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sábado, 22 de octubre de 2016

Para alimentar el relato macrista… @dealgunamanera...

Para alimentar el relato macrista…

Marcos Peña tendrá un límite del 10 por ciento para reasignar partidas aunque el kirchnerismo no había superado el 5. Imágen: DyN.

El Ejecutivo envió un proyecto al Congreso que establece un tope para la reestructuración de partidas por parte del jefe de Gabinete. Se pasa al 10 por ciento en 2017, 7,5 en 2018 y 5 en 2019. Se tratará en comisión la próxima semana.

© Escrito por Sebastian Abrevaya el sábado 22/10/2016 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con el primer año parlamentario de Cambiemos entrando en su tramo final, el Poder Ejecutivo envió ayer tres proyectos de ley al Congreso con la expectativa de sancionarlos antes del 31 de noviembre. Se trata de una modificación a la ley de administración financiera para limitar los denominados “superpoderes”; la creación de un régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas por delitos contra la administración pública y un cambio en la ley de ART (ver nota aparte). 

Si bien el macrismo venía hace meses amagando con plantear el límite a la facultad del jefe de Gabinete para reasignar partidas, el proyecto llegó para su tratamiento recién ahora, mientras se debate el Presupuesto Nacional. Aunque no despertó rechazos, desde la oposición calificaron esta iniciativa como “marketinera” y advirtieron que en su artículo 51, el Presupuesto presentado por el PRO le otorga facultades extraordinarias a Marcos Peña, incluso superiores a las que ahora se restringen. “Lo que limitan por un lado lo dan por el otro”, aseguró el presidente del bloque del FpV, Héctor Recalde.

Con el ánimo de mantener en agenda su discurso de preocupación por la “transparencia”, el Gobierno envió al Congreso el breve texto de reforma de la ley de administración financiera. Se modifica el artículo 37, que en el 2006 había sido reformado por el kirchnerismo. La redacción vigente hasta ahora establece que “el Jefe de Gabinete de Ministros puede disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley de presupuesto”. 

Si bien no existe un tope, fuentes del kirchnerismo remarcaron que la reasignación de partidas durante las gestiones del FpV siempre fueron por un porcentaje muy bajo, incluso inferior a la marca máxima que el macrismo establece ahora. La redacción propuesta para ese artículo fija una disminución gradual, de un máximo de 10 por ciento para el 2017, un 7,5 para el 2018 y un 5 por ciento para el 2019.

“Nosotros pedíamos la limitación de los superpoderes cuando éramos oposición y lo seguimos exigiendo ahora que somos oficialismo”, aseguró ayer el titular de la comisión de Prespuesto y Hacienda de la Cámara Baja, Luciano Laspina. El diputado macrista adelantó que la propuesta será tratada en comisión y que buscarán firmar dictamen el mismo día en que obtenga despacho de mayoría el Presupuesto 2017. Laspina señaló que el cinco por ciento de tope que se fijó para 2019 es el mismo que ya existe actualmente en la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto firmado por el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, y por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se recuerda que la modificación de la ley de administración financiera de 2006 se produjo para evitar, como se hacía hasta el momento, prórrogar anualmente la facultad de reasignar partidas que se daba en la ley de Presupuesto. “Se considera necesario propiciar la sustitución del artículo 37 de la ley a fin de posibilitar una situación de mayor equilibrio entre las facultades propias reservadas al honorable Congreso de la Nación y una razonable flexibilidad en la ejecución presupuestaria por parte del Poder Ejecutivo nacional”, aseguran en su mensaje Prat Gay y Peña.

Contentos por la coincidencia con su prédica republicana, los radicales respaldaron el proyecto. El radical Miguel Bazze consideró que “es un avance para recuperar las atribuciones del Congreso” y agregó que se debería avanzar hacia la “eliminación” definitiva.

Desde la oposición no cuestionaron específicamente el proyecto, sino que advirtieron sobre la actitud del macrismo. “Limitar este artículo no es opinable, lo que llama la atención es que lo haga el propio Gobierno porque él tiene la facultad de no extralimitarse de lo que considere racional. Además, es bastante marketinero porque por otro lado hay otras leyes que autorizan la reasignación”, aseguró la diputada Diana Conti. “Nosotros relegamos lo secundario para priorizar lo importante. Y lo importante ahora es el Presupuesto”, completó Recalde, en diálogo con Página/12.

El Bloque Justicialista, liderado por Diego Bossio, había denunciado que el macrismo había escondido en la ley de Presupuesto el otorgamiento de facultades extra para la cartera que conduce Peña. El artículo 51 de la previsión de gastos e ingresos le otorga al jefe de Gabinete la facultad de “crear unidades ejecutoras especiales para gestionar planes, programas y proyectos de carácter transitorio, pudiendo disponer de las partidas presupuestarias necesarias para determinar la estructura, el funcionamiento y la asignación de recursos humanos que correspondan”. “Con este artículo hay un super jefe de gabinete plus”, alertó Bossio hace 10 días.

Desde el macrismo explicaron que la reforma a la ley ya estaba lista desde hace un tiempo y que se envió ahora para que se tramite junto al presupuesto. Sin embargo, por lo bajo señalaban que el timming del proyecto coincide también con un momento en el que el Gobierno viene recibiendo algunas críticas de sectores no kirchneristas por una supuesta falta de compromiso en la lucha contra la corrupción.


lunes, 16 de mayo de 2016

El Que Gana Gobierna, El Que Pierde Conspira… @dealgunamanera...

Peronismo en estado puro…

La "Cris" y el "Mauri"

Si hay algo que caracterizó al General Perón fueron sus frases célebres. Tan célebres fueron que, todavía hoy, ningún dirigente peronista, a la hora de hablar, deja de citar alguna. 

© Escrito el domingo 15/05/2016 por Pablo Dócimo y publicado por Tribuna de Periodistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 


Entre las más populares podemos encontrar: "Para un peronista nada mejor que otro peronista", "Primero la patria, después el movimiento y por último los hombres", "Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar" y muchísimas más, incluso, algunas no tan afortunadas como "Para el enemigo, ni justicia".

Siguiendo con las frases célebres de políticos argentinos, existe una perteneciente a Ricardo Balbín que muchos, especialmente los más jóvenes, se la adjudican a Perón o, por lo menos, la utilizan los peronistas como propia, y es "el que gana gobierna y el que pierde ayuda", aunque en realidad la han modificado a: "El que gana gobierna y el que pierde acompaña".

Todo esto no significa que estas frases se apliquen a rajatabla, ni mucho menos. Son solo frases hechas, "marketineras" y que, en honor a la verdad, no solo casi nunca se cumplen, sino que en la práctica ocurre todo lo contrario.

El caso más emblemático es el de la frase de Balbín. Nunca, jamás, el peronismo ayudó o acompañó cuando le tocó ser oposición, sino todo lo contrario, lo único que hicieron fue ponerle palos en la rueda al Presidente de turno. Si esa frase la tendríamos que aplicar a la realidad de lo que es el peronismo como oposición debería decir: "El que gana gobierna, el que pierde conspira".

Por supuesto que el kirchnerismo no iba a traicionar a esa costumbre justicialista, y es lo único que están haciendo desde antes del 10 de diciembre de 2015.

Pero, en esta ocasión, ese accionar tan peronista es muchísimo más crudo y evidente, y es lógico, visto desde el punto de vista kirchnerista, obviamente.

El ejemplo más claro y contundente es el de poner en el centro de la agenda política el tratamiento de la "Ley anti despidos".

No es necesario mucho desarrollo para argumentar que la Ley anti despidos no solo no sirve para absolutamente nada, sino que además es contra producente. Bastan, y sobran, tres claros ejemplos. El primero es que quien la impuso, post crisis 2001, el entonces Ministro de Economía Roberto Lavagna, reconoció que no sirvió. El segundo es que uno de los principales defensores de esta ley, el diputado kirchnerista especialista en temas laborales Héctor Recalde, ya en en 2014 manifestó que “prohibir despidos obstaculiza nuevas contrataciones”; y el tercero y más contundente es que la mismísima Cristina Fernández dijo exactamente lo mismo en numerosas ocasiones.

Entonces, ¿cuál es la verdadera razón por la que la oposición desea implementar esta incomprensible ley? Lo vamos a decir de manera simple, fácil y sencilla. La cuestión de fondo es perjudicar al gobierno, ¿para qué? Para desestabilizar, ¿Para qué? Para voltear al gobierno, ¿por qué? Porque muchos, muchísimos ex funcionarios kirchneristas —y muchos de los actuales— saben que, tarde o temprano terminarán presos, y saben que la única manera de zafar es volteando al gobierno de Macri.

Esa es la realidad, y cuando se termine el culebrón de la Ley anti despidos arremeterán con otra cosa. De hecho, ya están tratando de instalar la idea de que uno de los socios de Lázaro Báez fue Macri.

Como arrancamos este artículo con frases peronistas, lo quiero cerrar con una frase de otro peronista, que sintetiza todo de manera perfecta. Dijo Julio Bárbaro: "Como oposición son lo peor".


domingo, 6 de diciembre de 2015

Responsabilidad Empresarial en los Delitos de Lesa Humanidad... @dealgunamanera...

Cuarenta años después...


Por primera vez en un siglo de democracia representativa con voto universal y secreto, un partido de la derecha patronal llega al gobierno en forma legal. Si 2016 no es 1916, tampoco puede equipararse a 1976, cuando los mismos intereses impusieron a sangre y fuego la remodelación de la sociedad argentina. De Videla a Macrì, un largo y accidentado camino. La Procuración General y el caso Avila: los límites que no pueden evadirse en democracia. Los juicios y el poder económico.

El próximo jueves, por primera vez en el siglo transcurrido desde que se celebran elecciones por el voto universal y secreto, un partido de la derecha patronal alcanzará el gobierno por medios legales y no derribando a golpes instituciones y derechos.

El miércoles pasado, Cristina Fernández de Kirchner promulgó en la EXma la ley 27217 que crea en el ámbito del Congreso una Comisión Bicameral “de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la última dictadura militar”. Al día siguiente, se presentó en el auditorio Emilio Mignone de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) un monumental informe de mil páginas sobre la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad.

Un ejemplar ya fue entregado al fiscal general Jorge Auat, titular de la Procuradoría de crímenes contra la humanidad del Ministerio Público y a su adjunta Carolina Varsky, y la semana próxima recibirá el suyo el diputado Héctor Recalde, autor del proyecto por el que se creó la Comisión Bicameral. La relación entre estos hechos es evidente, pero indirecta, porque ni 2016 es 1976, ni Macrì es Videla, por más que representen intereses afines, aunque no idénticos.

Es difícil imaginar un momento más oportuno que ahora para una reflexión al respecto. El objeto de la Comisión Bicameral será “la búsqueda de la verdad, la memoria, la justicia, la reparación y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia”. Su informe final describirá las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera de entonces e identificará a los actores económicos y técnicos que “contribuyeron y/o se beneficiaron” con esas políticas.

Responsables, no cómplices

El trabajo de investigación fue realizado en forma conjunta por el programa Verdad y Justicia del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el área de economía y tecnología de FLACSO y el CELS. La responsable del Programa Verdad y Justicia, Elizabeth Gómez Alcorta, dijo que se relevaron fuentes documentales, de prensa, bibliográficas y judiciales, nacionales y provinciales, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, de los ministerios de Defensa y de Trabajo y de las instituciones parte de la investigación.

Se compiló un listado inicial de 200 empresas cuyos trabajadores fueron víctimas de la represión del terrorismo de estado, de las cuales se seleccionaron luego 25, de distintas actividades económicas y regiones del país, a las que el Ejército atribuyera importancia especial. El equipo de trabajo describió los distintos aportes empresariales que habilitaron, exacerbaron o facilitaron la comisión de los delitos y cuantificó en qué cantidad de casos se produjo cada uno de esos aportes. La práctica más frecuente fue en nueve de cada diez casos el despido, la renuncia forzada y el secuestro de obreros activistas. Le siguieron, en orden decreciente la entrega a las fuerzas represivas de listas de delegados e información privada de los trabajadores; la presencia y actividad militar de control, supervisión y amedrentamiento dentro de las fábricas; la designación de oficiales de las Fuerzas Armadas o de Seguridad en cargos directivos en las empresas; la infiltración de agentes de Inteligencia entre los trabajadores; los operativos militares dentro de los predios fabriles; la presencia de cuadros empresariales en las detenciones secuestros o torturas a sus trabajadores; la instalación de las fuerzas represivas dentro de las fábricas; el empleo de vehículos de la empresa en operativos de detención y secuestro; el control del ingreso a la planta por fuerzas militares; la intervención militar en conflictos a solicitud de los directivos de las empresas; la detención de trabajadores en el camino entre la empresa y su domicilio y, en uno de cada cuatro casos, el funcionamiento de campos clandestinos de concentración en establecimientos de la empresa. Todo esto impide referirse a complicidad o participación en delitos cometidos por otros, ya que lo que existió fue responsabilidad de un sector patronal en los crímenes cometidos contra sus trabajadores.

Eduardo Basualdo consideró que esta caracterización constituye un salto cualitativo en el conocimiento de la participación empresarial en la dictadura, que destruyó la industria y el empleo y abrió paso a un nuevo patrón de acumulación de capital basado en la valorización financiera. El subsecretario de política criminal Luciano Hazan destacó que no basta con el compromiso del presidente electo de no interferir con el avance de los juicios, ya que cuando se trata de la patronal la reticencia de los jueces requiere de un compromiso activo del Estado, a través de sus distintas dependencias, relevando y suministrando información. Y el secretario de derechos humanos Martín Fresneda hizo una semblanza emocional de su padre, detenido-desaparecido en la trágica Noche de las Corbatas por ser abogado defensor de trabajadores. El mismo día fue asesinado Norberto Centeno, coautor de la ley de contrato de trabajo, una de las primeras que avasalló la Junta Militar. Al concluir la dictadura la participación de los trabajadores en el ingreso había caído al 22 por ciento, el mismo porcentaje del peso de la industria (que perdió 20 mil fábricas) en el total de la economía. Ése fue el programa regresivo que no pudieron implantar en 1955 ni 1966, y que en 1976 requirió el empleo de una fuerza sin límites para quebrar esa resistencia y golpear las bases materiales de un proyecto nacional y popular.

Tomar distancia

Tanto en el informe de la CONADEP de 1984 como en el juicio a las Juntas Militares de 1985, se incluyeron varios casos de complicidad empresarial. Pero la política criminal de entonces sólo permitía avanzar contra quienes ejercieron la comandancia en jefe de alguna de las tres Fuerzas Armadas. El gobierno era débil y el neoliberalismo prevalecía en el mundo, con Ronald Reagan y Margaret Thatcher en su apogeo. No obstante, el presidente Raúl Alfonsín consiguió con estas herramientas interrumpir el círculo vicioso de los golpes de Estado. Ocupados en defenderse ante los tribunales, los militares no tuvieron tiempo y ánimo para opinar de la política económica o cultural, sobre el largo de las faldas de las mujeres y el pelo de los hombres como venía ocurriendo desde 1930. Ese diseño contribuyó a aislar a los ex Comandantes que fueron abandonados por sus socios civiles.

El 22 de abril de 1985 se realizó la primera audiencia del juicio a Videla, Massera & Compañía. La noche anterior, el presidente recibió en Olivos a quince grandes empresarios, a quienes por entonces se conocía como capitanes de la industria. Introducidos en el entorno presidencial por el canciller Dante Caputo, aseveraron que sólo concebían el desarrollo de sus empresas dentro del sistema democrático por lo que no harían nada para obstaculizar el juicio. Luego reclamaron un cambio drástico de política, cuyo costo sólo podía ser asumido por el Presidente. Su ministro económico Bernardo Grinspun, tal vez sin mayor comprensión de los cambios estructurales producidos pero con indudable buena fe, había querido reparar el tejido industrial desgarrado durante la dictadura y la respuesta que halló fue una creciente inflación.

El presidente convocó a un acto en defensa de la democracia en peligro, pero su discurso ante la multitud que acudió en su auxilio proclamó la economía de guerra contra el salario, que se concretaría con la remoción de Grinspun y el Plan Austral. Una flamante procesadora de texto apareció de un día para otro en la Cámara Federal, que hasta entonces tenía escasos recursos para llevar a cabo su tarea descomunal. La versión que circulaba en los tribunales era que se trató de una gentileza del grupo Bulgheroni. El 29 de mayo de 1991, ya retirado de la Justicia, el camarista y luego Procurador General Andrés D’Alessio, reveló su verdadero origen. Uno de los miembros del tribunal, Jorge Valerga Aráoz, le preguntó a su amigo Osvaldo Pérez Cortés quién podría prestarles un equipo moderno. Pérez Cortés presidió la Comisión de Informática del Poder Judicial de la Nación durante la dictadura, fue vicepresidente de la Asociación Argentina de Informática Jurídica durante 1983 y 1984 y Gerente Legal de Asuntos Contractuales y Contencioso Administrativo de Sideco Americana, desde marzo de 1984.

En respuesta a la consulta de Valerga Aráoz, Pérez Cortés regaló la procesadora de texto a la Cámara Federal en nombre de Sideco Americana. Su gerente general era Maurizio Macrì. No es de extrañar que la investigación a los instigadores, cómplices y beneficiarios civiles de la dictadura no fuera contemplada ni siquiera en el considerando 12 y el punto 30 de la sentencia de 1985, que ordenó el enjuiciamiento no sólo de los ex Comandantes sino también “de los oficiales superiores que ocuparon los Comandos de Zonas y Subzonas de Defensa”, de “todos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones”, de “quienes por su ubicación en la cadena de mandos conocieron de la ilicitud del sistema”, o cometieron hechos aberrantes o atroces. Ni una palabra del poder económico. El juicio pudo realizarse sin riesgo de descarrilamiento institucional pero dejó una democracia castrada que no supo, no quiso o no pudo demasiadas cosas fundamentales.

Luego de la bancarrota del gobierno radical, que debió dejar el poder antes de tiempo en medio de una crisis hiperinflacionaria y de saqueos, los grupos económicos emergentes como el nuevo poder participaron con entusiasmo en el desguace del Estado. Cuando Carlos Menem accedió a la presidencia, Pérez Cortés fue uno de los hombres que el grupo Macrì colocó en el Poder Ejecutivo, primero como Subsecretario de Asuntos Legales de la Presidencia de la Nación y luego asesor de gabinete del Ministerio del Interior. En la actualidad, el ex camarista Valerga Aráoz es el abogado defensor de Carlos Blaquier, principal accionista de una de las empresas investigadas, el Ingenio Ledesma.

Crisis de fin de siglo

Recién cuando ese proceso hubo concluido y una acelerada fuga de capitales precipitó la crisis de fin de siglo, fue posible reabrir los juicios que Alfonsín y Menem habían cerrado con las leyes y decretos de impunidad y pensar en el análisis y eventual enjuiciamiento de la responsabilidad empresarial. Al mismo tiempo se recuperaron niveles de ocupación y de ingresos durante una sostenida reindustrialización.

Según la CAME, a partir de 2003 se crearon cerca de 19.000 nuevas industrias y por cualquier medición que se consulte, la participación de los trabajadores en el producto volvió a crecer: al 51 por ciento para el inverosímil INDEC; al 39 por ciento para el centro de estudios CIFRA, de la CTA; al 42,4 por ciento según el Centro de Población, Economía y Desarrollo de la UBA(CEPED), que dirige Javier Lindenboim; al 42,9 por ciento para el Instituto Pensamiento y Políticas Públicas de la Unidad Popular, que conduce Claudio Lozano.

Un trabajo que CIFRA difundió esta semana como balance de la década sostiene que “la alianza de partidos ubicados a la derecha del espectro político” que está a punto de asumir el gobierno representa a una “fracción del capital que sigue enarbolando un proyecto excluyente que ya no estaría basado en la valorización financiera sino en la producción agroindustrial bajo el paradigma sojero, así como en un nuevo ciclo del endeudamiento externo a partir de pagarle a los fondos buitre y de devaluar la moneda con el consiguiente efecto negativo sobre los salarios, la ocupación y la distribución del ingreso”.

En marzo de 1977, Rodolfo Walsh escribió en la célebre Carta Abierta a la Junta Militar que el peor crimen de la dictadura era la miseria planificada de millones, impuesta por los métodos más despiadados. Demasiado se viene hablando de las similitudes entre el gobierno de 1976 y el que comenzará el jueves. Los nombres de muchos funcionarios designados (como el jefe de personal de Telecom Marcelo Villegas que será ministro de Trabajo del Hada Buena en Buenos Aires) sugieren que los objetivos económico-sociales no son muy distintos.

Pero no hay que perder de vista las diferencias. Ni el inminente oficialismo ni la nueva oposición estarán en condiciones de ignorar los límites y restricciones que la democracia impone a la derecha que por primera vez ha ganado una elección limpia, como aún antes de la asunción lo demostró el caso de Juan Cruz Avila.

© Escrito por Horacio Vertbisky el domingo 06/12/2015 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad.

Puede bajarse en forma gratuita en:




 



domingo, 2 de noviembre de 2014

Tolerancia Cero… De Alguna Manera...


Tolerancia Cero…

William Bratton, jefe de policía de Nueva York en 1994.

El Senado suprimiría la conmoción social como condición de la prisión preventiva y modificaría la expulsión de extranjeros. Ningún código mejora la seguridad porque se aplica después del delito. La estigmatización de los extranjeros es un mensaje que nadie entiende mejor que la policía, gozosa de haber recuperado el autogobierno. Solidaridad oficialista con el agredido diputado Del Caño. La tasa de muertes violentas es la más baja en 30 años. Detalles estremecedores en el caso Arruga.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak acordó con los senadores de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, suprimir la conmoción social de un delito y las condiciones del imputado como criterio para evaluar el riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación (artículo 185 del proyecto). Y el secretario de Justicia Julián Alvarez y el subsecretario de Política Criminal Juan Martín Mena intentarán reformular el artículo 35, inciso c, sobre expulsión de extranjeros en situación irregular en el país sorprendidos en el momento de cometer un delito. Por lo menos media docena de legisladores del Frente para la Victoria anunciaron que no aprobarían esas cláusulas contradictorias con la política aplicada por el gobierno nacional desde 2003. 

Un síntoma más de ello se produjo en la otra Cámara del Congreso, cuando el diputado del PTS Nicolás del Caño presentó una cuestión de privilegio por la agresión con balas de goma que padeció cuando acompañaba a los trabajadores de la multinacional Lear en conflicto. La diputada Diana Conti adhirió en nombre del Frente para la Victoria y el diputado Héctor Recalde abrazó al colega mendocino y le dijo que se oponía a cualquier forma de represión del conflicto social. El jefe del bloque de Senadores, Miguel Pichetto, se comunicó con la presidente CFK, quien admitió la posibilidad de esas modificaciones al Código Procesal Penal. La verdadera conmoción se produjo cuando el Poder Ejecutivo y los legisladores supieron que la repercusión social de algunos delitos y la personalidad del imputado como motivo para abandonar el principio de la libertad durante el proceso fueron introducidos en el Código por el dictador Jorge Videla. 

El Boletín Oficial del 6 de mayo de 1976, con su decreto mal llamado Ley 21.306, fue reproducido aquí el domingo pasado. Quien asesoró a Videla fue el penalista Eduardo Aguirre Obarrio, ministro de Defensa del ex dictador Agustín Lanusse en 1972, y defensor del almirante Isaac Anaya en el juicio de 1985. Quien derogó esa provisión autoritaria fue el presidente Raúl Alfonsín a los dos meses de asumir la presidencia. Otra figura central de la bancada oficialista, para quien se hacía difícil consentir semejante retroceso, es el ex ministro Aníbal Fernández, quien intervino en la sanción y promulgación de la Ley de Migraciones 25.871, vigente desde 2004, y en su decreto reglamentario, de 2010. Al contemplar la expulsión por delitos con pena mínima inferior a tres años, el artículo 35 del proyecto modifica sin decirlo esa ley. 

La posibilidad de expulsión ya estaba legislada, pero sólo para delitos graves y con condena en firme. Ahora se aplicaría a los presuntos autores de delitos de menor gravedad y sin realizar un juicio que establezca su autoría, por la sola definición policial y el consentimiento del imputado para que se suspenda el proceso. El verdadero problema de seguridad es que la principal forma que tiene la policía de desbaratar una banda, integrada por argentinos o por extranjeros, es cruzárselos en la calle, como habría ocurrido con la custodia del fiscal Carlos Stornelli y los colombianos sospechosos.

Inversión de criterios

Según el artículo 17 de la ley vigente la situación irregular sólo puede ser definida por la autoridad política migratoria. Por el artículo 61, si la irregularidad se constata, esa autoridad debe intimar al migrante a que regularice su situación y facilitarle el modo de hacerlo. La Dirección de Migraciones sólo puede declarar la ilegalidad de la permanencia si el migrante no regulariza la situación al ser intimado. En ese caso Migraciones debe pedirle a un juez contencioso administrativo la confirmación del acto de expulsión, cuya validez y razonabilidad se discutirá ante el tribunal. 

El artículo 29.c considera como límite a la concesión de residencia en el país “haber sido condenado o estar cumpliendo condena (...) o tener antecedentes por tráficos de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres años o más”. El decreto reglamentario especificó que condenado es quien tenga una condena firme, y antecedente es “la condena no firme o el procesamiento firme”. La Corte Suprema de Justicia confirmó ese criterio en el Caso Granados Poma, de 2012. ¿Cuál puede ser el sentido de esa inversión, de expulsar a condenados y procesados por delitos graves a correr del país bajo la amenaza de prisión a personas detenidas por la policía por delitos menores? 

Es ilustrativo repasar qué delitos castiga el Código Penal con penas mínimas inferiores a tres años: participar en una riña en la que intervengan varias personas y no conste quien causó las lesiones o la muerte de la víctima (artículo 95); apoderarse de una cosa mueble ajena (162); usar la violencia para ello (164); despojar a otro de la posesión o tenencia de un inmueble (181); tener o portar armas de fuego sin autorización (189); detener o entorpecer la circulación de un tren (191); tirarle piedras cuando está en marcha (193); impedir o estorbar el normal funcionamiento de cualquier medio de transporte o los servicios públicos de comunicaciones, provisión de agua, electricidad o energía (194); suscitar tumultos o desórdenes (211); emplear la intimidación o la fuerza contra un funcionario público (237); desobedecerle o resistírsele (239); estorbarle el cumplimiento de sus funciones (241); violar los sellos colocados por la autoridad para asegurar la conservación o identidad de una cosa (254); quebrantar una inhabilitación impuesta por un juez (281 bis). 

Aparte de los robos y hurtos con o sin armas, surge transparente la criminalización del conflicto social y los métodos de lucha usuales: ocupación de tierras y viviendas, en las que participan con asiduidad inmigrantes de países vecinos; corte de rutas y de vías, manifestaciones en la calle, todo tipo de roces con policías, gendarmes y sus jefes, como el coronel Roberto Angel Galeano que exigió a un automovilista que bajara de su auto en la Panamericana y a los uniformados que lo sacaran a palazos.

¿Y por casa?

En todo el mundo los entusiastas de la Tolerancia Cero se inspiran en la tarea del ex alcalde de Nueva York Rudolf Giuliani, pero fuera de Estados Unidos pocos saben que el impulsor del concepto fue William Bratton, su jefe de policía. Bratton asumió el cargo en 1994 y su éxito en la reducción del crimen fue tan notable que Giuliani lo despidió en 1996: la popularidad del cana opacaba al político republicano. Luego de su también exitoso desempeño como jefe de policía de Los Angeles, adonde llegó después de los terribles tumultos raciales de 2002, Bratton recibió el ofrecimiento de hacerse cargo de la policía británica, pero el Parlamento lo vetó por su nacionalidad. No obstante, lo contrataron como asesor.

Hace diez meses, el nuevo alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, lo devolvió a su antigua responsabilidad en la Gran Manzana. De Blasio tiene dos hijos adolescentes, Dante y Chiara, que pese a sus nombres clásicos tienen la tez morena como su madre y fueron protagonistas de la espectacular victoria del padre, con casi el 75 por ciento de los votos. El aviso que decidió la elección fue grabado por Dante. Con su peinado afro a lo Angela Davis decía que Bill era el único demócrata con pelotas como para oponerse a las medidas discriminatorias del intendente Michael Bloomberg, por las que la policía puede cachear en busca de armas o drogas a cualquiera que le parezca sospechoso. Y ya se sabe quiénes siempre le parecen sospechosos. Por más que el presidente sea un afroamericano, los prejuicios siguen prevaleciendo y Obama postergó hasta después de las elecciones de pasado mañana el prometido decreto que aliviaría la situación de once millones de inmigrantes ilegales amenazados con la deportación. 

Las cadenas CBC y CNN informaron la semana pasada sobre el hostigamiento en una escuela del Bronx a dos chicos de 11 y 13 años, cuyos compañeros les gritaron “Ebola” mientras los golpeaban hasta dejarlos de hospital. Venían de Senegal, donde sólo se diagnosticó un caso de la enfermedad. Este es el riesgo de los estereotipos. Es probable que la expulsión de extranjeros no se incorpore al Código Procesal en los términos que anunció Cristina. Pero el mero discurso asociando extranjeros con delincuencia constituye un mensaje que la policía decodifica con entusiasmo y amplía la permisividad para los comportamientos tradicionales que tanto costó desterrar con la Ley de Migraciones. 

Por otro lado, cada ablandamiento de garantías procesales que se introduce con cualquier pretexto, tiende a generalizarse para cualquier otro uso. Si bien fue sobreseído, ya hubo un periodista de Santiago del Estero acusado por la ley antiterrorista y al mismo tiempo, en Estados Unidos, se descubrió que la ley de seguridad interior (la Patriot Act sancionada para librar la denominada Guerra contra el Terrorismo) se está aplicando con frenesí para otros fines. Esa ley permite a la policía ingresar a una vivienda y revisar todo lo que encuentren, sin notificar de ello a sus habitantes para que no sepan que los están investigando. 

La Fundación Nueva Frontera Electrónica informó ahora que entre septiembre de 2001 y abril de 2003 hubo 47 de esas incursiones sigilosas; el año pasado fueron 11.129, de las cuales apenas el 0,5 por ciento por sospechas de terrorismo. Radley Balko, autor del libro Rise of the Warrior Cop: The Militarization of America’s Police Forces escribió que cuando una ley concede nuevos poderes al gobierno “hay que dar por sentado que será interpretada en la forma más vaga, más expansiva y más favorable al gobierno posible. Si no ocurre así, bien. Pero ¿por qué correr el riesgo, por qué dejar esa posibilidad abierta. Lo mejor es escribir las leyes en forma muy cuidadosa, restrictiva y con explícitas garantías contra su abuso”.

¿Fue una contradicción que una vez electo, De Blasio convocara al artífice de la Tolerancia Cero? Para nada. Lo que sus epígonos sudamericanos nunca mencionan es que para Bratton esa inflexibilidad debe comenzar por la propia fuerza policial. Lo hizo durante su primera gestión, lo repitió en Los Angeles y lo está haciendo otra vez ahora. En un discurso ante más de 800 comisarios y oficiales, prometió que apartaría a las manzanas podridas que dan una mala imagen a la policía y los describió como “brutales, corruptos, racistas e incompetentes”, que “no entienden el juramento que prestaron ni están comprometidos a obedecer la ley”, por lo cual “no deberían estar aquí”. 

En su conferencia, Bratton mostró videos de oficiales que patean a un vendedor callejero y tiran al suelo a una mujer embarazada. Hace dos meses una gran manifestación protestó en Nueva York por la muerte del también afroamericano Eric Garner, quien vendía cigarrillos sin estampilla fiscal. Un policía le hizo una toma de estrangulación y lo asfixió. El presidente de la mutual hispana de policías, el detective Dennis González, aprobó la decisión de Bratton y le sugirió que comenzara por revisar con Asuntos Internos los legajos de los oficiales contra quienes hay quejas, para detectar patrones de abuso. ¿Suena familiar?

Autogobierno y complicidad

Esa depuración de las filas policiales es la misma línea que comenzaron los ex ministros Carlos Arslanian en la provincia de Buenos Aires y Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad de la Nación y que abandonaron sus sucesores. Con Arturo Puricelli y Cecilia Rodríguez, asistidos por el médico que quisiera ser militar Sergio Berni, la Policía Federal recuperó la autonomía perdida y se orienta según la pauta del autogobierno que practica la Bonaerense. Lo sucedido con Luciano Arruga dista de ser un caso aislado. En 2009 el juez Luis Arias dijo que la policía bonaerense usaba las detenciones de menores por averiguación de antecedentes como método de reclutamiento para delinquir. 

Cuando los ministros de Seguridad, Carlos Stornelli, y de Justicia, Ricardo Casal, lo intimaron a precisar la denuncia, Arias enumeró 23 investigaciones penales de 2008 y 2009 por torturas a chicos, en las que se advierte “la idea de reclutamiento”. Poco después, el propio Stornelli se presentó para denunciar ante la justicia esa práctica perversa. Pero ya estaba de salida y Casal asumió las dos carteras, fusionadas en una hasta el año pasado. No habrá código que valga, mientras los presuntos encargados de brindar seguridad comanden la rapiña y formen parte de grandes redes de ilegalidad, por más fotos con Giuliani o con Alvaro Uribe que se saquen los políticos en campaña.

Esta semana, el Senado bonaerense convirtió en ley la expropiación del destacamento policial de Lomas del Mirador, donde Arruga estuvo detenido y fue torturado, y la instalación allí de un Espacio para la Memoria que llevará su nombre. Ese destacamento se creó a solicitud de los vecinos que reclamaban mayor seguridad. No es seguro que se hayan sentido defraudados por este nuevo episodio de higiene social, como los que producía en Don Torcuato el policía Beto Hugo Cáceres, porque el objetivo de eliminar a los negritos cuenta con inserción en sectores más acomodados de la sociedad, como se puede verificar en el foro de lectores de La Nación que se congratularon por la muerte de Arruga. En la misma sesión el vicegobernador Gabriel Mariotto planteó la unificación y el aceleramiento del caso contra los funcionarios judiciales que dilataron la investigación y encubrieron a los policías acusados. 

Así, el juez Gustavo Banco, que rechazó el hábeas corpus presentado por la familia de Arruga en cuanto se produjo la desaparición, deberá responder en el mismo jury de enjuiciamiento que las fiscales Roxana Castelli (quien delegó el sumario a la propia policía que lo extorsionaba) y Celia Cejas (cuya principal disposición investigativa fue espiar a la familia de la víctima). El juez federal de Morón Juan Manuel Salas mantiene el secreto del sumario mientras avanza en la obtención de pruebas, que le permitirían dejar de lado la cómoda hipótesis de un accidente de tránsito y confirmarían lo que la mamá Mónica Alonso y la hermana Vanesa Orieta sostuvieron desde el primer momento, sobre la responsabilidad policial en la muerte de Luciano. El estudiante que conducía el auto que lo atropelló declaró que Luciano “corría desesperado” y “parecía que estaba escapando”. El mismo juez Salas sobreseyó al dirigente sindical Rubén Sobrero por el corte de una autopista con un piquete durante el paro de una central en abril, aduciendo quienes ocupan el espacio público para que las autoridades los escuchen no deben ser sometidos a la acción penal que en ese caso criminalizaría “manifestaciones sociales pacíficas”.

© Escrito por Horacio Verbitsky el Domingo 02/11/2014 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo el contenido publicado es de exclusiva propiedad de la persona que firma, así como las responsabilidades derivadas.