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jueves, 29 de diciembre de 2022

Restitución Nieto 131. Javier Matías Darroux Mijalchuck... @dealgunamanera...

 Restitución Nieto 131. Javier Matías Darroux Mijalchuck 


Lucía Ángela Nadín nació el 13 de diciembre de 1947, en la ciudad de Mendoza. Aldo Hugo Quevedo, el 26 de noviembre de 1941, en la localidad de San Carlos, de la misma provincia. Su familia lo llamaba "Negro" o "Negrito".

 

© Publicado el jueves 22/12/2022 por Abuelas de Plaza de Mayo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.



Se conocieron en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo y a los seis meses se casaron. Lucía era profesora de francés, latín y griego, y trabajaba junto a Aldo en un taller de encuadernación en Mendoza. El matrimonio militaba en el PRT-ERP, donde eran apodados "Chiquita" y "Dipy".
 

Luego de la detención de un compañero de trabajo, Nicolás Zárate, en mayo de 1976, Lucía, Aldo y Beatriz Corsino, compañera de Nicolás, se trasladaron a Buenos Aires. Entre septiembre y octubre de 1977, Lucía, embarazada de dos o tres meses, y Aldo fueron secuestrados en la ciudad de Buenos Aires, junto a Beatriz, aparentemente.

 

La pareja permaneció detenida en el centro clandestino "Club Atlético" y "El Banco". Por testimonios de sobrevivientes, pudo saberse que Lucía fue trasladada desde "El Banco" para dar a luz entre marzo y abril de 1978. Hay sospechas de que el parto podría haberse producido en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

 

Desde entonces, no se supo nada más de la pareja ni del bebé.

 

La búsqueda

 

La familia no sabía que Lucía estaba embarazada. Con el tiempo pudieron conocer la noticia, por información que les fue llegando, a través de personas que estuvieron con la pareja antes del secuestro. La denuncia formal, la realizó el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) de Mendoza, en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI). Y fue la CoNaDI que a partir de una investigación documental que el 23 de junio de 2004 logró confirmar el embarazo de Lucía.


La pareja continúa desaparecida. 

Un año más tarde, la familia Nadin dejó su muestra en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). En marzo de 2010, la CoNaDI logró dar con el hermano de Aldo y se sumó su perfil al Banco.

 

Por otra parte, en 2015, a partir de un trabajo de investigación de Abuelas y la CoNaDI sobre información aportada por la sociedad, se identificó a un hombre que se sospechaba podía ser hijo de personas desaparecidas.

 

Luego de un análisis documental y el intento infructuoso por contactarlo, en 2019 la CoNaDI derivó la información a la Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado.

 

En abril de 2019, la Unidad presentó la denuncia ante la justicia. El Juzgado Federal Número 4, a cargo de Ariel Lijo, logró localizarlo el 14 de septiembre de este año y lo invitó a analizarse. El hombre aceptó realizarse el estudio genético.

 

El 21 de diciembre de 2022, el BNDG comunicó la noticia: es el hijo de Lucía y Aldo.

 


Conferencia de restitución del nieto 131.
En la Casa por la Identidad del Espacio Memoria, el 22 de diciembre de 2022, anunciamos el encuentro del hijo de Lucía Nadín y Aldo Quevedo. Fuente: Espacio Memoria y Derechos Humanos (22/12/2022)


   

sábado, 9 de octubre de 2021

Juan Carlos Vázquez Sarmiento. Represor capturado... @dealgunamaneraok...

 En un procedimiento ordenado por el juez Rafecas, se logró la detención de un represor prófugo desde 2003… 

El aviso con el que se ofrecía la recompensa por Juan Carlos Vázquez Sarmiento. Fuente: Cedoc  

Juan Carlos Vázquez Sarmiento era el apropiador del nieto 102 y tenía pasado en el área de inteligencia de la Fuerza Aérea. La recompensa por su captura alcanzaba a $ 2 millones. 

© Publicado el sábado 09/10/2021 por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos. 

El Juez Federal Daniel Rafecas detuvo este jueves 7 de octubre al prófugo Juan Carlos Vázquez Sarmiento, apropiador del nieto 102 de Abuelas y represor del área de inteligencia de la Fuerza Aérea.

 

A cargo desde la semana pasada del Juzgado Federal 6, en cuyo ámbito se tramitaba la causa en la que Vásquez Sarmiento se encontraba prófugo desde el año 2003, la Policía de Seguridad Aeroportuaria consiguió detener a Vázquez esta semana, en un domicilio oculto al cual se llegó luego de un trabajo de investigación que siguió el rastro de familiares del represor, que se movía utilizando documentos de una identidad falsa.

 

"Vázquez Sarmiento" tiene una segunda orden de captura vigente, también como represor de la Fuerza Aérea, librada en 2013 en el marco de la megacausa que investiga violaciones a los Derechos Humanos en el Primer Cuerpo, causa que también estaba a cargo de Rafecas, en el Juzgado Federal 3.

 

El magistrado, cuya postulación por parte del oficialismo para hacerse cargo de la Procuración General sigue en el Congreso, indagará al represor detenido por crímenes de la RIBA el martes, y ya dispuso encarcelamiento en dependencias del Servicio Penitenciario Federal.

 

En el allanamiento al domicilio donde vivía el represor, se hallaron los documentos también documentos de identidad falsificados, por lo que también será denunciado penalmente por ese delito durante la semana.




 

miércoles, 13 de mayo de 2020

33 Años de la Creación de Banco Nacional de Datos Genéticos... @dealgunamanera...


El Banco Nacional de Datos Genéticos celebra sus 33 años… 


A principios de los años ´80s, las Abuelas de Plaza de Mayo no dejaban de buscar maneras de poder identificar a sus nietos robados en tiempo de dictadura. La ciencia propondría una solución: un índice de abuelidad fiable en un 99,9 por ciento.

© Escrito por Magali de Diego el Martes 19/06/2018 y publicado por El 1 Digital de la Ciudad de San Justo, Provincia de Buenos Aires, República de los Argentinos.

Nota republicada por quién suscribe el miércoles 13/05/2020.

En la mayoría de los casos, de manera voluntaria, y ante la duda de ser hijos de desaparecidos, casi 1.200 personas al año concurren al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) para que su ADN sea analizado y comparado con el material genético o las muestras biológicas de las más de 300 familias de personas que han sido secuestradas y desaparecidas durante la dictadura militar argentina. 

Luego de una simple extracción de sangre, los resultados se demoran entre dos semanas y un mes. Solamente cuatro estudios al año marcan positivo, pero cada positivo es una oportunidad de recuperar su identidad y de reencontrarse con una historia que por años estuvo oculta.  

En la actualidad, el Banco alberga unas 9.000 muestras de material genético de familiares de personas que fueron secuestradas y desaparecidas durante la última dictadura militar.

El famoso índice de abuelidad es una fórmula matemática que, con modelos probabilísticos, contrasta los resultados de los análisis genéticos. Uno de estos análisis es el de ADN mitocondrial, que se hereda únicamente de las madres y permite establecer el parentesco a través de abuelas, tíos o primos de la rama materna.

Mediante esta señal oculta en nuestros genes, la biología podía unir a las abuelas con sus tan buscados nietos. 

En el año 1984, a pedido de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), la célebre genetista Mary Claire King y su grupo arribaron a la Argentina donde probaron por primera vez el índice de abuelidad en el Laboratorio de Inmunogenética del Hospital Durand. Esta prueba permitió el reconocimiento de la niña Paula Logares, la primera nieta recuperada. 

El caso fue tan exitoso que en el año 1987 se creó por Ley de la Nación 23.511 el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), con el objeto de “obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos relativos a la filiación”. 

Desde que se formó, e incluso hasta el 2009, este organismo estaba bajo el mando del Poder Ejecutivo. A partir de la sanción de la Ley 26.548 se lo declaró autónomo y autárquico por lo que se determinó su traspaso a un edificio del MINCYT. La nueva sede de esta institución, organizada principalmente para la investigación, está equipada con laboratorios de última generación que permiten trabajar con una rapidez impensada en sus inicios.  

En la actualidad, el Banco alberga unas 9.000 muestras de material genético de familiares de personas que fueron secuestradas y desaparecidas durante la dictadura militar argentina, 295 grupos familiares con ADN en comparación y ha colaborado en 75 de las 127 restituciones que resolvieron las Abuelas de Plaza de Mayo hasta la fecha.

Creación.

Fue creado en 1987, un 13 de Mayo para ser preciso, por ley 23.511 en la Presidencia del Dr. Raúl Alfonsín con el fin de obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos relativos a la filiación.9
En particular la ley hacía referencia a los "niños desaparecidos o presuntamente nacidos en cautiverio" durante la dictadura militar que se sucedió entre 1976 y 1983. Se dispuso que funcionara en el Servicio de Inmunología del Hospital Carlos G. Durand.

En 2009 se promulgó la Ley 26.548 que modificó las atribuciones del BNDG. En primer lugar estipuló que su objetivo era el de garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos contra la humanidad cuya ejecución se haya iniciado en el ámbito del Estado nacional hasta el 10 de diciembre de 1983 Además le otorga las facultades de realizar investigaciones relativas a su objeto y de custodiar el archivo nacional de datos genéticos.

El BNDG, que pasa a depender el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, debe garantizar el cumplimiento de las facultades otorgadas a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI)

Fuente
: Wikipedia  




lunes, 23 de marzo de 2020

24 de Marzo. Lesa humanidad: cuando la ciencia hace justicia… @dealgunamanera...

24 de Marzo. Lesa humanidad: cuando la ciencia hace justicia…


El Banco Nacional de Datos Genéticos funciona en Argentina desde 1987 y fue el primero de este tipo en el mundo. Trabaja en 120 casos mensuales. Hay más de 300 personas en todo el país que aún no conocen su verdadera identidad.

© Escrito por Candela Ramírez el domingo 23/03/2019 y publicado por el Diario Digital El Ciudadano & la Región de la Ciudad de Rosario de Santa Fe, Provincia de Santa Fe de la Veracruz.

Una abuela se pregunta: ¿puede mi sangre servir para identificar un nieto? La ciencia del mundo se pregunta: ¿tenemos los recursos para dar esa respuesta? Alguien en alguna parte se pregunta: ¿quién soy? Son estas preguntas las que confluyen, y confluyeron, para que se puedan encontrar a hijas e hijos de personas desaparecidas y que fueron apropiados por la última dictadura cívico-militar.

El Banco Nacional de Datos Genéticos es un archivo sistemático de material genético y muestras biológicas de familiares de desaparecidos. Su trabajo sirve como prueba objetiva en el proceso de restitución de identidad de personas que fueron apropiadas y para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad. También sirvió como fundamento para la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final.

El robo de bebés fue una práctica sistemática llevada adelante por los militares en Argentina entre 1976 y 1983. Abuelas de Plaza de Mayo lideró la búsqueda de las personas que fueron secuestradas en su niñez junto a sus padres y madres o que nacieron durante el cautiverio de sus madres embarazadas. Fue la lectura de una noticia sobre un padre que negaba la paternidad lo que despertó la pregunta de una abuela: ¿podía su sangre servir para identificar a un nieto? La ciencia aún no tenía la respuesta.

Las Abuelas se reunieron con investigadores por todo el mundo hasta que llegó la respuesta: el índice de abuelidad, que es una fórmula estadística que establece la probabilidad de parentesco entre abuelos y nietos, a partir del análisis del perfil genético y que garantiza un 99,99 por ciento de eficacia.

Así, el Banco Nacional de Datos Genéticos –BNDG– se creó en 1987, cuando se sancionó la ley 23.511, durante la gestión de Raúl Alfonsín. Fue el primero en el mundo. En 2009 pasó a la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que hoy es una secretaría dependiente de la cartera de Educación. La compra de insumos y equipamiento necesarios para su funcionamiento es una política de Estado que continúa vigente.

Herencia e identidad

Daniel Alcázar es técnico en hemoterapia. Entró a trabajar en el laboratorio del BNDG en 1991 y desde 2001 se dedica a viajar por todo el país haciendo extracciones de sangre. Su trabajo es conseguir las muestras de personas que dudan de su identidad, que tengan familiares desaparecidos o que sean citadas en el marco de una causa judicial.

Le apasiona trabajar en el Banco aunque sea duro por la cantidad de historias que lo conmueven. Prefiere viajar en colectivo pero muchas veces, por las distancias y los tiempos, tiene que hacerlo en avión. Intenta hacer su trabajo rápido pero hay casos que le demandan quedarse varios días en un lugar, como cuando tiene que recorrer varios pueblos.

Alcázar viaja, viaja mucho. Es cansador porque muchas veces los resultados de las muestras no dan coincidencia. Entonces viaja, viaja de nuevo a ver si la muestra que sigue resulta en una nueva restitución. Junto con 30 personas más conforma el equipo del BNDG, que incluye bioquímicos, antropólogos forenses, biólogos moleculares, abogados y comunicadores, entre otras profesiones.

Además el trabajo de Alcázar consiste en escuchar. Del centro, del norte o del sur del país, las personas que conoce le comparten un retazo de la historia del país que hace eco en sus historias personales. Muchas veces escucha relatos de familiares de desaparecidos que le hablan de su pérdida, de ese dolor continuo. Otras, le cuentan cómo fueron los días en cautiverio y cuánto sufrieron. El daño del terrorismo de Estado es permanente, las secuelas individuales persisten. El daño al tejido social dura generaciones: la falsificación de identidad se hereda.

Hijas e hijos de desaparecidos ya rondan los 40 años. Muchos tienen hijos. Si fueron bebés apropiados y aún no recuperaron su verdadera identidad, quiere decir que hay una nueva generación que desconoce también su origen. De ahí la importancia de que más allá del gobierno de turno siga existiendo el BNDG: para que cualquier persona a la edad que sea pueda resolver las dudas que tenga sobre su identidad.

Ciencia al servicio de lo social

La directora del Banco, Mariana Herrera Piñero, cuenta que cuando una persona duda de su identidad puede acercarse a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) o a Abuelas de Plaza de Mayo. Ambos organismos acudirán al BNDG en caso de ser necesario.

Al mismo tiempo, el Banco recibe a personas que son citadas por la Justicia por investigaciones relacionadas con la apropiación de menores. “En 2018 organizamos jornadas de intercambio y capacitación con la CONADI y con la Unidad Especializada para causas de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. Fueron muy productivas y nos ayudaron a aceitar la labor diaria. El volumen de trabajo es muy grande, tenemos alrededor de 120 casos mensuales de jóvenes que dejan su muestra”.

Para la comunidad científica haber encontrado respuesta a la pregunta de Abuelas fue una forma de ponerse al servicio de lo social y de los derechos humanos luego de un siglo donde la ciencia muchas veces se usó en guerras y matanzas. Construir un Banco y no responder a cada caso de forma individual fue importante para el desarrollo científico y también para permitir la masividad de la búsqueda.

Herrera Piñero nombra también al Equipo Argentino de Antropología Forense que aporta perfiles genéticos de personas desaparecidas para que se puedan completar los grupos familiares del banco.

La directora destaca que los avances científicos de los últimos años son muchísimos. Recuerda que cuando se comenzaron a realizar los análisis de ADN en 1985 sólo se analizaban las características presentes en la sangre y se hacía de forma manual. Hoy los procesos son automatizados.

Cuenta que la genética forense avanza continuamente y por eso es importante que quienes forman parte del laboratorio se sigan capacitando. “Hoy podemos comparar la muestra de un posible nieto contra todos los grupos familiares que se encuentran a la búsqueda de un nieto o nieta a través de un software llamado Familias, en donde se carga el perfil genético de la persona analizada y desde allí se compara con toda la base de datos disponible”, explica.

Herrera Piñero plantea que el cálculo estadístico se ve reforzado en la medida en que los árboles familiares se encuentren más completos: es vital contar con la mayor cantidad de muestras de familiares posibles del núcleo cercano. “Por eso se creó un área de antropología forense que se ocupa exclusivamente de exhumar y extraer muestras de ADN de abuelos fallecidos que no lograron dejar su muestra y de posibles nietos que no llegaron a analizarse”.

Por otra parte, explica que los estudios que dan resultados negativos se registran como no inclusiones: “Esto quiere decir que el negativo surge de la comparación contra las familias que actualmente se encuentran cargadas en la base de datos. En la medida en la que se sumen nuevas familias que estén buscando un nieto o nieta o que se completen los árboles familiares, los perfiles de las personas que dudan de su identidad, estos jóvenes se vuelven a comparar para establecer si hay un nuevo match”.

El trabajo continúa

“Es una genialidad de las Abuelas haber pensado cómo encontrar sus nietos y dar con todo esto”, piensa Alcázar. Herrera Piñero coincide y agrega: “Este organismo es un legado de las Abuelas no solo para la restitución de nietos nacidos en cautiverio, sino para todos los países que sufrieron tragedias similares a las nuestras”. Actualmente el Banco trabaja con Colombia, Perú y El Salvador. En 2016 recibió a la agrupación nigeriana Bring Back Our Girls que busca a jóvenes secuestradas por un grupo islámico desde 2014.

La búsqueda de nietas y nietos es compleja porque una de las características principales de la represión militar fue su clandestinidad. No existen registros oficiales de cuántas personas fueron detenidas ni por dónde pasaron. Tampoco todos los familiares de desaparecidos saben si había un embarazo al momento del secuestro. Es posible que nunca hayan dado su muestra al Banco.

En el robo de bebés se pone de manifiesto la responsabilidad civil durante la dictadura: los grupos militares contaron con la complicidad de funcionarios civiles, médicos y auxiliares. Lugares como la ESMA o Campo de Mayo funcionaron como maternidades clandestinas, lo que permitió que la supresión de identidad fuera legitimada en los registros oficiales.

Hasta el momento los organismos recuperaron las identidades de 128 personas. Faltan más de 300. Se acerca el 43° aniversario del último golpe cívico militar, las heridas todavía no cierran.



sábado, 8 de febrero de 2020

¿Cuántos desaparecidos dejó la dictadura?... @dealgunamanera...

¿Cuántos desaparecidos dejó la dictadura? La duda que alimenta la grieta argentina

La organización Madres de Plaza de Mayo cifra las víctimas de la Dictadura en no menos de 30.000 entre muertos y desaparecidos. Fotografía: CEDOC

La división sobre el tema seguirá vigente mientras Argentina no reconozca unida que lo que sucedió fue una atrocidad de argentinos contra argentinos, sin importar si fueron 6.000 o 30.000.

© Escrito el viernes 07/02/2020  por Darío Silva D'Andrea y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos.


La petición de representantes de los organismos de Derechos Humanos al presidente Alberto Fernández para replicar una ley francesa que pena el negacionismo histórico demostró este jueves que el debate sobre el número de desaparecidos durante la última dictadura militar sigue sin cerrarse. En las redes sociales los usuarios ensancharon este jueves por la noche la “grieta” existente sobre el tema de los secuestrados y asesinados en la dictadura con consignas antagonistas, no exentas de burlas e ironías, como #NoFueron3000 y #Son30Mil: ¿pero cuál es la verdad?

La idea de implementar una ley contra el negacionismo fue abrazada por el presidente, que escuchó la propuesta al comienzo del periplo por Europa, más precisamente en Francia, donde recibió en el Hotel Regina a una veintena de argentinos que integran organismos de derechos humanos: la Asamblea de Ciudadanos Argentinos Residentes en Francia (ACAF), el Colectivo para la Memoria, H.I.J.O.S París y France Amérique Latine y Association des Amis est parents de françois disparus en Argentine.

En ese encuentro, los activistas le entregaron a Fernández la propuesta de replicar las normas francesas que penalizan el negacionismo del Holocausto, pero con la dictadura militar argentina. “Dijo que lo iba a estudiar. Nos comprometimos a entregarle un detalle pormenorizado de la ley antinegacionista que rige aquí en Francia. Acá no se puede decir a viva voz, en público, nada que implique la negación de crímenes contra la humanidad. Si andás por la calle con una esvástica, te penan”, explicó María Laura Stirnemann, de H.I.J.O.S. París.

"No está en el número, está en el hecho"

Las dudas sobre la cantidad exacta de personas desaparecidas nacieron el mismo primer día de dictadura, en 1976, y fueron alimentadas por personas de todas las posiciones. Los genocidas negaron varias veces en declaraciones públicas y entrevistas ser los responsables de la desaparición de personas, y dijeron que aquellos podían haber escapado por voluntad propia del país o asesinados por guerrilleros.

En 2003, el exdictador Reynaldo Bignone, dijo a la periodista francesa Marie-Monique Robin en el documental Escuadrones de la Muerte. La Escuela Francesa que “nuestro presidente [Néstor Kirchner] habla de 30.000, pero sólo fueron 8.000, de los cuales 1500 bajo el gobierno de ellos [peronistas]”

En 2012, durante una entrevista que le concedió al periodista Ceferino Reato, el exdictador Jorge Videla reconoció que "hubo chicos sustraídos, pero no fue un plan". "Yo soy el primero en reconocer que en ese período hubo chicos que fueros sustraídos, algunos con la mejor intención de que iban a una casa desconocida. Es un delito, pero no respondía a un plan sistemático. El gobierno no ordenó que se hiciera eso", dijo desde el Penal de Campo de Mayo, donde cumplía condena a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. "Sobre cuántos son, se podrá discutir, no está en el número, está en el hecho", afirmó.

El represor, líder del golpe del 24 de marzo de 1976 y gobernante de facto durante cinco años, dijo en la entrevista que los cuerpos de los asesinados fueron desaparecidos "para no provocar protestas dentro y fuera del país" y que los empresarios dijeron "'tendrían que haber matado a mil, a diez mil más'".


"No había otra solución", dijo Videla; "estábamos de acuerdo en que era el precio a pagar para ganar la guerra contra la subversión y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta. Había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la justicia ni tampoco fusiladas", dijo.

En la era de las redes sociales, el tema se volvió una provocación fácil: las frases “no fueron 30.000” y “son 6.000” son muy frecuentes. El caso más emblemático de los últimos años fue el del ex funcionario Darío Lopérfido, que cuando era ministro de Cultura porteño opinó que “en Argentina no hubo 30.000 desaparecidos” sino que “se arregló ese número en una mesa cerrada para conseguir subsidios”, lo que despertó una amarga polémica.

En respuesta, Estela de Carlotto, presidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, dio una explicación muy convincente, pero que no convenció a quienes, de un lado de la grieta, no quieren dar su brazo a torcer: “Nosotros manejamos esa cifra de 30.000 porque los propios genocidas lo llevaron a 45.000. Todavía estamos recibiendo denuncias de nietos que nacieron en cautiverio porque hay personas que se están animando ahora a contar la verdad. ¡Qué maldad empezar a manejar cifras! Que nos dé la lista de los que él piensa que son, si la tiene”.

"Pusieron ese número para poder apelar a la figura de genocidio"

El 20 de septiembre 2019 se cumplieron 35 años desde que la Comisión para la Desaparición de Personas (CONADEP) presentó el libro Nunca Más al presidente Raúl Alfonsin.

En sus páginas, el comúnmente denominado “Informe Sábato”, hacía un balance provisional de 8.960 desaparecidos forzosos durante la dictadura: “Si bien constan en los archivos de la CONADEP denuncias acerca de aproximadamente 600 secuestros que se habrían producido antes del golpe militar (...) es a partir de ese día que son privadas ilegítimamente de su libertad decenas de miles de personas en todo el país, 8.960 de las cuales continúan desaparecidas al día de la fecha”.

Se trataba de casos bien documentados, aunque Amnistía Internacional estimó en los ‘80 que el número de víctimas superaba las 15.000, mientras que las Madres de Plaza de Mayo siempre hablaron de no menos de 30.000 entre muertos y desaparecidos.


Voz experimentada en temas de derechos humanos y exintegrante de la Comisión, Graciela Fernández Meijide dijo, después de la polémica despertada por Lopérfido, recordó en un reportaje con el diario español ABC que en los gobiernos kirchneristas se dio como oficial el número de 30.000 desaparecidos, pero que la CONADEP solo pudo comprobar 7.954 casos.

“¡Cómo que no se sabe! Claro que se sabe, son todos los publicados por la Conadep”, dijo Fernández Meijide, que fue más allá: “Los exiliados en España habían formado la Comisión Argentina de Derechos Humanos. Entonces, no existía la figura de desaparición forzada”. Agregó que Eduardo Luis Duhalde, secretario de DDHH durante el gobierno de Néstor Kirchner, le contó que “pusieron ese número para poder apelar a la figura de genocidio y denunciar lo que estaba pasando”.

Según explicó la exintegrante de la CONADEP, Duhalde decidió convertir la “ficción” en versión oficial y colocó la cifra de 30.000 en un nuevo prólogo que escribió en 2006 para una nueva versión de “Nunca Más”, el libro que nombra a todas las víctimas del régimen militar registradas por la CONADEP: “De estos desamparados, muchos de ellos apenas adolescentes, de estos abandonados por el mundo hemos podido constatar cerca de 9.000. Pero tenemos todas las razones para suponer una cifra más alta, porque muchas familias vacilaron en denunciar los secuestros por temor a represalias. Y aún vacilan, por temor a un resurgimiento de estas fuerzas del mal”, escribió. 

“Pasaron los años, se acabó el miedo", responde Meijide: ¿Me van a decir que hay 20.000 familias que no han denunciado la desaparición de un miembro?”