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sábado, 22 de mayo de 2021

¿Cómo surgió el terrorismo de Estado? @dealgunamaneraok...

 ¿Cómo surgió el terrorismo de Estado? 

La dictadura de 1976 está signada, entre otras cosas, por el terrorismo de Estado. Ese dispositivo de represión clandestina fue el corolario de un largo proceso de intervención política de los militares y una serie de prerrogativas habilitadas por el gobierno de Isabel Martínez de Perón.

© Escrito por Esteban Pontoriero el martes 23/03/2021 y publicado por el La Vanguardia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos. 



Cuando esto ocurre [la suspensión total del orden jurídico vigente], es evidente que mientras el Estado subsiste, el derecho pasa a segundo término. Como quiera que el estado excepcional es siempre cosa distinta de la anarquía y del caos, en sentido jurídico siempre subsiste un orden, aunque este orden no sea jurídico. La existencia del Estado deja en este punto acreditada su superioridad sobre la validez de la norma jurídica. La “decisión” se libera de todas las trabas normativas y se torna absoluta, en sentido propio. Ante un caso excepcional, el Estado suspende el Derecho por virtud del derecho a la propia conservación.[1]

 

El 16 de febrero de 1975 en la plaza de armas del Regimiento Patricios de Mendoza se llevó a cabo el velatorio del capitán Héctor Cáceres, muerto unos días antes en el monte tucumano durante un enfrentamiento con miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). El hecho se produjo en un contexto particular: desde los inicios de ese mes el Ejército argentino se encontraba realizando una acción represiva y de exterminio en gran escala para eliminar el “foco rural” que esa organización político-militar había establecido en la provincia de Tucumán. En el funeral del oficial muerto, el general Leandro Anaya, Comandante en Jefe del Ejército, expresó: “El 29 de mayo próximo, al conmemorarse el aniversario de la fuerza [el día del Ejército], manifestaré: “el país ha definido claramente la forma de vida dentro de la cual desea desenvolverse. El gobierno, respaldado por los sectores más representativos del quehacer nacional, ha adoptado la firme determinación de hacer efectivo dicho mandato” […]. Dije en una oportunidad: “el Ejército está preparado para caer sobre la subversión, cuando el pueblo así lo reclame a través de sus legítimos representantes”. El pueblo lo ha reclamado. El Ejército cumplió”.[2]

 

La lectura de este párrafo nos conduce a formular algunas preguntas: ¿Cómo y por qué el arma terrestre llegó a ocuparse de la realización de tareas represivas? ¿Cuál fue el papel que cumplieron las autoridades políticas en ese proceso? ¿Por medio de qué marco legal se habilitó el uso del Ejército en el orden interno? ¿A quién o a quiénes habían definido como el enemigo los hombres de armas y el gobierno? ¿En qué tipo de conflicto interno creían estar involucrados los actores políticos y militares? 

Hacia fines de 1975 ya estaban disponibles dos factores centrales de la represión clandestina que ejecutarían las Fuerzas Armadas con el Ejército a la cabeza: un abordaje para la guerra interna y un marco legal que habilitaba un estado de excepción.


Hacia fines de 1975 ya estaban disponibles dos factores centrales de la represión clandestina que ejecutarían las Fuerzas Armadas con el Ejército a la cabeza: un abordaje para la guerra interna y un marco legal que habilitaba un estado de excepción. Se contaba con una teoría y una práctica para la contrainsurgencia desde los años finales de la década del cincuenta. A su vez, el gobierno peronista de María Estela Martínez de Perón (1974-1976) dictó un conjunto de decretos que edificaron una creciente excepcionalidad jurídica. Este proceso poseía importantes antecedentes en las dictaduras militares de la “Revolución Libertadora” (1955-1958) y de la “Revolución Argentina” (1966-1973) y en las presidencias constitucionales de Arturo Frondizi (1958-1962) y de Arturo Illia (1963-1966). Durante el mandato de Martínez de Perón se dictaron el estado de sitio en noviembre de 1974 y los decretos “de aniquilamiento de la subversión” al año siguiente.

 

En los primeros días de febrero de 1975, el Poder Ejecutivo convocó al Ejército para darle la mayor responsabilidad en materia represiva: lograr la derrota y el exterminio del “foco guerrillero” que el ERP había instalado en una zona rural de la provincia de Tucumán desde algunos meses atrás. Luego del ataque de la organización político-militar peronista Montoneros al Regimiento de Infantería de Monte 29 en la provincia de Formosa en octubre, aquella misión tomó un carácter nacional mediante el decreto 2772. Las autoridades políticas y militares consideraban que, en la coyuntura de 1975, la defensa y el resguardo de la República justificaban la suspensión de partes sustanciales del orden jurídico para garantizar su supervivencia ante una amenaza caracterizada por ambos actores como “subversiva”.


 

Escribir sobre el terrorismo de Estado es también escribir sobre la guerra. Los militares (al igual que la mayoría de la dirigencia política, diversos sectores de la sociedad civil y las organizaciones armadas) partían de la premisa de estar librando una contienda bélica. En base a ello diagramaban su doctrina, estrategia, hipótesis de conflicto, métodos de combate e intervención en el orden interno. Además, no se trataban de cualquier enfrentamiento armado sino de una “guerra contra la subversión”. Esto implicaba, por ejemplo, incorporar el crimen a la operatoria castrense.

 

¿Por qué el Ejército recurrió a prácticas represivas clandestinas que no figuraban o estaban prohibidas en los reglamentos elaborados por la propia institución desde la incorporación de las nociones contrainsurgentes? La respuesta a esa pregunta debería tomar en cuenta una serie de factores: la influencia ejercida por el pensamiento contrainsurgente y las prácticas criminales que éste avalaba; la amnistía generalizada de los presos políticos capturados y juzgados durante la “Revolución Argentina” ocurrida durante la presidencia de Héctor Cámpora (mayo a julio de 1973); la situación ventajosa que le daría a los militares desde el punto de vista operativo, asegurando la efectividad y la impunidad por las tareas ilegales que éstos realizaran y la probada eficacia del terror entendido como un arma de guerra contra los opositores políticos. Además, la masacre debía esconderse para el resto del mundo y especialmente frente a los eventuales reclamos que pudiera realizar la Iglesia Católica, como ya había ocurrido con las ejecuciones que tuvieron lugar en la dictadura del general Augusto Pinochet en Chile (1973-1990). 

Se había delineado una estrategia represiva y de aniquilamiento que se basaba en la conducción centralizada y la ejecución descentralizada: esto brindaba ciertos niveles de autonomía a las jerarquías inferiores. Estos principios fueron la culminación de un recorrido formativo y de elaboración doctrinaria iniciado en 1955.


El Ejército condensó una serie de principios para guiar su accionar contra los opositores políticos o aquellos individuos o colectivos percibidos como tales. Se había definido un enemigo, la “subversión”, caracterizado por estar oculto entre la población, su extremismo ideológico y de métodos, operar en varios frentes y buscar la toma del poder para transformar de raíz los supuestos fundamentos políticos, culturales, religiosos y económicos de la Argentina. Se había delineado una estrategia represiva y de aniquilamiento que se basaba en la conducción centralizada y la ejecución descentralizada: esto brindaba ciertos niveles de autonomía a las jerarquías inferiores. Estos principios fueron la culminación de un recorrido formativo y de elaboración doctrinaria iniciado en 1955.

 

Las máximas autoridades de la fuerza habían decidido el exterminio del enemigo. Desde el “Operativo Independencia”, el concepto de “aniquilamiento” se convirtió en el ordenador de las prácticas represivas. No obstante, los militares en soledad no hubiesen podido imponer sus ideas y encarar la “lucha antisubversiva” si no hubieran contado con el aval político que solamente les podían otorgar las máximas autoridades del gobierno. Los secuestros, las torturas, los centros clandestinos, los asesinatos masivos, las desapariciones, las variadas formas de destruir o esconder los cuerpos, se convirtieron en la marca registrada del terrorismo de Estado en nuestro país, junto con una serie de prácticas legales o legalizadas por la dictadura tales como la prisión política o el exilio.


En los prolegómenos del golpe de Estado de marzo de 1976, un conjunto de elementos diacrónicos confluyó con otros de tipo sincrónico. Una serie de procesos de largo plazo (desarrollos doctrinarios, jurídicos, de imaginarios, de estructuras organizativas y de prácticas) se imbricaron con otros de corta duración (un diagnóstico de coyuntura, usos, apropiaciones, prácticas represivas, una convocatoria presidencial a la “lucha antisubversiva” y un contexto de crisis política, económica e intra gubernamental) dando lugar al surgimiento de un determinado fenómeno histórico: la represión clandestina y su cara más brutal, el exterminio secreto.

 

La seguridad interna se hallaba completamente integrada a la esfera de la defensa nacional, más que en ninguna de las otras coyunturas previas. La lógica del estado de excepción, existente en diferentes momentos entre 1955 y 1976, creó una situación compleja respecto del marco constitucional. La incorporación de las FF.AA. a la esfera de la seguridad interna para ejecutar tareas represivas se realizó mediante una legislación de defensa atravesada por el imaginario de la “guerra contrainsurgente” que permitía suspender una parte de las garantías constitucionales y que avalaba la implementación de un conjunto de prácticas represivas sostenidas en ese marco legal de emergencia. Desde la lógica castrense no existía una ruptura entre el orden legal y la acción clandestina: la introducción de un estado de excepción les daba a los militares la primacía en la represión y exterminio de la “subversión”. Una serie de decretos confirmaba la percepción del Ejército de estar inmerso en una guerra que –es importante remarcarlo– implicaba la realización de acciones criminales.

Desde la lógica castrense no existía una ruptura entre el orden legal y la acción clandestina: la introducción de un estado de excepción les daba a los militares la primacía en la represión y exterminio de la “subversión”. 

Los pares dicotómicos estatalidad/paraestatalidad y acción pública/acción clandestina en un marco de excepción pierden su operatividad para el análisis histórico: deben abordarse considerando sus cruces y porosidades. Las medidas propias de un estado de excepción imponen una situación en la que la división polar “legal/ilegal” deja de funcionar como clave de comprensión de las acciones ejecutadas por el Estado. En el caso argentino, por ejemplo, muchas de las medidas represivas que implementaron los militares estaban fuera del orden jurídico. Sin embargo, la legislación de defensa que se sancionó en los sesenta y entre 1974 y 1975 permitió que aquellas prácticas ilegales se volvieran legales. Por lo tanto, como señala Marina Franco “el problema no es entonces la ‘legalidad o la ‘ilegalidad’ de las acciones, sino el carácter excepcional y ascendente de esas medidas ‘legales’ fundadas en el estado de necesidad que llevó a la suspensión progresiva del Estado de derecho en nombre de su preservación. Fue ese proceso, efectivamente, el que condujo a la militarización del Estado y alimentó, una vez más, la autonomización de las Fuerzas Armadas”.[3] 

Para finalizar, a partir de 1975 la acción represiva y de exterminio se movieron en una “tierra de nadie” creada por la combinación de la excepcionalidad jurídica con la contrainsurgencia. Este proceso tuvo como condición de posibilidad los desarrollos doctrinarios y gubernamentales previos. 

[1] Carl Schmitt. Teología política. Cuatro ensayos sobre la soberanía. Buenos Aires, Struhart & Cía., 2005, p. 30. 

[2] Clarín, 17 de febrero de 1975, p. 5. 

[3] Marina Franco. Un enemigo para la nación…Op. Cit.,p. 181. 

Esteban Pontoriero. Doctor en Historia por el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Investigador Asistente en CONICET.



domingo, 24 de enero de 2021

La ética y los privilegios… @dealgunamanera...

 La ética y los privilegios…


Se necesita el aporte mensual de más de 400 empleados públicos para cubrir las pensiones que cobrará la Vicepresidenta. En esta nota se propone analizar desde la ética la validez de la actitud de CFK y de la clase dirigente que, pudiendo modificarlo, mantiene esas prerrogativas de privilegio. 

© Escrito por Américo Schvartzman (*) el lunes 11/01/2021 y publicado por el Periódico Digital La Vanguardia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos.

Una trabajadora monotributista que integra una cooperativa en Concepción del Uruguay logró, después de trámites y diálogos interminables y derivas de un funcionario a otro, que le reconocieran un subsidio como parte de una cooperativa de trabajo en medio de la pandemia. El monto parecerá irrisorio, pero le venía muy bien ese complemento después de meses casi sin ingresos: 6 mil pesos por mes. La buena noticia se convirtió en indignación al mes siguiente: le dieron de baja la AUH por su único hijo. Por el subsidio de 6 mil pesos perdió los 3.717 que le correspondían. Desde entonces ha hecho incontables reclamos, hasta el momento sin éxito.

 

En 2017 la actual Vicepresidenta del Estado argentino litigó contra el propio Estado que ahora vicepreside para cobrar dos pensiones de privilegio, una propia como ex Presidenta, la otra de su marido muerto, ex Presidente. Suman, aproximadamente, dos millones de pesos por mes. Por supuesto, no fue ella quien inventó ese privilegio. Lo disfrutan varios ex presidentes vivos y también familiares de otros fallecidos. Lo que nunca había sucedido es que una ex Presidenta que cobra su pensión de privilegio, pretendiera cobrar también la de su ex marido. No hay otro caso similar, porque salvo María Estela Martínez de Perón, no hay otras parejas ex-presidenciales. Aun así, “Isabel” cobra la suya y, por su marido, una pensión militar de unos 100 mil pesos mensuales.

 

En una decisión administrativa del Gobierno anterior, a Cristina Fernández de Kirchner le indicaron que debía optar, que no podía cobrar ambas. Pero apeló la medida y ahora la justicia le dio la razón: no sólo podrá cobrar las dos, sino que se le deben abonar los retroactivos, cerca de 100 millones de pesos. Además, la Vicepresidenta tiene su sueldo mensual que asciende a 328.419,59 pesos (hasta septiembre de 2020, última cifra consignada en Datos.gob.ar, el sitio de Presidencia: ver aquí). 

 

Lo que nunca había sucedido es que una ex Presidenta que cobra su pensión de privilegio, pretendiera cobrar también la de su ex marido. No hay otro caso similar, porque salvo María Estela Martínez de Perón, no hay otras parejas ex-presidenciales.

 

Mientras tanto, también en Concepción del Uruguay, un jubilado municipal se encadena en la plaza porque no puede llegar a fin de mes: cobra menos de 20 mil pesos. Y el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, calificó la decisión judicial como «pornográfica«. Señaló que cuatro millones de jubilados y jubiladas (más de la mitad del total) cobran, como el encadenado, la mínima: 19 mil pesos mensuales. Pero además, indicó que a una persona que cobra una pensión por discapacidad (14 mil pesos) se la cancelan si fallecen sus padres y quiere cobrar sus beneficios previsionales.

 

Para mayor pornografía, la información de la decisión judicial se conoció el mismo día que se aprobó la nueva reforma previsional, reforma gracias a la cual los millones de jubilados y jubiladas que cobran una miseria… seguirán cobrando esa miseria.

 

DERECHOS Y PRIVILEGIOS

 

La decisión judicial no fue automática o de oficio: se requirió que la Vicepresidenta litigara, se presentara ante la justicia y demandara al Estado para que le reconozcan ese “derecho”. ¿Qué digo “derecho”?: la prerrogativa que posee la Vicepresidenta es claramente un privilegio, no un derecho.

 

Privilegio que comparte con sus colegas ex presidentes, como lo recordaron en las redes sus adláteres: Aníbal Fernández (el acomodaticio funcionario de Menem, Duhalde y los Kirchner que fue, en 2002, coautor ideológico del asesinato de Kosteki y Santillán) la justificó recordando que ese mismo privilegio lo tienen Menem, Duhalde, Rodríguez Saá, la viuda de De la Rúa y Macri, “el mamerto que apoyaste”, porque supone que quien cuestiona la decisión de CFK es macrista (en sus anteojeras mentales, nadie que no sea macrista podría cuestionar nada de lo que haga la Vicepresidenta). En suma: para Aníbal Fernández (y muchos seguidores de CFK) el privilegio injustificable se justifica porque hay otros privilegiados injustificables.

 

No se informó con exactitud cuánto cobrará por mes la Vicepresidenta, pero parece que será alrededor de 2,4 millones entre ambas pensiones y su sueldo. Equivale a algo más de lo que ganan 126 jubilados sumados.

 

La decisión de la Vicepresidenta (y de la justicia) vuelven a mostrar que en la Argentina conviven mundos diferentes. El de los poderosos, sus privilegios y prerrogativas inmorales, y el de trabajadores y trabajadoras de a pie, para los cuales el servicio de justicia sigue siendo más parecido a un laberinto kafkiano que a lo que su nombre designa.

 

Hace casi un año, en otro artículo, analizamos el caso del ex vicegobernador entrerriano Adán Bahl, quien con 52 años y apenas cuatro como vicegobernador, tiene el absurdo “derecho” de jubilarse por ese cargo, con una remuneración cercana a los 200.000 pesos. Cuestionamos no solo el monto y el hecho de que equivalga a más de 10 jubilaciones mínimas, sino la paradoja de que el mismo Bahl había salido a reclamar una reforma del sistema jubilatorio porque, aseguraba, “no es sustentable”. Sacamos la cuenta en ese momento: ¿cuántos docentes en actividad se necesitan que aporten para que la Provincia le pague la jubilación privilegiada a Bahl? Respuesta: veintiséis docentes y medio. Ese es el aporte de Bahl a la sustentabilidad del sistema.

 

La decisión de la Vicepresidenta (y de la justicia) vuelven a mostrar que en la Argentina conviven mundos diferentes. El de los poderosos, sus privilegios y prerrogativas inmorales, y el de trabajadores y trabajadoras de a pie, para los cuales el servicio de justicia sigue siendo más parecido a un laberinto kafkiano que a lo que su nombre designa.

 

UN ANÁLISIS DESDE LA ÉTICA 


Creo, sin embargo, que dejando la bronca de lado (inevitable para cualquiera que vive de ingresos fijos cada vez más estragados por la inflación y la desigualdad), como ciudadanas y ciudadanos, como comunidad, podemos y debemos analizar la cuestión desde una perspectiva ética. Y en ese sentido podemos preguntarnos, más allá de cualquier preferencia partidaria: ¿Cuáles son los estándares éticos que debemos exigir a nuestros gobernantes? Y en especial ¿tenemos elementos para establecer un juicio ético en este caso?

 

En ética hay diferentes perspectivas para analizar las acciones humanas, siempre en torno de una perspectiva más amplia que supone que las acciones individuales no deben ser incompatibles con el bien común. Esas perspectivas son la del deber (deontológico), la que jerarquiza las consecuencias de las acciones (utilitarismo) y la de la virtud (la ética “aristotélica”: ¿qué tipo de personas queremos ser? Las acciones se analizan en función de esa pregunta).

 

Desde la perspectiva general del bien común, parece claro que la actitud de la Vicepresidenta, al decidir litigar contra el Estado para poder cobrar ambas pensiones, sostiene una posición que va en contra de los valores que dice defender, ya que al priorizar su beneficio personal antes que el bien colectivo, contribuye a desfinanciar el sistema previsional. ¿Por qué? El sueldo promedio de los empleados públicos del Estado nacional ronda los 50 mil pesos. Y su aporte jubilatorio es del 11% de su remuneración. No es difícil sacar la cuenta: se requiere el aporte mensual de 418 trabajadores del Estado para cubrir la suma total que percibirá la Vicepresidenta cada mes.

 

La Vicepresidenta tuvo dos períodos en los que pudo haber impulsado la supresión de ese privilegio, para ella y para la posteridad. No lo hizo (tampoco lo impulsó su sucesor Mauricio Macri, vale decirlo). Podría haber no litigado, ahorrarle un millón de pesos por mes al Estado. La pregunta deontológica es: un mundo (o un país, o una provincia) donde todos actuaran como ella ¿sería deseable o indeseable?

 

Desde un punto de vista deontológico, ¿cuál sería su deber? Quienes la justifican dicen que no es la única que posee ese privilegio. Citan a cada ex Presidente reciente o a sus deudos. No obstante, la decisión de hacer uso de ese privilegio o de rechazarlo es de la Vicepresidenta. No es una obligación, sino una decisión. La historia argentina exhibe casos (pocos, pero los hay) en donde funcionarios renunciaron a esa prerrogativa por considerarla inmoral. Elpidio González (vicepresidente de Alvear), Arturo Illia, y más cerca en el tiempo, Raúl Alfonsín, quien renunció al 50% de la suya solicitando que se destinara al PAMI de Chascomús


Además Alfonsín –que fue legislador después de ser Presidente– declinó cobrar sus dietas. En 2018 María Eugenia Vidal eliminó la jubilación de privilegio de que gozaban los gobernadores y vice bonaerenses, y por tanto, que hubiera gozado ella al concluir su mandato. La Vicepresidenta tuvo dos períodos en los que pudo haber impulsado la supresión de ese privilegio, para ella y para la posteridad. No lo hizo (tampoco lo impulsó su sucesor Mauricio Macri, vale decirlo). Podría haber no litigado, ahorrarle un millón de pesos por mes al Estado. La pregunta deontológica es: un mundo (o un país, o una provincia) donde todos actuaran como ella ¿sería deseable o indeseable?

 

Desde la perspectiva que pone el énfasis en las consecuencias de los actos de las personas: las pensiones de Cristina ¿afectan a la sostenibilidad de la ANSES? Si se precisan aportes de casi 420 trabajadores para cubrirlas ¿reducen las posibilidades de que el Estado argentino supere sus problemas de déficit o contribuyen a agravarlas?

 

Por último, desde la perspectiva de la virtud, la persona virtuosa es quien no sólo sabe juzgar lo que es bueno para ella sino para todas. ¿Puede ser considerado virtuoso desde algún punto de vista el aceptar ese privilegio, pero además, demandar al propio Estado que se presidió, para efectivizar el cobro también del de su marido?

 

PREGUNTITAS 

 

El único argumento que se esgrime para defender la actitud de la Vicepresidenta es exhibir que otras personas gozan de ese privilegio inmoral. Y es tan débil que merece la respuesta que todas las personas alguna vez recibimos de nuestras madres: “Si tus amigos se tiran a un pozo ¿vos también te tirás?”.

 

No he visto argumento en su defensa que encuadre en alguna perspectiva ética. Tal vez, con algo de cinismo, podría decirse que la política (y la vida, y la convivencia) son solamente lucha de poder y entonces la única virtud real consiste en obtener todo el beneficio posible mientras sea legal (algunas personas, como hemos visto en estos años ante casos como el de Amado Boudou, también están dispuestas a sostenerlo aún si no es legal).


Pero lo cierto es que esa justificación no se puede defender desde ninguna mirada ética. Sería apenas una versión justificatoria y levemente sofisticada de la brutal competencia que desarrolla cualquier mamífero superior macho por prevalecer en la alimentación y la reproducción, o si se quiere, de la versión neoliberal que considera que la sociedad es una jungla y se impone el más hábil para sacar provecho. Sí, es la noción que suelen evidenciar muchas personas en diálogos de brutal honestidad. Pero ¿es una perspectiva deseable para nuestra comunidad? ¿Tiene algo que ver con los ideales que se defienden en público?

 

El racismo, la meritocracia, el sexismo, la falta de empatía, el egoísmo, el neoliberalismo como código de conducta, no son rasgos exclusivos de nuestras clases dirigentes. Pero, y ésta es la buena noticia, si somos mejores, seguramente serán mejores también quienes nos gobiernan.

 

Estas preguntas –presentadas sin esperanza de que se las plantee la Vicepresidenta, o el resto de quienes integran nuestras clases dirigentes– son válidas para que nos las formulemos todas las demás personas. Ya sea como experimento mental (“¿Qué haría yo si estuviera en el lugar de Cristina?”) o en relación a nuestros propios dilemas éticos cotidianos. Porque no creo que nuestros gobernantes sean muy diferentes de la sociedad que somos. El racismo, la meritocracia, el sexismo, la falta de empatía, el egoísmo, el neoliberalismo como código de conducta, no son rasgos exclusivos de nuestras clases dirigentes. Pero, y ésta es la buena noticia, si somos mejores, seguramente serán mejores también quienes nos gobiernan.

 

Mientras tanto, o quizás para lograrlo, ejerzamos el derecho y el privilegio de dar estas discusiones. Porque lo más grave que tienen episodios como éstos es que no seamos capaces de visualizar su gravedad. Y porque es fundamental que nos eduquemos para parecernos a gobernantes diferentes. Solo así llegarán. Aunque eso no mitigue, ni por asomo, la bronca de la trabajadora monotributista a la que le cancelaron la AUH ni la de Juan José, el jubilado encadenado que no llega a 20 mil pesos mensuales.

 

(*) Américo Schvartzman.

Licenciado en Filosofía y Periodista. Integra la Cooperativa Periodístico Cultural “El Miércoles”, en la provincia de Entre Ríos. Autor de “Deliberación o Dependencia Ambiente, Licencia Social y Democracia Deliberativa” de Editorial Prometeo. Ex Director del Periódico La Vanguardia.


 



 

martes, 9 de julio de 2019

Fernando De la Rúa (1938 - 2019) Q.E.P.D. @dealgunamanera...

Murió el expresidente Fernando De la Rúa a los 81 años…


Cordobés, abogado, radical y primer jefe del Gobierno porteño, su presidencia y carrera política no sobrevivieron a la peor crisis social desde la caída de la Dictadura.

© Publicado el martes 09/07/2019 por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El expresidente Fernando de la Rúa falleció en la madrugada de este martes 9 de julio a los 81 años, después de una larga batalla contra una afección cardíaca que se agravó en las últimas horas. El exmandatario radical se encontraba internado en la Clínica Fleming desde el 28 de enero y luego fue trasladado al instituto Fleni de Escobar. En la noche del lunes se había informado que se encontraba "en muy grave estado por una descompensación cardíaca y renal".

La noticia fue confirmada esta mañana por su sucesor, el presidente Mauricio Macri, con un mensaje en su cuenta de Twitter. "Lamento el fallecimiento del ex presidente Fernando de la Rúa. Su trayectoria democrática merece el reconocimiento de todos los argentinos. Acompañamos a su familia en este momento", escribió el líder de Cambiemos.

El radical, nacido en la provincia de Córdoba, fue miembro de la Unión Cívica Radical desde su juventud, funcionario del ministerio del Interior durante la presidencia de Arturo Frondizi en los años 60, legislado en los 80 y el sucesor de Carlos Menem en la presidencia de la Nación desde el 10 de diciembre de 1999 hasta su renuncia el 20 de diciembre de 2001.

La última aparición pública del exmandatario fue el 30 de noviembre de 2018 cuando asistió a la función de gala en el Teatro Colón ofrecida en honor a los mandatarios extranjeros que vinieron a Buenos Aires para participar de la Cumbre del G20. En 2015 había sido invitado a la ceremonia de asunción de Mauricio Macri como presidente.

A lo largo del año 2018, el expresidente había sufrido dos infartos, uno en octubre y otro en mayo. Sin embargo, los problemas cardíacos para De la Rúa habían empezado en 2001, cuando todavía era presidente y fue sometido a una angioplastia para desobstruir la arteria coronaria derecha.

Funcionario de Illia y contrincante de Perón


Nacido en Córdoba el 15 de septiembre de 1937, en el Liceo Militar General Paz y a los 21 años se graduó en Derecho, igualmente con altas calificaciones, por la Universidad de Córdoba. Desde esa época militó en la UCR del Pueblo (UCRP) de Arturo Illia, así llamada para diferenciarse de la UCR Intransigente de Frondizi.

Tras dedicarse a la abogacía, durante la presidencia de Illia, entre 1963 y 1966, De la Rúa trabajó como asesor en el Ministerio del Interior. Guiado por Ricardo Balbín, líder de la UCR desde 1957 y candidato presidencial, en abril de 1973 fue elegido senador por Buenos Aires.

En las segundas elecciones presidenciales de aquel año, el 23 de septiembre, que restituyeron a Perón en el poder tras 18 años en el exilio, De la Rúa integró la fórmula radical encabezada por Balbín, que obtuvo el 24,3% de los votos.

Fue senador hasta marzo de 1976, fecha del golpe militar que derrocó a María Estela Martínez de Perón, y tras el retorno de la democracia De la Rúa compitió por el liderazgo de la UCR para las elecciones presidenciales de octubre de 1983, que ganó Raúl Alfonsín.

El primer jefe de gobierno porteño y carrera a la presidencia


El 30 de junio de 1996, De la Rúa se convirtió en el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al derrotar con el 39,9% de los votos al peronista Jorge Domínguez, siendo el primer mandatario municipal elegido directamente por los porteños.

Durante este período, la UCR aceptó trabajar conjuntamente con el Frepaso para desplazar al peronismo de la Casa Rosada, naciendo de esta forma en 1997 la“Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación” (ATJE), más conocida como simplemente la Alianza, que se convirtió en la primera fuerza política con el 45,7% de los sufragios en las elecciones legislativas de ese año.

El 6 de diciembre de 1998 De la Rúa fue elegido presidente del Comité Nacional de la UCR en reemplazo de Rodolfo Terragno, el sucesor de Alfonsín. Era el primer paso hacia la Casa Rosada.

Cauteloso, sobrio, austero y “aburrido”, según un spot de campaña, De la Rúa ganó las elecciones del 24 de octubre de 1999 con el 48,5% de los votos frente a la fórmula peronista, integrada por Eduardo Duhalde y el cantante “Palito” Ortega.

Un radical sucede a un peronista


El 10 de diciembre de 1999, después de entregar el mando del gobierno porteño a Enrique Olivera, y la presidencia del Comité Nacional de la UCR al expresidente Alfonsín, De la Rúa se convirtió en el primer presidente radical que sucedía a un peronista y el primero de un gobierno de coalición. La UCR se quedó con ocho de los 10 ministerios, mientras que el Frepaso obtuvo Trabajo y Acción Social.

En noviembre de 2000, la Alianza llegó a un acuerdo político con la oposición para “congelar” por cinco años el gasto público y en diciembre consiguió el apoyo del PJ para aprobar el Presupuesto 2001, clave para recibir la ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional.

El primer aniversario de su gobierno estuvo plagado de dificultades políticas y económicas y marcado por medidas económicas impopulares y contrarias a sus promesas electorales, entre las cuales había destacado reducir a la mitad el desempleo.

El año trágico


Aumento de impuestos a la clase media, recortes salariales en el sector público comenzaron a afianzar una crisis. El 18 de diciembre de 2000, recibió una ayuda financiera, un “blindaje” internacional de 40.000 millones de dólares y cuatro meses después De la Rúa afirmaba que el país vivía una situación “crítica y difícil”.

El año 2001 comenzó con la aprobación de los “poderes especiales” para aplicar grandes reformas económicas y el proyecto del ministro de Economía, Domingo Cavallo, de una reducción del 18,8 por ciento del gasto público.

Una violenta ola de saqueos los días 19 y 20 de diciembre, que dejó 23 muertos, obligó a De la Rúa a decretar el estado de sitio, pero la situación era insostenible. Diputados derogó parcialmente los poderes especiales de Cavallo, tras lo que el gobierno renunció. Al no conseguir el apoyo del PJ, De la Rúa renunció como presidente.

D.S.