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sábado, 3 de diciembre de 2016

La Comisión Interamericana de DDHH pide liberar a Milagro Sala… @dealgunamanera...

La Comisión Interamericana de DDHH pide liberar a Milagro Sala… 


El organismo internacional urgió al oficialismo a dar "pronta respuesta" a la resolución del grupo de la ONU. La respuesta del Gobierno.

© Publicado el viernes 01/12/2016 por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado argentino a dar "pronta respuesta" a la decisión del grupo de trabajo de Naciones Unidas, que calificó la detención de la dirigente social Milagro Sala de "arbitraria" y pidió su "liberación inmediata".

En un comunicado, el organismo dependiente de la OEA señaló que Sala "es una conocida líder de la sociedad civil" y que fue detenida "en el contexto de una protesta social".

En el documento, la CIDH citó que "la protesta es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión que debe ser facilitado y no sujeto a criminalización u otras formas de represión", además de recordar recientes manifestaciones del titular de la OEA, Luis Almagro, en favor de la liberación de la líder de la Tupac Amaru.

Desde el Gobierno indicaron que "toman nota de lo señalado en dicho comunicado y, tal como se hiciera con la opinión que emitiera el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se notificará de inmediato su contenido a la Justicia de la provincia de Jujuy para su conocimiento y acción, para que tome la intervención que corresponda". 

A su vez, el comunicado de la Cancillería manifestó que el país "ha adoptado todas las medidas a su alcance de conformidad con las normas constitucionales aplicables, con las especificidades propias de un Estado federal". "La Argentina, como indica el comunicado de la CIDH, reafirma su compromiso histórico con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y su voluntad de seguir trabajando en conjunto con los Organismos Internacionales", señaló el ministerio encabezado por Malcorra para agregar que "confía que la Comisión aceptará la invitación que se le formulara para visitar la Argentina y en particular Jujuy a fin que sus integrantes puedan tomar contacto directo con los distintos actores y sectores sociales, políticos y judiciales de dicha provincia que se encuentran vinculados al caso de la Sra. Sala".

A continuación el comunicado de prensa completo: 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urge al Estado de Argentina a dar pronta respuesta a la decisión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria (Grupo de Trabajo) que califica la detención preventiva de Milagro Sala como arbitraria llamando a su liberación inmediata.

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, en su opinión 31/2016 publicada el 21 de octubre anterior, determinó que la detención preventiva de Milagro Sala desde el 16 de enero fue arbitraria y violatoria de los estándares del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Argentina es parte.

Milagro Sala es una conocida líder de la sociedad civil en la provincia de Jujuy quien fue detenida en el contexto de una protesta social. La Comisión y su Relatoría Especial han reiterado que la protesta es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión que debe ser facilitado y no sujeto a criminalización u otras formas de represión. Si bien una orden judicial dispuso la libertad de Milagro Sala, ella no salió en libertad pues se le imputaron otros cargos mediante decisiones judiciales bajo la jurisdicción de la provincia de Jujuy.

La Presidencia del Parlamento de MERCOSUR ha manifestado que la detención de Milagro Sala es una obstrucción para cumplir la función como parlamentaria para la que fue electa en diciembre de 2015. Diversas organizaciones de la sociedad civil han denunciado que su detención está motivada políticamente. Más recientemente, el 28 de noviembre, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, hizo un llamado al Estado argentino a tomar acciones para liberarla.

La CIDH ha seguido de cerca esta situación en el marco de una solicitud de medidas cautelares. La Comisión ha solicitado y recibido información a las partes en múltiples ocasiones. La sociedad civil ha manifestado su preocupación con este caso, y las autoridades argentinas han reafirmado su compromiso histórico con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y han realizado una invitación a la CIDH para visitar Jujuy con el objetivo de recolectar información y entrevistar a Milagro Sala.

En su Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, la CIDH reiteró que la presunción de inocencia es la base para la regla general de que “toda persona sometida a proceso penal debe ser juzgada en libertad”. La prisión preventiva es excepcional, solo puede extenderse por un período razonable y no puede ser usada como una medida punitiva.

Considerando el mandato y la decisión del Grupo de Trabajo y la necesidad de que los Estados actúen para asegurar que las recomendaciones de los mecanismos de protección internacional de los derechos humanos sean puestas en práctica, la CIDH expresa su preocupación con respecto a la detención preventiva prolongada de Milagro Sala, y llama al Estado argentino, en particular a la provincia de Jujuy, a tomar acciones urgentes para responder las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos y elegidas por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.








domingo, 28 de febrero de 2016

La extorsión… @dealgunamanera...

La extorsión…


La Procuraduría contra la violencia institucional dictaminó que la fiscal y los dos jueces jujeños privaron en forma ilegítima de su libertad a Milagro Sala. Una causa indecorosa donde no se dejó ilegalidad por cometer. El gobierno provincial controla a la justicia jujeña y el gobierno nacional a ambos. Dos enviados de Macrì visitaron a la parlamentaria detenida para proponerle que pidiera la detención domiciliaria. Sala no aceptó la extorsión. También apuntan contra Cristina.

© Escrito por Horacio Verbitsky el domingo 28/02/2016 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante la audiencia con los organismos defensores de los Derechos Humanos, el presidente Mauricio Macri negó que Milagro Sala fuera una presa política y defendió la presunta imparcialidad de la justicia jujeña. Nada en las causas mal armadas en su contra respalda esta afirmación. Por el contrario, deja en evidencia la escandalosa manipulación judicial al servicio de un escarmiento a los movimientos sociales, que Macri convalidó en forma explícita en reiterados encuentros con el gobernador Gerardo Morales. 

El ministro de Justicia Germán Garavano dijo que el gobierno seguía el tema con preocupación y el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj informó a los visitantes que había enviado emisarios a entrevistarse con Sala. Lo que no dijo entonces es que llevaron una propuesta extorsiva a Jujuy: le sugirieron a la dirigente de la organización barrial Tupac Amaru que solicitara la detención domiciliaria, antes de que Macri viajara a Italia para su audiencia de ayer en el Vaticano. Esta es una implícita confesión del control que tiene el gobierno nacional sobre las decisiones de la justicia jujeña. 

La ofensiva oficial también se cierne sobre CFK, como claman los arietes mediáticos. El fiscal general Ricardo Sáenz dictaminó para ello que su colega Natalio Alberto Nisman fue asesinado, y el juez federal Claudio Bonadío citó a la ex presidente, a su ministro de Economía Axel Kicillof y al ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli. 

La intención del intrépido doctor Glock es penarlos por las pérdidas que la devaluación dispuesta por Macrì, Alfonso de Prat Gay y Federico Sturzeneger le produjo al Banco Central, en la operatoria con dólares a futuro. El caso de Sala ejemplifica los extremos a los que está dispuesta a llegar la nueva administración, con el beneplácito de los poderes fácticos que intentan hacer su propio Nunca Más.

La peor violencia

El fiscal federal de San Salvador, Federico Zurueta, recibió la denuncia por privación ilegal de la libertad realizada por varios diputados al Parlasur y la remitió a la Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN). Su titular, el fiscal general Miguel Angel Palazzani, y su adjunto, el fiscal ad hoc José Nebbia dictaminaron que Milagro Sala es “víctima de la peor violencia: la violencia institucional, que proviene precisamente del último refugio que puede encontrar un ciudadano frente al poder estatal: los jueces y los fiscales.

Cuando es justamente ese poder estatal el que comete la ilegalidad y ejerce violencia el desamparo es absoluto”. La PROCUVIN constata que no se inició el proceso de desafuero ni se dictó la inconstitucionalidad del artículo 16 de la ley 27.120, por el cual los parlamentarios del Mercosur gozan de las mismas inmunidades que los diputados nacionales. Y según el artículo 69 de la Constitución, ningún legislador puede ser arrestado, desde el día de su elección, salvo si fuera “sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva”, cosa que ostensiblemente no ocurre en este caso. Como esta norma se aplica a Milagro Sala desde el día de su elección, el 25 de octubre de 2015, su privación de la libertad no es legítima. 

Los magistrados jujeños podían declarar inconstitucional la norma y recién entonces proceder contra Sala, o considerarla vigente e iniciar el procedimiento de desafuero. Palazzani y Nebbia concluyen que “ante la evidente ilegalidad e ilegitimidad de la detención de una diputada del Parlasur amparada por la inmunidad de arresto, se impone la urgente e inmediata resolución que ordene su libertad, para, entre otras cosas, hacer cesar los efectos de un delito que se está perpetrando mientras persista la situación actual” y esa es la única forma de regreso “a la legalidad constitucional y a la racionalidad jurídica”. 

Mientas eso no ocurra, el Estado Argentino está en riesgo de ser denunciado en los foros internacionales por la flagrante violación de normas constitucionales y convencionales”. En consecuencia, dictaminaron que los jueces provinciales Raúl Gutiérrez, Gastón Mercau y la fiscal provincial Liliana Fernández de Montiel habrían incurrido en los delitos de acción pública por prevaricato, privación ilegal de la libertad por más de un mes (artículos 269, 142 inciso 5 y 144 bis inciso 1 del Código Penal) por lo que corresponde impulsar la acción penal y formular requerimiento de instrucción en contra de los tres. Con ese dictamen, el requerimiento debe ser presentado por el fiscal Zurueta. Mercau acaba de rechazar una solicitud de cese de la detención presentado por los abogados de Sala, con los mismos fundamentos que el dictamen de la PROCUVIN.

Las ilegalidades

La privación ilegal de la libertad es inocultable en una causa judicial indecorosa de principio a fin. Estas son algunas de las ilegalidades que constan en el expediente, al que tuvo acceso el abogado de Milagro Sala, Luis Paz:

- El Código Procesal Penal indica que la investigación penal preparatoria debe ser practicada por el juez, y no por el fiscal, si uno de los imputados es legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero. Es el caso de Milagro Sala, legisladora del Parlasur, y de Mabel Balconte, diputada provincial. Sin embargo, durante todo enero la investigación estuvo en manos de la fiscal y recién se hizo cargo el juez el 29 de enero, luego de la detención de Sala y de los allanamientos.

- Aunque la denuncia por el acampe frente a la casa de gobierno, presentada al quinto día de instalado Morales, era por “instigación a cometer delitos y sedición”, las medidas practicadas por la inteligencia policial tendían a identificar a los acampantes y establecer qué cooperativas se habían acogido al reempadronamiento del “programa de regularización y transparencia” del gobierno provincial.

- La fiscal de Feria Liliana Fernández de Montiel presentó el pedido de detención de Milagro Sala y de otros dirigentes de la Tupac Amaru a las diez menos veinte de la noche del viernes 15 de enero.

- El Juez de control Raúl Gutiérrez lo aceptó pocas horas después, en la madrugada del sábado 16, y delegó su ejecución en el Ministro de Seguridad de Morales, Ekel Meyer. Con la satisfacción del deber cumplido, ese mismo sábado Gutiérrez pidió licencia “a partir de este momento”.

- En rotunda demostración de la laboriosidad de los colaboradores del nuevo gobierno, ese sábado estaban trabajando en su despacho el secretario del tribunal superior, Víctor Amado, y su Presidente, Clara Langhe de Falcone, ex diputada de la UCR.

- Antes de las cuatro de la tarde del sábado esta jueza designó para suplir a Gutiérrez al juez Gastón Mercau. Como la Acordada no explica por qué razón lo eligió descartando otras opciones, los piensa mal y acertarás entienden que fue porque es su yerno, para que todo quedara en familia política.

- A las cinco y media de la tarde, el Fiscal de Estado invocó instrucciones del gobernador Morales para solicitar orden de desalojo, no de un lugar sino de Milagro Sala, quien en ese momento ya estaba detenida en la Comisaría de la Mujer.

- También es asombrosa la capacidad de trabajo de la fiscal multitasking Liliana Fernández de Montiel, quien podría dar un curso para optimizar el rendimiento: el mismo viernes 15 de enero desde la tarde y hasta las 21.55 (es decir mientras escribía la solicitud de detención contra Milagro, que presentó a las 21.40) tomó tres declaraciones y asistió a nueve denunciantes para abrir una nueva causa contra la dirigente social.

- La razón de tanto apuro y las huellas del burdo procedimiento marcadas en cada foja del expediente están en la Acordada 213 del Superior Tribunal, del 23 de diciembre de 2015: el 15 de enero a medianoche terminaba el turno de feria de Liliana Fernández de Montiel, quien a partir del 16 sería reemplazada por el fiscal Aldo Lozano. Sin embargo, Lozano nunca intervino, sin que en el expediente se explicara por qué, y siguió actuando Fernández de Montiel, quien sólo tiene competencia en el fuero de Menores, por lo que no podía ser parte en esta causa.

- Tampoco surge de las actuaciones por qué el yerno siguió a cargo una vez vencida la licencia de cuatro días del juez Gutiérrez. Fernández de Montiel y Mercau constituyeron la fuerza judicial de tareas del gobernador Morales para escarmentar a los movimientos sociales.

- Este es un modus operandi de la justicia jujeña. En 2011, el juez de feria de San Pedro, Jorge Samman ordenó el desalojo de las familias asentadas pacíficamente en terrenos del ingenio Ledesma, lo cual produjo tres muertes. La ley orgánica del poder judicial de Jujuy define que la competencia de los juzgados de feria es de excepción y sólo para asuntos urgentes, dentro de los cuales no caben los acampes pacíficos de entonces ni el de la Plaza de San Salvador ahora.

- El 29 de enero, se notificó a Milagro el cese de su detención por el acampe, pero no recuperó su libertad. Según la Acordada de feria el juez Mercau debía iniciar su licencia el 1 de febrero “sin excepción de ninguna naturaleza”, para ser reemplazado en el expediente por alguno de los dos restantes jueces de control. Pero con el entusiasmo que la administración esperaba de él, Mercau siguió en funciones para dictar una nueva orden de detención contra Milagro.

- Esta nueva causa se había iniciado el 15 de enero con la presentación espontánea ante la fiscal Fernández de Montiel de nueve personas, que entre las 18.30 y las 21.55 denunciaron hechos ocurridos en 2012, 2013, 2014 y 2015, es decir sin la urgencia requerida para habilitar la feria judicial de enero.

- La acordada 213 fijó además que los asuntos de feria sólo se despachan de lunes a viernes, de 8,30 a 12,30. Ninguno de esos requisitos se cumplió, porque la orden política de perseguir a Milagro Sala no respetó leyes, convenciones, competencias ni formalidades.

- El 14 de enero Morales dijo que se había reunido con los dirigentes de distintas cooperativas a quienes “para llevar tranquilidad” les dijo que a los acampantes se les suspendería la personería y se les impondría una multa de 100 mil pesos. Identificó entre sus interlocutores a los dirigentes de las cooperativas Organización Barrial Mariano Vera (Cristian Chorolque), Fuerza Jujeña (Julia Gutiérrez), Argentina Grande Disidente (Jorge David Lamas), Pan y Trabajo (Américo Celestino Romay) y 8 de Octubre (José Daniel Orellana).

- ¡Oh, casualidad!, al día siguiente los cinco se presentaron ante la superfiscal y denunciaron bajo juramento haber cobrado dinero por obras que no hicieron. Es ostensible la extorsión a la que fueron sometidos. ¿Alguien les avisó que de este modo se autoincriminaban?

- El Fiscal de Estado y el hermano de Gerardo Morales, designado como Presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo jujeño (IVUJ), eligieron para presentar nuevas denuncias a Fernández de Montiel, pese a que según la Acordada 213 su turno había terminado el 15 de enero.

- Estas nuevas denuncias se acumularon a las anteriores, sin fundamento. Una vez más se presentaron fuera del horario de tribunales, como si se tratara de una cuestión urgente, cuando los hechos denunciados ocurrieron un año antes.

- Estas denuncias abarcaron 14 convenios firmados entre el IVUJ y distintas cooperativas y un convenio de tres cooperativas por el Plan Federal “Mejor Vivir II”. La única vinculación con Milagro Sala es que varias de esas cooperativas “tienen domicilio en la propia sede central de la Tupac Amaru”. La identidad de domicilio aún no es un tipo penal.

- La última de esas denuncias es la que ganó abusiva difusión en la televisión oficial: por el convenio del Mejor Vivir, en diciembre los cooperativistas cobraron un anticipo por obras que, en enero no se habrían iniciado.

- Ese fue el único fundamento por el cual la fiscal Fernández de Montiel pidió y el juez Mercau ordenó, ambos el 26 de enero, la detención de Milagro Sala y de tres de los cooperativistas autoincriminados.

- No hay otro cargo contra Milagro Sala que los dichos difusos, sin indicaciones temporales, ni testigos, de aquellos primeros irregulares denunciantes y la sede social compartida con algunas cooperativas denunciadas por la firma de convenios con irregularidades administrativas.

- En todo el expediente no hay una sola prueba de la intervención de Milagro en aquellos hechos, ni elementos que puedan justificar las figuras delictivas elegidas por el gobierno de Morales: defraudación contra la administración pública, extorsión y asociación ilícita.


La sugerencia extorsiva a Milagro, para que se resigne al atropello y se encierre en su casa, es la frutilla sobre este postre de arbitrariedades e ilegalidad.


domingo, 14 de octubre de 2012

Reportaje a Leandro Despouy... De Alguna Manera...


"El Gobierno ha aniquilado los organismos de control"…

Opinión. "Yo creo que hay razones coyunturales, estructurales y también la actitud epidérmica del gobierno respecto de todo lo que signifique control".

Reportaje a Leandro Despouy. El abogado y dirigente radical explica por qué el oficialismo quiere destituirlo de la presidencia de la Auditoría General de la Nación (AGN), y recuerda que desde la gestión de Néstor Kirchner se ignoran los informes del organismo, como el que advertía sobre los riesgos de que se produjera un accidente como el de Once.

Un hombre de carácter (de los primeros que volvieron del exilio cuando la democracia y, luego, en los 90 permaneciendo en soledad en Haití como cabeza de la delegación de la OEA, pese a la revolución que azotaba la isla) hoy recibe los intentos kirchneristas de echarlo de la Auditoría General de la Nación.

—Hace pocas horas usted tuvo un apoyo masivo de la oposición –recordamos–. Esto no es frecuente, ¿por qué piensa que se ha desencadenado ese ataque masivo del Gobierno contra su permanencia en la Auditoría? ¿Es acaso porque la catástrofe del Sarmiento, en febrero, ha puesto al desnudo el destino de cuantiosos subsidios que usted ha investigado?
—Yo creo que hay razones coyunturales, estructurales y, también, la actitud epidérmica del Gobierno respecto de todo lo que signifique control y, sobre todo, control creíble. Porque aquí no se trata de que haya solamente informes de la Auditoría. Hoy los informes de la Auditoría son comentados, transmitidos y comunicados y, al mismo tiempo, fuente de una actuación importante de la Justicia. Entonces, responder a la pregunta de si es meramente epidérmico o es un brote propio de un Gobierno que no acepta el control corrobora el hecho de que ha aniquilado ¡a todos los organismos de control! Los ha destruido. Los ha adormecido y podríamos hablar de ejemplos muy concretos. Pero, también, yo creo que hay situaciones muy específicas. Ahora bien, saber si esta actitud obedece a las auditorías que hemos aprobado, significaría que estamos hablando de la gota que rebalsa el vaso. ¿Y por qué digo esto? Pues porque fue realmente intempestivo el comportamiento de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas después de haberme reconocido siempre. Hace de esto más de diez años… Y, un día, ¡de golpe, me dice que no soy más auditor general desde los dos últimos años! Bueno, esto es un acto destitutivo infundado y no tiene ninguna solvencia ni siquiera como explicación lógica. Más allá de la ausencia de competencia jurídica. Pero son auditorías que están marchando; que han servido de fundamento a muchas decisiones.

—Pero también ustedes han presentado otras auditorías.
—Sí. Y la Comisión Parlamentaria Mixta las ha enviado al Congreso, las ha aprobado. Por ejemplo, hay un informe sobre la Oncca (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) que es realmente muy importante. Es todo un estudio que hemos hecho sobre la ejecución presupuestaria. La forma con la que se manejaban, por ejemplo, con apuntes, ¡miles de millones de pesos! Sin embargo, no logramos que el Congreso lo pueda tratar. Seguramente ellos, la Comisión Parlamentaria Mixta, sabían que yo plantearía este tema. Y otra de las cosas que no tiene explicación es que no traten la cuenta de inversión. Es cierto que hay observaciones muy serias de parte de la Auditoría en la cuenta de inversión. Pero es irracional que no lo traten teniendo ellos mayoría como para un debate. Ahí hay algo difícil de entender porque eso daña mucho al Ejecutivo. Imagínese, no tratar los informes.

— ¿Desde cuándo no se tratan los informes?
—Prácticamente desde la gestión de Néstor Kirchner. Tampoco en la de Cristina.

— ¿Cuáles son los informes que no se trataron en la gestión de Néstor?
—Por ejemplo, los que corresponden a sus tres últimos años. Y todos los de Cristina Kirchner… entonces, yo me pregunto, ¿acaso la Presidenta no suele decir “a mí me interesa que me indiquen cuándo hay alguna situación y no que me anden criticando”? Bueno, lo que indico yo, como auditor general, es decirle que “no hay explicación de que, teniendo usted la mayoría, no trate los informes y los dictámenes acerca de cómo han ejecutado el presupuesto”. Es cierto que hay observaciones porque aparece muy probado que hay un presupuesto que se aprueba y un presupuesto que se ejecuta. Pero, bueno, le estoy dando un ejemplo claro de algo que no tiene explicación. Creo que habría un interés mayúsculo de parte del Ejecutivo para que se trate mientras Cristina cumple las funciones de Presidenta. Pero, si no lo hace, si alguien desconoce que su propia mayoría no impulsa el tratamiento de esas cuestiones. ¿Será también por algunas auditorías que vienen? ¿Por qué no pensar en eso?

— ¿Cuáles son las que vienen?
—Le explico: de las que ya hemos hecho, la auditoría que acabamos de realizar y que he mandado a la Comisión Parlamentaria Mixta. De ésas, una sola fue aprobada por la Comisión y enviada al Congreso. Otras son las que nosotros enviamos y que la Mixta no trata. Por ejemplo, la cuenta de inversión, y otras, como acabamos de enviar recientemente, acerca de la Asociación Tupac Amaru de Milagro Sala. Allí aparecen las mismas desviaciones que en todos los programas de vivienda.

— ¿Tipo los programas de vivienda de Hebe de Bonafini?
—En el caso de Sueños Compartidos, allí todavía estamos auditando. Pero en los otros, en los que ya hemos concluido, como Tupac Amaru no solamente hay un problema en la calidad de las viviendas, sino que vemos esencialmente una ausencia de rendición de cuentas, un manejo discrecional de los fondos y una forma de ejecución dentro de la cual se manejan con cheques diríamos… privados… Cheques de 50 mil pesos, por ejemplo, lo que permite que los reciba la Tupac Amaru y pueda distribuir todos los fondos de acuerdo a un manejo no registral ni contable y ni siquiera de acuerdo al nivel de administración financiera que establece criterios muy concretos de ajustes contables de rendición de cuentas propios de fondos públicos. Y estamos hablando de sumas muy importantes. Lo otro que se verifica es que la gente vive, efectivamente, en la vivienda, pero no tiene la propiedad.

— ¿Cómo…?
—Es decir que, misteriosamente, nos encontramos con una situación muy extraña.

—Pero, ¿no hay escrituras?
—No. No hay escrituras. Han hecho las cosas de manera de mantener una especie de dominio. Un dominio –reitera Despouy–… y esto es de enorme gravedad porque falta un control de todo tipo. Se trata de propiedad privada. Son viviendas. Son fondos del Estado. Entonces, ¿será que estos informes avanzan y que la Comisión Parlamentaria Mixta no quiere recibir más informes de esta naturaleza? ¿Serán los que vienen? Nosotros, en las próximas horas, tenemos en examen, en el Colegio de Auditores Generales, varios informes.

— ¿Por ejemplo?
—Son informes elaborados por los técnicos y los científicos. Están debidamente procesados y se encontrarían ya en condiciones de aprobación. Hay situaciones de manejo de fondos; venta de títulos. Nosotros hacemos una auditoría del Estado muy intensa y muy concreta, pero tenemos también sobre el Servicio de Superintendencia de Salud que habla muy claramente de la situación de cómo, en 2009, el Estado recibió 2.400 millones y solamente distribuyó (entre APE y las obras sociales) 128.400 millones. La mitad quedó entonces en propiedad del Estado cuando, en este país, más de la mitad de las obras sociales están al borde de llegar a una situación de emergencia. Hay comportamientos estatales muy graves con respecto a… y eso habilita a nuevos reclamos. Supongo que las obras sociales van a tener, a partir de eso, un fin muy claro para plantearse. Estamos por aprobar ese informe que ya está en condiciones. No lo pude hacer en la última reunión, pero lo haremos cuando haya quórum.

Por ejemplo, tenemos todos los informes sobre Acumar.

—Explíqueme, por favor.
—Acumar es toda la cuenca del Riachuelo. Nosotros hemos hecho una auditoría ambiental muy completa. Hemos auditado también la ejecución de los fondos a través de los préstamos internacionales. También, antes, hemos auditado a Aguas Argentinas etc., y ahora se le obligó al Gobierno a establecer un plan único, que es el Plan Integral de Saneamiento Ambiental. Ahí tenemos más de 100 mil millones de pesos. Ya están en ejecución cerca de cuatro a cinco mil millones. Nosotros, por la sentencia de la Corte, tenemos la competencia para auditar cómo se ejecutan los fondos en el Saneamiento Ambiental. Bueno, todos estos son informes que tenemos que presentar a la Corte Suprema de Justicia por ser parte de la sentencia de la Auditoría. Hemos elevado también una solicitud muy importante de la Corte con respecto a la situación particular de las empresas que podrían haber tenido relación con una empresa familiar del juez interviniente y designado por la Corte para la ejecución de la sentencia… Nosotros ya tenemos todo ese material producido. Es muy importante para el país, para la Corte. Y hago toda esta reflexión porque tenemos también algunas cuestiones vinculadas a tarifas telefónicas.

—Mire, doctor Despouy, visto de afuera, periodísticamente, ¿podríamos decir que lo que ha reforzado esta ofensiva contra usted es el hecho de que hubo en la catástrofe del Sarmiento 51 muertos y 700 heridos? ¿Y subsidios cuantiosos que no se sabe adónde han ido? Todo esto es para que usted no avance. ¿O no?
—Yo creo que sí. Pensando en las auditorías que hemos hecho, ésta, la del Sarmiento, debe ser probablemente la más emblemática porque tiene la particularidad de ser una auditoría que, en principio, preanuncia que las prestaciones del servicio de trenes son deplorables, que la situación de inseguridad es alarmante. Y eso la auditoría lo prueba. Lo señala. Incluso advierte sobre cuestiones como la ausencia de frenos justamente en el lugar donde se va a producir el accidente. O sea que estamos hablando no sólo de la debilidad de los frenos, ¡sino también de todos los sucedáneos del freno! Me explico: cuando no funciona un freno hay otras alarmas, otros mecanismos. Está el freno de seguridad, la forma de contención que hace que un accidente ¡no se transforme en una tragedia! Cuando desaparecen todos esos elementos hay algo premonitorio que ya parece estar dicho. Cuando realizamos la auditoría hemos hecho este tipo de verificaciones en este tema y hemos tomado fotografías en nuestra página web y, de pronto, me he encontrado con que me llama un periodista y me dice que acaba de saber que ha ocurrido un accidente en tal lugar y me dice “… en el informe de ustedes, en la auditoría, hay una foto que justamente señala que allí hay condiciones pésimas, ¡y acaba de producirse un accidente en tal lugar!..”. Es decir que el periodista me contaba una historia que nosotros ya habíamos preanunciado.

— ¿Se trataba de la tragedia del Sarmiento?
—En este caso, del Mitre. Pero vuelvo a la tragedia de Once y a esa auditoría que habíamos hecho con anterioridad. En ella se mostraba que había un manejo de fondos completamente discrecional. Con desvíos, con posibilidades de corrupción. En fin, una serie de situaciones. Y ¿por qué lo decíamos? Simplemente porque no iban al destino correspondiente. Por ejemplo, los fondos no se aplicaban a las tareas de reparación o de mantenimiento. Tampoco a la inversión, cuando la propia empresa debía haberlo hecho. Un comportamiento del Estado en el que decíamos que se había formado ¡una especie de cultura del incumplimiento! Como que el Estado cultivaba el comportamiento de los incumplimientos de los empresarios. ¿Y de qué manera? Mire, cuando uno hablaba con los empresarios ellos argumentaban: “¡Nosotros no recibimos todos esos fondos que se dicen que recibimos!”. Y nosotros: “¡Pero ustedes dicen recibirlos!”.

—Perdóneme, Despouy, ¿acaso esos fondos no se entregan contra un recibo?
—En el caso de los subsidios, el gran problema (y lo hemos dicho desde el principio) es que no hay rendición de cuentas. Por lo menos no las ha habido en las gestiones anteriores. Este nuevo ministro ha tomado algunas disposiciones que podrían indicar lo contrario, pero en todo caso, nosotros les decíamos: “No puede ser que el Estado siga invirtiendo tantos fondos públicos sin rendición de cuentas. Sin examinar si se aplicaron o no a su destino y sin comprobar el impacto, que teóricamente, deberían tener por su naturaleza de subsidio.” Se transformaban entonces en una especie de pago para los operadores para que no aumentaran las tarifas, pero en todo caso, las empresas no cumplían porque si cumplían perdían el subsidio. Había entonces allí una actitud propia del Estado, pero además, nosotros veíamos que muchas veces los grandes liberales en la entrega de subsidios son los gobiernos.

—Bueno, como el caso de Aerolíneas.
—… Veíamos una gran liberalidad en la entrega de subsidios por parte de Jaime, de Schiavi, pero al mismo tiempo, Jaime se beneficiaba de prebendas de las propias empresas que él favorecía. Con lo cual ahí vemos claramente una actitud que debería ser examinada por la Justicia y encuadrada dentro de lo que puede ser una conducta delictiva. Quizás le estoy dando demasiados detalles, pero después de la catástrofe de Once, hicimos otro informe con el cual ya tuvimos dificultades para que se aprobara. Recuerdo, por ejemplo, que los auditores del oficialismo me proponían que lo aprobáramos después etc., etc. A pesar de eso, lo sacamos. Pero allí aparece claramente que las observaciones que habíamos hecho en 2009/2010 se mantenían intactas porque la conducta no había cambiado. Y es importante saber que son estos informes de auditoría los que sirvieron en primer término para que el juez, después del accidente, decretara que nadie podía salir del país. Lo que se está examinando es el procesamiento de Jaime, de Schiavi y de Cirigliano. Y ahí voy a su pregunta inicial: ¿por qué este ataque? Bueno, puede ser un intento para que yo no avance o para invalidarme. Y le diré más: si yo fui un auditor ilegal entonces soy un auditor trucho. Y si soy un auditor trucho todo lo que he firmado no es válido y, por lo tanto, tengo que devolver los salarios que he cobrado (tal como plantea Aníbal Fernández) y cae la virtualidad jurídica. ¿Se imagina usted, si esto fuera cierto, a todos los abogados defensores de los principales personajes de este país acusados de corrupción, presentándose en Tribunales diciendo: “Que caiga ese informe de auditoría en el cual alguien está siendo procesado porque el presidente de la Auditoría era un presidente trucho”?

Como usted comprenderá, el tema es de enorme gravedad.

Tan grave que, horas más tarde de haber mantenido esta conversación, los auditores del Frente para la Victoria se negaron a dar quórum a la convocatoria del doctor Despouy porque recibieron órdenes de desconocer al presidente de la Auditoría General de la Nación. Tenazmente, éste convocó a otra reunión.

En el ínterin la Suprema Corte de Justicia convocó a la Audiencia Pública sobre el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo de la que, en este momento, está participando el presidente Leandro Despouy, a quien ciertamente no le ha tocado un país fácil.

© Escrito por Magdalena Ruíz Guiñazú y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  el domingo 14 de Octubre de 2012.