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martes, 29 de diciembre de 2015

AFSCA: una intervención de Macri a la medida de Clarín… @dealgunamanera...

AFSCA: una intervención de Macri a la medida de Clarín…


Con la intervención al organismo que debía aplicar la Ley de Medios y el desplazamiento de Sabbatella, el gobierno le devuelve los favores a Clarín. La izquierda rechazó la medida y exige que se discuta en el Congreso.

© Escrito por Daniel Satur el sábado 26/12/2015 y publicado por http://www.laizquierdadiario.com de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ayer por la mañana el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad anunció la intervención por 180 días de la AFSCA y la AFTIC, los organismos que tienen a su cargo la aplicación de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital, respectivamente.

La decisión liquida, en los hechos, la autarquía de ambos entes y deja en manos del ministro radical el manejo de todo lo referente a regulación de medios, telecomunicaciones y nuevas tecnologías de la información.

Por la tarde Aguad denunció penalmente a Martín Sabbatella por no querer abandonar su cargo al frente de la AFSCA, donde tiene mandato legal hasta 2017.

Según lo indica el Decreto 236/2015, a partir de ahora la AFSCA quedará en manos del interventor Agustín Garzón mientras que el titular de la AFTIC, Norberto Berner (con mandato legal hasta 2019), será reemplazado por el interventor Mario Frigerio.

“Abuso de poder”

Aguad no sólo intervino la AFSCA sino que denunció penalmente a Sabbatella por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder”. Según la denuncia presentada en Comodoro Py, el dirigente de Nuevo Encuentro no hizo su trabajo según lo estipula la propia Ley de Medios; y por otro lado, al ser intervenido el organismo caducan los mandatos de sus autoridades, por lo que Sabbatella debería abandonar el cargo.

El decreto firmado por Macri, Aguad y el jefe de Gabinete Marcos Peña apela a una provocadora ironía para justificar la denuncia contra Sabbatella. Según el texto, pese a que la ley está vigente desde 2009, “no se han logrado avances significativos en el desarrollo de mecanismos destinados al cumplimiento de la materia”.

A su vez el decreto dice que “tampoco se ha cumplido satisfactoriamente el objetivo de posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones”, tal como lo fija la norma. Y afirma que, por otro lado, “se han verificado importantes decisiones adoptadas por la AFSCA y la AFTIC en el área de sus competencias que implicarían abiertos incumplimientos de las disposiciones legales vigentes”.

Así el macrismo se termina apoyando en la letra de la ley que combatió en el Congreso, en alianza con Clarín, para desplazar a Sabbatella y Berner de los puestos públicos que la propia ley creó.

Lo curioso (o no) es que Macri no hace más que ejercer un nuevo “abuso de poder”, ya que la intervención federal de un ente autárquico no es otra cosa que la aplicación forzada de la legalidad para satisfacer las necesidades del gobierno.

A pedido de Clarín

La intervención de la AFSCA y la AFTIC tienen el objetivo de concentrar el poder respecto a las comunicaciones y los medios en manos de un funcionario como Aguad, quien ostenta, más que un currículum, un verdadero prontuario, ligado estrechamente a genocidas y con una amplia experiencia represiva.

Sin dudas esta intervención por decreto y a los empujones busca beneficiar nada menos que al Grupo Clarín y sus aliados, quienes militaron todo el año en favor de Cambiemos y hoy están recibiendo la correspondiente compensación.

Y también la medida benefiará a las corporaciones telefónicas, que vienen reclamando modificaciones en la Ley Argentina Digital.

En ese sentido tanto la “adecuación” de Clarín a la Ley de Medios, así como todo cuestionamiento a su poder económico y mediático, nunca fueron llevadas adelante por el kirchnerismo. Incluso los artículos más ‘progresivos’ no se aplicaron o se violaron directamente. Todo esto, bajo el amparo de las autoridades de AFSCA”. Con estas medidas de Macri directamente quedarán en el olvido.

Antes y ahora, la democratización bien gracias...

En este diario se han analizado reiteradamente los límites objetivos que tiene la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en cuanto a la capacidad de “democratizar las comunicaciones” y acabar con la concentración mediática que hace décadas está en manos de un puñado de corporaciones.

Más allá de los discursos, el gobierno de Cristina Fernández se fue sin haber transformado sustancialmente el mapa de medios a nivel nacional y sin haberle arrebatado, mucho menos, el enorme poder a Clarín.

Por el contrario, el accionar del gobierno kirchnerista desde 2009 -cuando rompió su alianza con Magnetto- hasta su retirada, fue tendiente a fortalecer y sostener (con jugosos fondos públicos) a una caterva de empresas mediáticas aliadas, entre cuyos exponentes más visibles se encuentran Cristóbal López y Sergio Szpolsky.

Ni siquiera Cristina y Sabbatella hicieron efectiva la ocupación del 33 % del espectro radioeléctrico por parte de canales de TV y radios pertenecientes al sector “sin fines de lucro”, donde se agrupan cooperativas y organizaciones sociales que apoyaron con entusiasmo la Ley de Medios desde sus inicios.

Vale aclarar que la asignación de licencias para ese “tercio” del espectro como otras tantas medidas en favor de medios comunitarios y populares no estaba prohibida por ninguna medida cautelar. Fue una decisión política del kirchnerismo apostar a “combatir” a Clarín creando nuevas “corpos” con financiamiento estatal, dejando al mismo tiempo libradas a su suerte a infinidad de experiencias comunicacionales alternativas e independientes.

La izquierda rechaza la intervención

Apenas conocido el decreto por el cual se intervienen la AFSCA y la AFTIC, las voces de repudio se multiplicaron. Uno de los primeros en criticar la medida fue el investigador Martín Becerra, quien escribió que “la decisión anunciada por Aguad invoca la legitimidad y el consenso pero se realiza en ausencia de diálogo previo con fuerzas políticas y sociales (que no sean sólo los actores empresariales más grandes) y desemboca en una intervención parecida a la vendetta”.

En un sentido similar, desde el PTS y el Frente de Izquierda se hizo público el rechazo a la medida, por considerarla “arbitraria, hecha a pedido y a la medida de Clarín y las grandes corporaciones mediáticas que hoy apoyan a este Gobierno”.

Así se expresó el ex candidato presidencial del FIT Nicolás del Caño, quien aclaró sin embargo, que este rechazo no significa avalar lo hecho por el kirchnerismo en materia de medios de comunicación.

“Siempre hemos sido muy críticos de la llamada ‘Ley de Medios’ y hemos denunciado que el gobierno saliente creó un sistema de medios propios (ayudado por la pauta oficial), que no democratizó el acceso a la información, al margen de que nunca se dieron espacios a la izquierda. Además, mantuvo intactos el poder esencial de las grandes corporaciones (incluso los artículos más ‘progresivos’ de la ley no se aplicaron o se violaron). Todo esto, bajo el amparo de las autoridades de AFSCA”, sintetizó Del Caño.

A su vez la diputada nacional del PTS/FIT Myriam Bregman manifestó “en este caso, como en el conjunto de las medidas que viene tomando el nuevo gobierno, el método de Mauricio Macri es tomar todas las decisiones vía decretos de necesidad y urgencia (o resoluciones ministeriales) pasando por encima de cualquier mínima discusión democrática en el Congreso”.

“El gobierno que construyó un relato supuestamente ‘republicano’ del ‘diálogo y el consenso’ ahora suma intervenciones arbitrarias a la catarata de decretazos que viene aplicando”, enfatizó Bregman.

En ese sentido, la ex candidata a vicepresidente del FIT exigió “que esta cuestión sea debatida en el Congreso. Los legisladores del PTS y el Frente de Izquierda, contamos con representación parlamentaria y un programa para terminar con los monopolios mediáticos, tanto estatales como privados. Exigimos el derecho democrático elemental a la discusión en el Congreso donde expresamos la voz que también desarrollamos en la movilización callejera, ante un tema que es de suma importancia para los trabajadores y las mayorías populares, como es el de los medios masivos de comunicación y el derecho a la información”.

Nostalgias

El ministro Aguad, tal como lo hiciera en 1999 en la ciudad de Corrientes, vuelve a hacerse cargo de una “intervención” desde el Estado nacional. Esta vez en materia de telecomunicaciones y nuevas tecnologías.

No caben dudas de que “el Milico” está en su salsa. Lejos de todo barniz “republicano” e “institucionalista”, su flamante gestión se propone brindarle un sentido homenaje a la vieja Ley de Radiodifusión 22.285 (dictada por Videla y Martínez de Hoz en 1980 y vigente hasta 2009), que durante décadas fue aplicada por sucesivos “interventores” del COMFER.

Esa misma “ley”, con sus modificaciones en democracia, permitió la conformación de un puñado de poderosos conglomerados mediáticos. Entre ellos, obviamente, el Grupo Clarín, el mismo que ahora festeja sin disimulo cada nueva intervención arbitraria del gobierno de Macri. Un gobierno que, como afirmó Myriam Bregman, arrancó a decreto limpio “pasando por encima de cualquier mínima discusión democrática en el Congreso”.

¿Te acordás hermano...?

Muy lejos quedaron los tiempos en que Martín Sabbatella y Oscar “el Milico” Aguad compartían proyecto político. En diciembre de 1999 ambos integraron la Alianza que llevó a De la Rúa a la presidencia. Por entonces el joven del PC asumía como intendente de Morón y el radical cordobés se sumaba a la intervención de la provincia de Corrientes (de donde se iría en 2001 con una denuncia por el robo de 60 millones de dólares).

Dieciseis años después Sabbatella y Aguad se encuentran enfrentados y en el centro de la tormenta. Mientras el ex intendente de Morón se niega a dejar su cargo al frente del organismo intervenido, el Ministro de Comunicaciones encara la intervención a cara de perro.

domingo, 27 de diciembre de 2015

Comerse al caníbal… @dealgunamanera...

Comerse al caníbal…

KKREO, Martín Sabbatella. Dibujo: Pablo Temes

El mamarracho de la Ley de Medios no justifica el decretazo a Sabbatella, como Cristina con Redrado.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 27/12/2015 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ocurrió en enero de 2010. Cristina Fernández de Kirchner se había enojado profundamente con el presidente del Banco Central, Martín Redrado, quien se había negado a autorizar el uso de reservas federales para hacer frente a uno de los tantos pagos de la deuda externa que debía realizar el Gobierno. Ante la actitud del hoy referente económico del Frente Renovador, la entonces presidenta no dudó en echarlo a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Ello dio origen a una gran controversia y le valió a CFK una fuerte crítica desde todos los sectores de la oposición. Luego de una batalla que incluyó recursos de amparo, Redrado fue desplazado de su cargo y reemplazado por Mercedes Marcó del Pont.

El episodio que acaba de culminar con el desplazamiento del titular de la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, tiene demasiadas similitudes con el que protagonizó Redrado. Lo delicado del tema no pasa por las críticas que tal proceder originó en un grupo reducido al núcleo del kirchnerismo duro, sino en su significado republicano.

Vayamos por partes. La Ley de Medios es un engendro nacido de las afiebradas mentes del matrimonio Kirchner a partir del enfrentamiento contra el grupo Clarín nacido durante la crisis con el campo en 2008 a raíz de la Resolución 125. Los objetivos de la ley eran no sólo la destrucción de Clarín y la desaparición de TN, sino también la creación de una red de medios públicos y privados afines al kirchnerismo. Toda esa maniobra tenía un solo objetivo: la permanencia en el poder por veinte años. Ese sueño, que tuvo un primer golpe con el fallecimiento de Néstor Kirchner, se terminó de pulverizar con el ballottage del 22 de noviembre pasado que ganó Mauricio Macri. Las arbitrariedades cometidas en la Afsca han sido groseras y cuantiosas.

Sabbattella, hombre no querido en el seno del peronismo, convirtió al organismo en un nicho para colocar militantes de su partido –Nuevo Encuentro–, y de militantes kirchneristas. Las decisiones se regían por el manual de procedimientos K, es decir, la imposición por sobre los consensos. En el fragor de los días previos a decretarse la intervención, hubo negociaciones en las que participó Miguel de Godoy, que se encontró con la posición irreductible del hoy desplazado funcionario.

Dicho esto, el procedimiento utilizado fue malo. El Gobierno eliminará la Afsca y la Aftic (Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) basándose en un decreto de necesidad y urgencia (DNU).

Desde el punto de vista conceptual y republicano, es un procedimiento reprochable ya que ambos organismos han sido creados por sendas leyes aprobadas por el Congreso. Por lo tanto sólo pueden ser eliminados a través de una nueva ley o de un DNU convalidado por el Parlamento, circunstancia que aún no ha ocurrido. De haberlo hecho CFK, quienes hoy promueven esta medida hubieran sido los primeros en haberla criticado.

Como lo dijo el gran constitucionalista Germán Bidart Campos, “... es la manía del ‘decretismo’ síntoma de una tendencia autoritaria que refuerza con desmesura al sistema presidencialista, y frustra los intentos que con la reforma se hicieron para modelarlo y matizarlo”.

El saneamiento de la economía representa el gran desafío a enfrentar por el Gobierno. Hasta aquí las cosas le van saliendo bien.

La eliminación del cepo ha representado un test del cual ha emergido airoso. El valor del dólar quedó lejos de los 20 pesos que presagiaban los agoreros del kirchnerismo y la cotización a 13,40 que hubo al cierre de las operaciones el jueves pasado lo ubica por debajo de lo que se pagaba en el mercado paralelo el último día de la gestión de CFK. Es claro, además, que las autoridades económicas entienden que enamorarse de un dólar bajo con tasa de interés que los bancos ofrecen por los plazos fijos del 30% al 40% constituiría un error grave y grosero. Eso ya pasó en la Argentina y sus consecuencias fueron catastróficas para todos.

Si con el correr de los meses esta situación se mantuviese, la economía se encaminará hacia una inexorable recesión. La solución al problema de la inflación exige el desarrollo de un plan integral. Eso es lo que todavía no hay o, al menos, no se conoce. Se sabe que el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, está trabajando intensamente en ello. Otro de los funcionarios que también está involucrado en el asunto es el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.

El combate contra la inflación exige la reducción y eliminación del déficit fiscal. Lo cierto es que las medidas adoptadas hasta aquí por el flamante gobierno, lejos de reducirlo, lo han aumentado. Eso es lo que representan la eliminación de las retenciones a las exportaciones de trigo, maíz, girasol y carne, la reducción del 5% a las retenciones de la soja, junto con la exención del mínimo no imponible al medio aguinaldo de los salarios que alcancen hasta los 30 mil pesos.

Un párrafo aparte merecen los nichos de corrupción que el nuevo gobierno va encontrando a medida que va adentrándose en el conocimiento del funcionamiento de los distintos estamentos de la administración pública. El copamiento del Estado que llevó adelante el kirchnerismo durante los 12 años de permanencia en el poder ha sido de una vastedad y una complejidad que impactan.

Dependencias superpobladas de empleados y empleados que asisten de vez en cuando a sus lugares de trabajo son parte de la pesada herencia recibida por el nuevo gobierno. “Nadie piensa, donde todos lucran; nadie sueña, donde todos tragan” (José Ingenieros).

Producción periodística: Guido Baistrocchi.