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domingo, 11 de septiembre de 2016

Internas que paralizan… @dealgunamanera...

Internas que paralizan…

Lo efímero de una llama. Juan Carlos Aranguren. Foto: Pablo Temes

Entre las dificultades con la economía y las tarifas, el Gobierno se sacude con una seguidilla de choques.

© Escrito por Nelson Castro y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En medio de una recesión que no cede, el Gobierno clama por alguna buena noticia de la economía. Se la generará el freno al aumento de las tarifas, que le dará un respiro temporal al hacer que el índice de inflación se acerque al cero por ciento. Sin embargo, para tener una noción más ajustada a la realidad habrá que esperar a que se computen los nuevos aumentos tarifarios en las mediciones.

La reunión informativa que el vapuleado ministro de Energía, Juan José Aranguren, mantuvo con las asociaciones de consumidores el jueves no terminó bien. Las internas políticas y los intereses cruzados volvieron a agitar viejos fantasmas. Ese es el pensamiento de muchos de los participantes que salieron de ese encuentro convencidos de que el kirchnerismo había metido la cola.

El expediente de la audiencia pública se fue completando con la información necesaria para que en la audiencia que se celebrará la semana próxima todos los asistentes tengan los datos para poder tener en ella una participación activa. Las transportadoras y distribuidoras de gas ya respondieron al pedido y aportaron lo que tenían mientras que el Gobierno, por su parte, hizo pública la nueva propuesta tarifaria.

De lo que se anunció se desprende que esa propuesta implica reducir los subsidios, elevando así el precio que pagan los consumidores del gas en boca de pozo, que pasará de 1,30 a 3,42 dólares el millón de BTU, para luego actualizar esa cifra hasta llegar a 6,78 dólares en 2019.

¿Cuál fue el problema, entonces? Al menos tres de las asociaciones de consumidores presentes se quejaron porque consideraban que –de acuerdo con su interpretación del fallo de la Corte– debía quedar explicado en el expediente cómo se llegaba a esos valores de gas en boca de pozo. Esta interpretación no fue compartida por el ministro, quien arguyó que eso no era necesario. Pedro Busetti (titular de Deuco) insistió con el tema y agitó el ya de por sí duro temperamento de Aranguren, quien entonces le preguntó: “¿Usted, qué es lo que quiere?”. La respuesta resultó obvia: “Queremos un tiempo razonable para juntar y analizar toda la información”.

En medio de un clima de tensión creciente, el ministro retrucó: “Los tiempos son razonables; si usted quiere impugnar la audiencia, hágalo”. Luego de este cruce, Aranguren se levantó y abandonó la sala. “Le están buscando el pelo al huevo –dijo uno de los representantes de los consumidores–; la información está y la audiencia se tiene que hacer; lo que ocurre es que están operando sectores afines al kirchnerismo que buscan volver a judicializar la cuestión para complicar al Gobierno”. Otros vieron en esta actitud la mano de Patricia Vaca Narvaja, ex subsecretaria de Defensa de la Competencia y ex embajadora en México en la era K.

En cambio, el oficialismo respiró con alivio en el asunto de la tarifa de electricidad. El fallo de la Corte, que no convalidó las cautelares que pusieron freno a los aumentos, no sólo le terminó dando al Gobierno aire político sino que también le va a permitir ahorrar unos 4 mil millones de dólares. El déficit está en la base de la problemática situación económica.

Este es un factor que complica al Gobierno, como también lo complica la dinámica de los hechos que no concuerdan con sus pronósticos ni con sus expectativas. El segundo semestre avanza y todo marcha más lentamente de lo previsto. Un ejemplo de ello es lo que está pasando con el blanqueo de capitales. Ante los 20 mil millones de dólares previstos por alguno de los economistas del oficialismo, lo que se ha blanqueado hasta ahora representa la nada misma. Por eso aflora la necesidad imperiosa de destinar fondos para reactivar la obra pública.

La consecuencia del parate económico es el aumento de la conflictividad social. En el horizonte está ya el anuncio de un paro general convocado por todas las centrales sindicales para octubre. El Gobierno no debería subestimar este hecho.   

Sin respiro.

Donde tampoco parece no haber resuello es en el affaire que tiene como uno de sus protagonistas a Juan José Gómez Centurión. Nadie en el Gobierno sabe bien por qué el ex titular de la Aduana salió a denunciar, ante la jueza María Servini de Cubría, la existencia de barriles que contenían 250 kilos de pseudoefedrina en uno de los galpones de almacenamiento ubicados en el aeropuerto de Ezeiza. 

La jugada tuvo un golpe de efecto tan fuerte como efímero ya que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a desmentir a Gómez Centurión, asegurando que ésa era una información que ya estaba en su poder desde hacía tiempo. La reacción de Bullrich fue cantada. La denuncia de Gómez Centurión la había dejado en una posición desairada.  

Lo peor para Mauricio Macri fue que quien quedó en el medio de esta disputa fue él, que había salido a respaldar al ex militar con varios gestos claros. En verdad, el jefe de Estado le hizo saber a su entorno que se sentía arrepentido por haberlo removido de su cargo. En ese sentido, María Eugenia Vidal tuvo una conducta distinta: ante la grave denuncia contra el jefe de la Policía Bonaerense, Pablo Bressi, realizada por Elisa Carrió, quien lo vinculó con el narcotráfico, la gobernadora pidió las pruebas que servirían de respaldo y anunció que, si éstas se hacían patentes, procedería a la remoción del funcionario. 

“Al Presidente no le gustó lo que pasó porque lo hizo quedar muy expuesto”, aseguró una fuente que conoce los detalles de lo ocurrido. Tan fuerte fue el contrapunto entre Bullrich y Gómez Centurión que hizo que lo que debió haber sido un logro resonante para el Gobierno terminara siendo un verdadero papelón.

Fuentes cercanas al Ministerio de Seguridad y a la AFIP señalaron que no terminaron de comprender la jugada, pero unos y otros coincidieron en aseverar: “La verdad, no estamos acostumbrados a trabajar con estos muchachos. La Aduana era un nido de víboras entre corruptos espías y algunos oportunistas; ahora estamos tratando de que no nos piquen”.

El servicio de inteligencia representa un dolor de cabeza para este y para cualquier otro gobierno. La desvirtuación de sus objetivos y el uso de sus estructuras para llevar adelante tareas de espionaje político de la más baja estofa lo han transformado en una fuente de corrupción y de negociados. 

Primigeniamente, el Presidente había evaluado la posibilidad de disolver la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Lo cierto es que, así como funciona, la AFI no brinda ningún servicio útil ni para el Gobierno ni para el país.

El episodio entre Bullrich y Gómez Centurión es uno más de la seguidilla de internas que viene complicando la gestión de Macri. Una cosa son los matices; otra, muy distinta, las internas. Los matices enriquecen una gestión. Las internas, la paralizan. El Presidente debería advertirlo cuanto antes.

Producción periodística: Santiago Serra.



sábado, 10 de mayo de 2014

La enfermedad de la violencia... De Alguna Manera...


La Iglesia advirtió sobre una sociedad "enferma de violencia"...

Monseñor José María Arancedo y Monseñor Lozano. La Conferencia Episcopal Argentina advirtió sobre una sociedad "enferma de violencia". Foto: Télam

La Conferencia Episcopal Argentina presentó un duro documento. La corrupción como cáncer social.

La Conferencia Episcopal Argentina presentó hoy un duro documento advirtiendo que Argentina está "enferma de violencia" en un trabajo titulado "Felices los que trabajan por la paz" en el marco de la 107 asamblea plenaria reunida en la localidad Pilar.

El documento asegura que "los hechos delictivos no solamente han aumentado en cantidad sino también en agresividad": "Una violencia cada vez más feroz y despiadada provoca lesiones graves y llega en muchos casos al homicidio. Es evidente la incidencia de la droga en algunas conductas violentas y en el descontrol de los que delinquen, en quienes se percibe escasa y casi nula valoración de la vida propia y ajena".

A su vez, plantea que la corrupción tanto pública como privada es "un verdadero cáncer social" y causante de "injusticia y muerte". El plenario episcopal que preside monseñor José María Arancedo criticó que en el país se promueva con frecuencia “una dialéctica que alienta las divisiones y la agresividad”, y reclamó "no responsabilizar y estigmatizar a los pobres por ser tales" como responsables de la violencia y los delitos. 

© Publicado el Viernes 09/05/2014 por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


Negación y relato, la reacción oficialista frente al documento de la Iglesia Católica.

José Ottavis, Jorge Capitanich y Luis D'Elía. Foto: CeDoc


El kirchnerismo se alineó para pegarle al Consejo Episcopal. Críticas olvidadizas y el rol de Bergoglio.

Luego de que la Iglesia advirtiera hoy que la Argentina está "enferma" de una "violencia cada vez más feroz y despiadada" y criticara el aumento de la delincuencia, la corrupción y la exclusión social, el arco oficialista salió al cruce.

El fuerte documento generó que distintos integrantes del universo oficialista rechazasen los términos de los obispos, mientras que los políticos en la oposición salieron a apoyar las expresiones eclesiásticas.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, se anticipó esta mañana al documento e insistió en que "al Gobierno no le compete la responsabilidad primaria" por el tema. En su lugar, el chaqueño prefirió patear la pelota afuera al cargar duramente contra la oposición y la Justicia.

Al igual que con todas las demás problemáticas del Gobierno, Capitanich afirmó que "existe una campaña deliberada para asociar hechos delictivos a una tasa de seguridad inexistente, y transferir el problema a la Presidenta de la República".

Dentro de esa teoría, el funcionario sostuvo que "muchos de los que pretenden ser candidatos presidenciales" fueron "un desastre en las políticas para prevenir o combatir delitos" en sus distritos, y se quejó de que la oposición "pretende dar lecciones" sobre seguridad "que no supieron aplicar cuando fueron gobierno".

Desde La Cámpora, José Ottavis se mostró crítico, aunque a su estilo. "Creemos, y estamos contentos, que es una Argentina que no está enferma", afirmó el dirigente, quien agregó que "es una Argentina que puede estar mucho mejor o que le pueden faltar algunas cosas para que tenga una salud completa, como le puede pasar a cualquier país que está avanzando". 

Para finalizar, Ottavis minimizó la delincuencia frente a la violencia política del pasado al referir que "una Argentina enferma de violencia" fue "la que se vivió en el '55, y la Plaza de Mayo fue un testigo fundamental", y agregó que las experiencias de "enfermedad" se repitieron "en el 76, y nuestro pueblo lamentablemente fue testigo fundamental", en 1989 y 2001".

El siempre dispuesto a defender oralmente al gobierno Luis D'Elía, no refutó los dichos de la Iglesia. En su lugar, afirmó que "Menem, De la Rúa, etcétera, dejaron ocho millones de desocupados y 185 mil fábricas cerradas" y que "la Iglesia Católica y Quarracino bendijeron todos sus actos". Al respecto, cabe destacar que Monseñor Quarracino otrora Arzobispo de Buenos Aires, falleció en 1998.

La embajadora argentina en México, Patricia Vaca Narvaja, se sumó a Luis D'Elía y prefirió hablar de sucesos pasados: "No recuerdo un pronunciamiento del episcopado en la época de la dictadura ni en la época del auge neoliberal, ni en la crisis del 2001". Luego, la diplomática sostuvo que a la Iglesia también le lavan la cabeza los diarios al afirmar que "debería estar más cerca del pueblo que de lo que dicen los medios hegemónicos" y añadió que esa institución "necesita escuchar más a los millones de argentinos que trabajan y viven en paz, respetarlos y reconocerlos". 

También se puede sumar el documento presentado por el Arzobispado con la firma de Bergoglio, titulado "Queremos ser Nación", en el cual el futuro Papa afirmaba que la crisis “no es sólo coyuntural, sino crisis histórica, que supone un largo proceso de deterioro en nuestra moral social, la cual es como la médula de la Nación, que hoy corre el peligro de quedar paralizada”.


En defensa. Parte de la oposición se manifestó a favor del documento eclesiástico. El radical Mario Negri aseguró a la agencia DyN que comparte "totalmente lo que dice la Iglesia" y opinó que "a veces, el valor agregado de su voz puede tener un impacto que despierta las conciencias para luchar contra la corrupción, la violencia".

El cordobés de la UCR añadió que "así como cuando la Iglesia convocó a la Multipartidaria para luchar contra el narcotráfico", los radicales acompañarán si son convocados para enfrentar cuestiones como la corrupción, la violencia y las drogas".

Por su parte, la diputada por el PRO Laura Alonso afirmó que "se necesita un amplio acuerdo político y social para saber la verdad sobre la corrupción; por eso desde Unión PRO queremos sumar nuestra propuesta". Alonso recordó la iniciativa de crear una comisión bicameral investigadora de la corrupción e indicó que "es un buen momento para discutir el tema y estamos comprometidos con la verdad y con que haya garantías para que los jueces y los fiscales investiguen en libertad los delitos e irregularidades".

Quien también coincidió con el documento es el socialista Roy Cortina, quien remarcó que "la inseguridad está determinada por la grieta de la desigualdad, la corrupción y la impunidad". 

En ese sentido, Cortina sostuvo que "la situación está complicada, el documento de la Iglesia es correcto, hay una cultura de la violencia que se ha instalado muy fuerte y es producto de la exclusión".

El diputado por el Frente Renovador Adrián Pérez también se manifestó en sintonía con la Iglesia al indicar que "la Iglesia pone el eje en dos temas muy importantes" y que "la corrupción es un gran problema que hay en la Argentina, que tenemos que afrontarlo con decisión política, con independencia del Poder Judicial".

El ex diputado del espacio de Elisa Carrió agregó que "el otro tema fuerte que se plantea tiene que ver con los últimos años en la Argentina y una práctica de mucha intolerancia y violencia".

Por último, el gobernador cordobés José de la Sota indicó que comparte el documento de la Conferencia Episcopal Argentina y llamó a restablecer la 'amistad social' entre los argentinos".

El documento de la discordia.


La Conferencia Episcopal Argentina, presidida por Monseñor José María Arancedo, dio a conocer esta mañana el documento "Felices los que trabajan por la Paz", con fuertes criticas a la violencia existente en los distintos estratos sociales, la inseguridad, el narcotráfico, la exclusión social y la corrupción, a la que calificaron de "cáncer social". Todas afirmaciones que no cayeron muy bien en los ámbitos oficialistas. 

"Constatamos con dolor y preocupación que la Argentina está enferma de violencia", afirmaron los obispos a través del documento en el que sostuvieron que "los hechos delictivos no solamente han aumentado en cantidad sino también en agresividad", y que esta agresividad esta vinculada con "la incidencia de la droga en algunas conductas violentas y en el descontrol de los que delinquen, en quienes se percibe escasa y casi nula valoración de la vida propia y ajena".

Por otro lado, el documento afirma que "no se puede responsabilizar y estigmatizar a los pobres por ser tales", dado que ellos sufren de manera particular la violencia y son víctimas de robos y asesinatos aunque no aparezcan de modo destacado en las noticias". En ese sentido, los Obispos indicaron que "conviene ampliar la mirada y reconocer que también son violencia las situaciones de exclusión social, de privación de oportunidades, de hambre y de marginación, de precariedad laboral, de empobrecimiento estructural de muchos, que contrasta con la insultante ostentación de riqueza de parte de otros".

Una de los puntos en los que el documento hizo énfasis fue en la vinculación de toda la crisis social con "la corrupción, tanto pública como privada" a la cual calificaron de "un verdadero 'cáncer social', causante de injusticia y muerte". En virtud de ello, los primados eclesiásticos, se mostraron críticos con "la lentitud de la Justicia" que "deteriora la confianza de los ciudadanos en su eficacia".

Finalmente, las autoridades de la Iglesia Católica en Argentina sentenciaron que "nos estamos acostumbrando a la violencia verbal, a las calumnias y a la mentira". Por suerte para los primados, el oficialismo recogió el guante y respondieron a tono con este último punto. 



© Escrito por Nicolás Lucca y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.