que ocurre es que están operando sectores afines al kirchnerismo que buscan volver a judicializar la cuestión para complicar al Gobierno”. Otros vieron en esta actitud la mano de Patricia Vaca Narvaja, ex subsecretaria de Defensa de la Competencia y ex embajadora en México en la era K.

En cambio, el oficialismo respiró con alivio en el asunto de la tarifa de electricidad. El fallo de la Corte, que no convalidó las cautelares que pusieron freno a los aumentos, no sólo le terminó dando al Gobierno aire político sino que también le va a permitir ahorrar unos 4 mil millones de dólares. El déficit está en la base de la problemática situación económica.

Este es un factor que complica al Gobierno, como también lo complica la dinámica de los hechos que no concuerdan con sus pronósticos ni con sus expectativas. El segundo semestre avanza y todo marcha más lentamente de lo previsto. Un ejemplo de ello es lo que está pasando con el blanqueo de capitales. Ante los 20 mil millones de dólares previstos por alguno de los economistas del oficialismo, lo que se ha blanqueado hasta ahora representa la nada misma. Por eso aflora la necesidad imperiosa de destinar fondos para reactivar la obra pública.

La consecuencia del parate económico es el aumento de la conflictividad social. En el horizonte está ya el anuncio de un paro general convocado por todas las centrales sindicales para octubre. El Gobierno no debería subestimar este hecho.   

Sin respiro.

Donde tampoco parece no haber resuello es en el affaire que tiene como uno de sus protagonistas a Juan José Gómez Centurión. Nadie en el Gobierno sabe bien por qué el ex titular de la Aduana salió a denunciar, ante la jueza María Servini de Cubría, la existencia de barriles que contenían 250 kilos de pseudoefedrina en uno de los galpones de almacenamiento ubicados en el aeropuerto de Ezeiza. 

La jugada tuvo un golpe de efecto tan fuerte como efímero ya que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a desmentir a Gómez Centurión, asegurando que ésa era una información que ya estaba en su poder desde hacía tiempo. La reacción de Bullrich fue cantada. La denuncia de Gómez Centurión la había dejado en una posición desairada.  

Lo peor para Mauricio Macri fue que quien quedó en el medio de esta disputa fue él, que había salido a respaldar al ex militar con varios gestos claros. En verdad, el jefe de Estado le hizo saber a su entorno que se sentía arrepentido por haberlo removido de su cargo. En ese sentido, María Eugenia Vidal tuvo una conducta distinta: ante la grave denuncia contra el jefe de la Policía Bonaerense, Pablo Bressi, realizada por Elisa Carrió, quien lo vinculó con el narcotráfico, la gobernadora pidió las pruebas que servirían de respaldo y anunció que, si éstas se hacían patentes, procedería a la remoción del funcionario. 

“Al Presidente no le gustó lo que pasó porque lo hizo quedar muy expuesto”, aseguró una fuente que conoce los detalles de lo ocurrido. Tan fuerte fue el contrapunto entre Bullrich y Gómez Centurión que hizo que lo que debió haber sido un logro resonante para el Gobierno terminara siendo un verdadero papelón.

Fuentes cercanas al Ministerio de Seguridad y a la AFIP señalaron que no terminaron de comprender la jugada, pero unos y otros coincidieron en aseverar: “La verdad, no estamos acostumbrados a trabajar con estos muchachos. La Aduana era un nido de víboras entre corruptos espías y algunos oportunistas; ahora estamos tratando de que no nos piquen”.

El servicio de inteligencia representa un dolor de cabeza para este y para cualquier otro gobierno. La desvirtuación de sus objetivos y el uso de sus estructuras para llevar adelante tareas de espionaje político de la más baja estofa lo han transformado en una fuente de corrupción y de negociados. 

Primigeniamente, el Presidente había evaluado la posibilidad de disolver la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Lo cierto es que, así como funciona, la AFI no brinda ningún servicio útil ni para el Gobierno ni para el país.

El episodio entre Bullrich y Gómez Centurión es uno más de la seguidilla de internas que viene complicando la gestión de Macri. Una cosa son los matices; otra, muy distinta, las internas. Los matices enriquecen una gestión. Las internas, la paralizan. El Presidente debería advertirlo cuanto antes.

Producción periodística: Santiago Serra.